Asesinatos y atentados conmueven la frontera septentrional de Ecuador, frecuente escenario de actos de violencia relacionados con la guerra civil en Colombia.
Los ataques son atribuidos a rivalidades políticas entre sectores de izquierda y de derecha de la provincia amazónica ecuatoriana de Sucumbíos y al aumento de la violencia por la aplicación del Plan Colombia, antidrogas y de desarrollo de ese país.
Cinco personas atentaron a balazos el sábado contra el domicilio del intendente de policía de Sucumbíos, Carlos Morla Murillo, a quien le advirtieron en una nota que sería asesinado si no abandonaba la zona. Pero Murillo anunció que no saldrá de la provincia.
A ese atentado se sumaron otros con explosivos y nuevos asesinatos, más de 100 desde enero, según la policía.
El comandante general de la policía de Sucumbíos, coronel Víctor Morales, responsabilizó de los ataques al grupo denominado Combatientes Amazónicos Revolucionarios (CAR), al que identificó con la leyenda «Pueblo, conciencia y fusil» pintada en las calles de la capital provincial, Nueva Loja.
Por su parte, el jefe de la policía judicial de Sucumbíos, teniente Plácido Enríquez, informó que los CAR reivindicaron la colocación de tres bombas para esparcir octavillas, detonadas el domingo en municipios cercanos a Nueva Loja y en Coca, capital de la vecina provincia de Orellana.
En los papeles se señalaba a los diputados derechistas Eliseo Azuero, de Sucumbíos, y Estuardo Hidalgo, de Orellana, como «autores intelectuales de los atentados contra la vida» de «líderes populares que siempre los han enfrentado», dijo Enríquez.
Los actos de violencia tienen origen «político o son en represalias por la función que cumplen», aseguró el presidente de la Cámara de Comercio de Sucumbíos, Nicolás Luca, en coincidencia con Marcelo Merlo, ministro de Gobierno (Interior) de Ecuador.
Merlo añadió que «la situación está bajo control y que se ha decidido investigar en profundidad y reforzar la seguridad con presencia policial y militar».
Sin embargo, dirigentes del indigenista Movimiento Pachakutik indicaron que la supuesta aparición de los CAR puede tener relación con el atentado ocurrido el 3 de este mes contra el prefecto (gobernante provincial) de Sucumbíos, Luis Bermeo, de ese grupo izquierdista.
Bermeo fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una moto, quienes lanzaron una granada contra su automóvil, que rebotó y cayó cerca de los atacantes hicieron a uno de ellos mientras el otro escapó.
La persona herida, que fue internada en el hospital de Nueva Loja en estado grave, es de nacionalidad colombiana y vinculada a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de derecha. Horas después fueron capturados otros tres presuntos implicados en el caso.
Posteriormente, Bermeo presentó la denuncia penal por la agresión, en la que acusa a opositores políticos de derecha que, según el prefecto, «estarían intentando» amedrentarlo «por su oposición al Plan Colombia y a la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados» por pasar «demasiado cerca» de la ciudad.
Una de las personas mencionadas en la denuncia de Bermeo es Azuero, por lo que la aparición de los CAR podría tratarse de un montaje para desviar la atención de la investigación de la justicia, aseguraron portavoces de Movimiento Pachakutik.
Mientras, Bermeo prestará testimonio sobre la agresión este miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso legislativo.
El presidente de la Comisión, Bolívar Sánchez, se manifestó preocupado por la inadecuada protección de Bermeo y ante la lentitud en la investigación del atentado.
«Es demasiado casual que en los panfletos se ataque a personas denunciadas por Bermeo. Luego dirán que ese supuesto grupo fue instigado por él. Por eso hay que estar alertas para que no se tergiversen los hechos», dijo el coordinador nacional del movimiento, Miguel Lluco.
«Bermeo fue víctima de un ataque con granada y afortunadamente salió ileso, per esto no puede quedar impune, como quedan todos los crímenes contra los líderes sociales. Exigimos del gobierno de Gustavo Noboa que investigue y sancione a los culpables», declaró.
Para Lluco, el atentado es consecuencia del clima de violencia que afronta zona fronteriza debido al apoyo de Ecuador al Plan Colombia, que cuenta con asistencia especial de 1.300 millones de dólares de Estados Unidos.
El coordinador del Movimiento Pachakutik también puntualizó que en la zona se mueven grandes intereses alrededor de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados.
«Esos intereses están detrás de quienes buscan la destitución de Bermeo por oponerse a que el caño transportador de petróleo pase por la ciudad. Esperemos que esos intereses no estén detrás del atentado», agregó.
Lluco espera que Bermeo no corra la misma suerte que Máximo Abad, del izquierdista Movimiento Popular Democrático, quien fue destituido de su cargo de alcalde de Nueva Loja, hace dos meses, por oponerse a la construcción del oleoducto, desconociendo la posición en contrario de la mayoría de los concejales.
Abad apeló la medida ante la prefectura, que es la instancia superior, pero todavía no se ha emitido fallo al respecto.
La violencia en la frontera colombo-ecuatoriana ha crecido en el último año. En julio, un grupo supuestamente de las AUC atacaron un cuartel de la policía en Nueva Loja, dejando como saldo dos policías y un civil muertos.
Un grupo de personas encapuchadas, que se identificaron también como paramilitares colombianos, se apoderaron tres meses antes de seis camionetas que realizan el servicio de taxis rurales en una zona cercana a la capital de Sucumbíos.
En febrero, varias comunidades indígenas cercanas a Nueva Loja fueron amenazadas también por las AUC.
El jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Miguel Saona, justificó los atentados en la frontera por la merma en la vigilancia debido a la falta de recursos.
Los militares se han quejado del presupuesto militar, pues lo consideran insuficiente para defender la frontera, sobre todo desde que el parlamento eliminó las regalías que recibían de empresas petroleras que actúan en la zona.
Los atentados se producen una semana después de que 26 países y organismos internacionales comprometieron la entrega de 266 millones de dólares a Ecuador, para proyectos de desarrollo en la frontera con Colombia.
Pero ese dinero no puede ser utilizado para actividades militares, según establecieron los donantes.
«La totalidad de los fondos será utilizada para el desarrollo preventivo y alternativo de la región, a través de la mejora de la infraestructura y de programas agrícolas, agroindustriales y de pesca», explicó el canciller Heinz Moeller.
Moeller añadió que para la seguridad en la zona fronteriza se harán nuevos pedidos de ayuda a Estados Unidos y a la Unión Europea. (FIN/IPS/kl/dm/ip/01
