El gobierno de India impuso por decreto medidas antiterroristas similares al contenido de una ley derogada hace seis años por el parlamento por restringir las libertades civiles.
La nueva norma, aprobada por decreto, provocó airadas protestas de activistas de los derechos humanos.
La derogación en 1995 de la Ley sobre Terrorismo y Actividades Subversivas fue celebrada por grupos de defensa de los derechos humanos, debido a los abusos cometidos en áreas de insurgencia separatista como Punjab, Cachemira y los turbulentos estados del noreste en base a esa ley.
Los intentos de reemplazarla por la Ley de Enmienda del Derecho Penal fracasaron debido a la férrea oposición de grupos como la Unión Popular de Libertades Civiles (PUCL) e incluso la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, un organismo estatutario.
Aun la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los intentos de reintroducir capítulos de la ley antiterrorista contrarias al Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, del cual India es signataria.
Pero el martes, el gobierno encabezado por el derechista Bharatiya Janata Party (Partido Nacionalista Hindú) aprobó repentinamente por decreto la Ordenanza sobre Prevención del Terrorismo, que contiene disposiciones similares.
Cualquier detenido en virtud del nuevo decreto se encontrará a merced de funcionarios del Poder Ejecutivo y de la policía, y no de un organismo judicial, como exigen las normas internacionales sobre derechos humanos, advirtió Rajindar Sachar, ex jefe de justicia de la Alta Corte de Delhi y activista de la PUCL.
El decreto se asemeja a las Normas de Defensa de India aprobadas por el gobierno colonial británico durante la segunda guerra mundial, en cuanto a que un detenido no puede ser liberado bajo fianza a menos que el tribunal tenga motivos para creer que es inocente.
Esto viola el artículo 9 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, «el cual dispone que la detención previa al juicio no debe ser la norma, y que la liberación temporal puede condicionarse a garantías de comparecencia para el juicio», observó Sachar.
Activistas de los derechos humanos también cuestionaron una sección de la nueva ordenanza que vuelve admisibles en un juicio las confesiones realizadas a la policía.
«La experiencia indica que si la policía y las fuerzas armadas obtiene poderes extraordinarios, tienden a abusar de ellos», dijo Prashant Bhushan, abogado y activista de los derechos humanos.
Bhushan también cuestionó la utilidad de los poderes especiales en la lucha contra el terrorismo.
«No se puede detener a una persona que está dispuesta a morir por su causa», dijo.
Según Bhushan, las leyes existentes son más que suficientes para hacer frente al terrorismo, siempre que sean aplicadas adecuadamente. En cambio, el nuevo decreto otorga poderes ilimitados al Poder Ejecutivo y a la policía, que tiene antecedentes cuestionables, señaló.
Pero P.N. Ghatate, miembro de la Comisión Jurídica de India, negó que la nueva norma otorgue esos poderes ilimitados y observó que hay muchas salvaguardas contra los abusos.
«Un funcionario hallado culpable de abuso debe presentar una declaración jurada sobre el arresto en cuestión y puede ser condenado a dos años de prisión», dijo Ghatate.
En lugares como Cachemira, el único estado indio de mayoría musulmana, que ya fue causa de dos guerras con el vecino Pakistán, las normas aplicables son leyes de guerra.
«El derecho internacional permite disparar a cualquier persona armada que cruce la frontera», señaló.
K.P. Gill, ex jefe de policía de Punjab, también consideró que no hay otra forma de enfrentar a los mercenarios extranjeros que actúan en el territorio nacional.
«El fundamentalismo religioso, las armas en manos de inescrupulosos y las cortes liberales han creado una situación muy peligrosa», afirmó Gill, a quien se atribuye una sangrienta represión de militantes de la secta hindú sij en Punjab, a comienzos de los años 90.
«Aquellos que hablan de derechos humanos deben observar lo que pasa en Jammu y Cachemira, donde los terroristas han matado a miles de personas y donde el sistema legal no ha logrado combatir al terrorismo», instó N.N. Vohra, ex ministro del Interior.
Los opositores de las nuevas normas contra el terrorismo podrían ser acusados de actitud antipatriótica, advirtió Sachar.
El 1 de octubre, un escuadrón suicida del grupo Jaish-e- Mohammed atacó el edificio de la asamblea estadual de Srinagar y mató a 39 personas. El primer ministro Atal Bihari Vajpayee advirtió que habría drásticas represalias.
«Es precisamente en estas crisis que la nación no debe perder la fe en los valores básicos de la libertad y la democracia», destacó Sachar. (FIN/IPS/tra-en/rdr/js/mlm/hd/01
