El Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró preocupación por la gran cantidad de denuncias de racismo presentadas contra la policía de Gran Bretaña y propuso cursos de formación sobre derechos humanos para enfrentar los hechos.
El presidente del Comité, Prafullachandra Bhagwati, de India, lamentó que los prejuicios raciales demoren tanto en desaparecer de Gran Bretaña.
Un estudio de las autoridades británicas reconoce que las personas que no son blancas afrontan un riesgo cinco veces mayor de ser detenidas e investigadas por la policía, agregó Bhagwati.
La situación en Gran Bretaña, Irlanda del Norte y sus territorios de ultramar fue examinada esta semana por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), integrado por 18 expertos independientes elegidos por los gobiernos.
La finalidad del Comité es verificar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los 140 Estados que ratificaron ese tratado.
El informe presentado por la jefa de la delegación británica, Joan MacNaughton, declara la voluntad del gobierno de encarar el problema de la escasa representatividad de las minorías étnicas en la vida pública del país.
Sólo 12 de los 659 miembros del parlamento británico pertenecen a minorías étnicas. En el ejército, esos grupos constituyen apenas dos por ciento de los efectivos.
Las autoridades manifestaron también su compromiso de promover la igualdad de género y refirieron que el número de mujeres en las funciones públicas aumentó 10 por ciento desde 1991.
El porcentaje de mujeres entre los funcionarios sigue siendo inferior al de hombres, aunque la diferencia tiende a reducirse, afirmó MacNaughton.
Baghwati puntualizó que Gran Bretaña no ha incorporado a su legislación todos los derechos consagrados por el Pacto. En el caso de los territorios de ultramar, ninguna de las disposiciones de ese tratado figura en el derecho interno.
Gran Bretaña, una de las más grandes potencias de la era colonial, mantiene aún dominio sobre nueve posesiones de ultramar: Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falklands), Gibraltar, Montserrat, Pircairn, Santa Elena e Islas Turcas y Caicos.
Con relación a las islas Chagos, en el oceáno Indico, el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Henry Steel, dijo que en 1965 se decidió reservar ese archipiélago con fines de defensa para Gran Bretaña y Estados Unidos.
Los habitantes de esas islas, en total unos 2.000 asalariados de las compañías productoras de copra, fueron desplazados hacia los territorios de Mauricio y de las islas Seychelles.
Su retorno a las Islas Chagos quedó prohibido por una ley británica de 1971, explicó Steel en respuesta a una pregunta del experto Martin Scheinin, de Finlandia.
Un fallo reciente de un tribunal británico declaró la ilegalidad de esa prohibición. Steel dijo que los ex habitantes de las Chagos o sus descendientes pueden volver al archipiélago, excepto a la isla principal, Diego García, un lugar «en extremo sensible por razones de defensa», dijo el funcionario.
Durante la guerra fría, la isla Diego García se convirtió en un apostadero estratégico de las flotas de guerra de Estados Unidos y Gran Bretaña. De esas bases parten algunos de los ataques que la coalición encabezada por esos dos países lanza desde el 7 de este mes contra Afganistán..
Con relación a los nueve territorios de ultramar, Steel indicó que la pena de muerte ha sido abolida en todos menos en las islas Turcas y Caicos, donde todavía rige para delitos de piratería y traición.
En la isla de Montserrat, sacudida por graves erupciones volcánicas entre 1995 y 1997, no fue necesario declarar estado de emergencia, que autoriza la suspensión de las cláusulas constitucionales y, en consecuencia, de las obligaciones que surgen del Pacto.
Respecto al tema de la libre determinación de los territorios, Steel sostuvo que Gran Bretaña invitó a los gobiernos de las nueve posesiones a revisar sus constituciones.
El funcionario dijo que para Gibraltar, el gobierno británico está dispuesto a aceptar cualquier propuesta, siempre que no socave las obligaciones de Londres a cumplir con los tratados internacionales.
En el caso de la formación y educación sobre derechos humanos en los territorios, Steel dijo que algunas de esas posesiones, como Islas Malvinas y Santa Elena, tienen administraciones pequeñas y poblaciones muy reducidas como para poner en práctica esas políticas que aconseja el Comité de la ONU.
Sobre las observaciones de miembros del Comité respecto de restricciones a los derechos de residencia, de comercio y de herencia que se aplican en Malvinas contra ciudadanos de Argentina, Steel negó que la existencia de esas trabas.
Aceptó que los argentinos son sometidos a inspección para el otorgamiento de residencia, aunque afirmó que los británicos reciben el mismo trato. La constitución de las islas define quienes son las personas amparadas por un estatuto que les permite residir en ese territorio.
El derecho de propiedad en las Malvinas está reglamentado por una ley de 1999 que exige una autorización especial para la adquisición de tierras en el lugar, excepto para los residentes.
Con relación al comercio, el gobierno de la isla prohibe el intercambio directo entre el archipiélago y Argentina, debido a la posición de Buenos Aires respecto a la autodeterminación de las Malvinas, alegó Steel.
Argentina reivindica la soberanía sobre las Malvinas desde hace más de 150 años, cuando fueron ocupadas militarmente por la corona británica. La última dictadura argentina (1976-1983) intentó recuperarlas por la fuerza en 1982, pero fue derrotada por efectivos británicos. (FIN/IPS/pc/mj/hd/01
