Los fondos aprobados en el Senado de Brasil este miércoles para aumentar el salario de los profesores puede poner fin a la huelga que ya lleva 70 días en las universidades federales.
El propio gobierno ha puesto en tela de juicio el futuro de estas universidades, pese a que las mismas autoridades coinciden con los sindicatos del sector en que ofrecen la mejor enseñanza superior del país.
El ministro de Educación, Paulo Renato Souza, alimentó dudas sobre la sobrevivencia de las universidades pública, al afirmar que la forma actual de financiarla, básicamente por el presupuesto gubernamental, no continuará más allá de seis años.
La cantidad de alumnos universitarios creció 62 por ciento en los últimos seis años, pero dos tercios de esa expansión tuvo que ser absorbida por escuelas privadas, y la demanda tiende a crecer más acentuadamente, observó.
El aumento de la población universitaria se debe a que en ese lapso se duplicó el número de egresados de la enseñanza secundaria, a la que se incorporaron alumnos de más bajos ingresos que necesitan ayuda financiera cursar esos estudios, explicó Souza.
Pero Antonio Ponciano Bezerra, uno de los directores del Sindicato Nacional de Docentes de Instituciones de la Enseñanza Superior (Andes), salió al cruce de esas declaraciones señalando que «es terrorismo de ministro» decir que está amenazado el futuro de la universidad pública en Brasil.
Las universidades federales, reconocidas como las mejores incluso por las pruebas de evaluación instituidas por el mismo ministro Souza, «sobrevivieron a la dictadura militar», de 1964 a 1985, y sólo necesitan una política educacional seria, «que el actual gobierno no tiene», dijo Bezerra a IPS.
Souza no puede hacer previsiones, ya que el gobierno que integra termina su mandato a fines de 2002 y los próximos gobernantes podrán alterar las políticas y conceder mayor prioridad a la educación, fortaleciendo la escuela pública con más recursos, señaló.
Sin embargo, la crisis en las instituciones mantenidas por el gobierno central se acentuó en los últimos años.
Esta es la cuarta huelga de profesores en seis años, y la anterior llegó a superar los 100 días, aunque con menor adhesión que la actual.
Andes, que comanda la protesta, informó que esta vez están paralizadas, aunque parcialmente, las actividades en 49 de las 53 instituciones federales, entre universidades y escuelas terciarias, donde asisten más de 400.000 alumnos y cuentan con 53.500 profesores.
Brasil tiene 2,3 millones de estudiantes universitarios distribuidos en 1.200 instituciones y 8.800 cursos de graduación, según las estadísticas del Ministerio de Educación.
La educación pública comprende a los centros federales y también a las universidades dependientes de los gobiernos estaduales y algunos municipales.
La huelga de este año comprendió también a los funcionarios no docentes de las universidades federales, que levantaron la protesta tras ser atendidos sus reclamos.
Los profesores reclaman un aumento salarial de 75 por ciento, en atención a la inflación de los últimos siete años en que sus sueldos no fueron corregidos, como ocurre con el resto de los funcionarios federales.
Además piden la contratación de nuevos profesores, recursos para investigación y otras mejoras laborales.
«Estamos abiertos a la negociación, la huelga terminará cuando tengamos garantías documentales» de respuesta a los reclamos, apuntó Bezerra, un profesor de Sergipe, en el nordeste del país.
Bezerra, sin embargo, indicó que la vuelta a clases tardaría igual unas semanas debido a que las propuestas de solución deben ser discutidas en asamblea en cada centro.
La amenaza de pérdida del semestre educativo, debido a la huelga prolongada, es otro terrorismo sin fundamento, según Bezerra.
«Los estudiantes nunca perdieron un semestre, incluso en las huelgas más prolongadas, de más de 100 días», porque los profesores renuncian a sus vacaciones para reponer clases, aseguró el director de Andes.
La secretaria de Enseñanza Superior, Maria Helena de Castro, confía en la recuperación de las universidades federales, considerando viable su reforma el próximo año, con aprobación de autonomía administrativa para cada institución.
Castro dijo que, en esa reestructura, el costo de los profesores y funcionarios jubilados son un gran obstáculo.
Más de 40 por ciento de los gastos salariales de las universidades se destinan a los «inactivos», como se les llama a los funcionarios públicos en Brasil tras el retiro, que siguen recibiendo el mismo sueldo de sus colegas activos.
Una reforma para asegurar autonomía y sustentabilidad financiera no podrá mantener tales condiciones de jubilación para los nuevos funcionarios y profesores, sentenció Castro.
Para Bezerra, ese problema fue provocado por otra «política desastrosa» del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que, al promover cambios en el sistema de previsión social, provocó el temor de pérdida de derechos, lo cual llevó a que muchos profesores se jubilaran antes de lo aconsejado.
«Yo soy profesor hace 42 años y podría jubilarme, pero no lo hice. En cambio, otros más jóvenes no resistieron», explicó.
Por esa razón hoy faltan muchos profesores en las universidades federales, agravando así la crisis, concluyó Bezerra. (FIN/IPS/mo/dm/ed/01
