El gobierno de México dijo este viernes que el «injusto» programa de certificación antidrogas de Estados Unidos llegó a su fin, luego de que el Senado de ese país aprobara un proyecto para supenderlo por un año.
El canciller mexicano Jorge Castañeda consideró que «esto (la suspensión) ya significa el fin de la certificación» y que la decisión adoptada el miércoles por el Senado es consecuencia de las gestiones del presidente Vicente Fox ante su par estadounidense George W. Bush y ante el Congreso de ese país.
La moratoria por un año de la investigación que comprueba la colaboración de una serie de países con la lucha de Estados Unidos contra las drogas aún debe ser aprobada por la Cámara de Representantes.
El Departamento de Estado evalúa cada año la cooperación de los demás países con el combate de Estados Unidos contra las drogas y de la calificación posterior depende la futura asistencia financiera o la aplicación de sanciones económicas.
Este proceso ha sido criticado por múltiples naciones y organismos internacionales, que entienden debe ser eliminado, pues es ejercido de forma unilateral y por el país mayor consumidor de drogas del planeta.
México, que había solicitado que la suspensión del proceso de certificación fuera por tres años, igual consideró que aunque sea uno es muy importante, pues da tiempo «para llegar a un acuerdo más equitativo, más definitivo y más amplio», expresó Castañeda.
La medida, en caso de ser confirmada por la cámara baja, suspenderá la calificación de los países, pero no la obligación del gobierno de Bush de reportar al Congreso su evaluación sobre el comportamiento de los países en torno al combate contra los estupefacientes.
En ese informe anual se indican los resultados obtenidos respecto de la erradicación de cultivos de drogas, extradiciones de narcotraficantes, confiscaciones de bienes y de lavado de dinero procedente de esa actividad ilícita.
Castañeda indicó que, si el «nuevo multilateralismo del presidente Bush, que hemos visto después (de los atentados terroristas) del 11 de septiembre, se mantiene y consolida, «será más fácil ponerse de acuerdo sobre un proceso de evaluación antidrogas justo y equitativo».
El aparente ostracismo de Bush en política internacional dio un giro hacia la búsqueda de apoyo multilateral, luego de los ataques que destruyeron el World Trade Center de Nueva York y parte del Pentágono, sede del Departamento de Defensa, en Washington.
En materia de lucha contra el narcotráfico, América aplica desde hace un año una evaluación multilateral y no punitiva, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El mecanismo, que fue aprobado en repuesta a la certificación de Estados Unidos, es también aceptado por ese país.
Para el canciller mexicano, el proceso de certificación antidrogas de la OEA es adecuado, pero habría que trabajar en otro aún más efectivo.
Sin embargo, no es fácil, pues se trata de definir un sistema de «normas iguales para desiguales», y la desigualdad se explica por el alto poder de presión que tiene Estados Unidos sobre otros países, comentó.
Washington otorgó este año a América Latina, salvo Haití, la certificación anual necesaria para evitar posibles sanciones económicas, tras evaluar que había cooperado plenamente con la guerra antidrogas en 2000.
No obstante, el informe divulgado en marzo señaló que el cultivo de coca creció 11 por ciento el año pasado en Colombia, y que la lucha contra las drogas en Afganistán, Birmania, Camboya y Haití no cumplió con lo esperado por Estados Unidos.
Bush ha declarado que estaría de acuerdo en eliminar la certificación antidrogas que realiza su país, pero aclara que mientras existan normas que lo obliguen, mantendrá el proceso.
Según la ley de «control, educación y coerción contra las drogas», vigente desde mediados de los años 80 en Estados Unidos, la certificación debe ser realizada por el gobierno de ese país.
México, por donde cruza gran parte de la droga que se consume en Estados Unidos, nunca ha perdido su certificación en materia de lucha antidrogas, hecho que observadores atribuyen a la sociedad y los intereses comerciales entre los dos países.
En los últimos años, la desertificación ha sido reservada en especial a países con los que Washington mantiene relaciones limitadas, como Afganistán, Irán y Siria. (FIN/IPS/dc/dm/ip/01