La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, aseguró este lunes que seguirá de cerca las medidas que adopten los gobiernos contra el terrorismo, por temor a restricciones a las libertades individuales.
Robinson, de visita en Uruguay, aclaró que respetaba las resoluciones del 28 de septiembre del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir el terrorismo, pero expresó preocupación por el eventual impacto de las decisiones en los derechos humanos.
La alta comisionada mostró reservas sobre las resoluciones, porque no dieron una definción concreta de «terrorismo» y «actos terroristas», y exhortaron a los países a no permitir el ingreso de refugiados que puedan estar vinculados a atentados.
«Mi preocupación es que los gobiernos introduzcan leyes represivas, limiten el derecho de expresión, hagan detenciones preventivas y excluyan a algunos sectores de la sociedad», dijo Robinson, quien trabajará con organizaciones de cada región del planeta para vigilar la aplicación de las resoluciones.
La visita de Robinson ocurre menos de una semana después de que los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay acordaran en Montevideo la creación de un banco de datos y mecanismos para agilizar el intercambio de información sobre grupos terroristas.
Argentina, Brasil y Paraguay fortalecieron la seguridad en la llamada triple frontera luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos advirtiera la presencia de supuestos grupos extremistas islámicos en la paraguaya Ciudad del Este.
Agentes de la Fuerza de Operaciones de Policía Especializada paraguaya, con el rostro cubierto y armados a guerra, detuvieron el mes pasado a 16 ciudadanos de origen árabe en la localidad de Encarnación, fronteriza con Argentina, por portar documentos falsos.
El Departamento de Estado (cancillería) estadounidense señaló días atrás que la triple frontera era una de sus dos prioridades en el frente latinoamericano de la lucha antiterrorista, junto al conflicto colombiano, e instó a fortalecer los controles.
El temor a los atentados aumentó en la región el viernes, cuando el ministro de Salud argentino Héctor Lombardo confirmó que una prueba realizada en Buenos Aires a un sobre procedente de Miami reveló la presencia de la bacteria de ántrax (carbunco), aunque la mujer que lo recibió no presentaba síntomas de la enfermedad.
Mientras, las autoridades sanitarias brasileñas investigaban un segundo posible caso de la enfermedad en la corresponsalía en Río de Janeiro del periódico estadounidense The New York Times, que finalmente fue descartado.
El fin de semana, el FBI admitió que podría utilizar métodos «duros» para obtener información de sospechosos, debido al lento avance de las investigaciones sobre los atentados con correspondencia contaminada con ántrax.
«Estamos llegando al punto en que podríamos usar ciertas presiones», dijo un alto funcionario al periódico The Washington Post.
Robinson inaugurará esta semana en Montevideo el «Taller Subregional sobre la Aplicación de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos», que contará con la presencia de legisladores y jueces de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y de organizaciones no gubernamentales.
Antes tiene previsto reunirse con el presidente Jorge Batlle, con el canciller Didier Opertti y con miembros de la Comisión para la Paz, que investiga decenas de desapariciones forzadas durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
Robinson, presidenta de Irlanda entre 1990 y 1997, opinó que la respuesta de Washington contra la red terrorista Al Qaeda, del líder extremista saudita Osama bin Laden, y contra el movimiento islámico Talibán, que controla 95 por ciento de Afganistán, era «muy medida».
«Era obvio que los terribles ataques del 11 del septiembre (contra Nueva York y Washington) iban a derivar en una represalia, no sólo de Estados Unidos, sino de toda una coalición internacional. La acción ha sido muy medida. Washington apela a la máxima cooperación para detener a los responsables», destacó.
Sin embargo, expresó su temor por el futuro de los civiles afganos, que «ya vivían una terrible situación humanitaria antes del 11 de septiembre» y están ahora expuestos a la campaña militar lanzada por Estados Unidos y al recrudecimiento de combates entre el Talibán y la Alianza del Norte.
«En nuestra oficina analizamos las terribles masacres que ocurrían a diario contra los ciudadanos afganos, tanto por el Talibán como por la opositora Alianza del Norte. Lamentablemente, cuando hay un cambio de territorio, los civiles son los que sufren», señaló.
«Tiene que quedar claro que si la Alianza del Norte toma Kabul, no deben haber matanzas, no habrá impunidad», adviritó.
Robinson informó que la semana pasada dialogó con autoridades del Departamento de Estado estadounidense, que «está también muy preocupado» por los civiles afganos. Así mismo, mantuvo un encuentro en Nueva York con organizaciones humanitarias internacionales.
«Voy a seguir haciendo pública mi inquietud, porque la situación (en Afganistán) es muy preocupante», afirmó. (FIN/IPS/rp/ff/hd ip/01