Familiares de los desaparecidos organizan para este martes en Chile un acto político y cultural con la participación central de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y del rockero argentino Charly García, mientras esperan una resolución judicial que podría reabrir el proceso al ex dictador Augusto Pinochet.
El encuentro, en el Estadio Nacional de Santiago, será la culminación de la «Caravana por la Vida y la Justicia», iniciada a fines de septiembre con motivo del 28 aniversario de la «caravana de la muerte», la misión militar que en 1973 recorrió varias ciudades de Chile asesinando a prisioneros políticos.
La manifestación, en que se espera reunir a unas 60.000 personas, planteará que se reabra el proceso al ex dictador Pinochet (1973- 1990), como inductor de los 57 homicidios y 18 secuestros cometidos por la «caravana de la muerte», dijo este lunes Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos (AFDD).
El proceso a Pincohet fue cerrado en julio por la Corte de Apelaciones de Santiago, con base en una supuesta demencia vascular moderada del ex gobernante de 85 años, según un controvertido informe de médicos forenses.
La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse durante noviembre ante un recurso de casación (anulación) de ese fallo, presentado por los abogados acusadores. Estos alegan irregularidades del tribunal de apelaciones al favorecer a Pinochet con disposiciones de una reforma penal que en julio aún no regía en la región Metropolitana (Santiago).
«El Poder Judicial debe darse cuenta de que está frente a una gran responsabilidad. Apostamos a que se haga justicia. Pinochet no está ni loco ni demente», señaló Díaz.
La presidenta de la AFDD puntualizó que, aún si se mantiene la absolución del ex dictador, el juez Juan Guzmán debe seguir adelante con el proceso al general Sergio Arellano, el brigadier Pedro Espinoza y a otros oficiales y suboficiales retirados del ejército que integraron la caravana de la muerte.
La «Caravana por la Vida y la Justicia» partió el 30 de septiembre desde el Estadio Nacional, el mayor coliseo deportivo chileno, que sirvió de campo de detención luego del golpe de Estado que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al socialista Salvador Allende.
Al mediodía de este lunes se descubrió en el frontis del Estadio Nacional una placa de homenaje a los prisioneros políticos que fueron asesinados en ese lugar.
La manifestación de este martes será igualmente un llamado a la paz mundial, ante la crisis internacional generada por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington y por los ataques de represalia contra Afganistán que Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron el 7 de este mes.
«Nosotros siempre hemos sido contrarios al terrorismo. En nuestro país hubo terrorismo de Estado y todos los que fuimos considerados enemigos de la dictadura sufrimos las consecuencias directas durante 17 años», comentó Díaz.
«Estamos en contra de cualquier tipo de terrorismo. Creemos que no se le puede amparar en ninguna parte, pero tampoco podemos aceptar que se atente contra un pueblo, como estamos viendo día a día en los bombardeos contra Afganistán», agregó la dirigenta humanitaria chilena.
La «Caravana por la Vida y la Justicia» siguió el mismo itinerario de la «caravana de la muerte», por las ciudades de Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Cauquenes, en el sur del país.
Cumplida esa primera fase, la caravana recorrió en el norte de Chile las ciudades de La Serena, Copiapó, Antofagasta, Calama, Iquique y Arica, además de visitar la vieja oficina salitrera de Chacabuco, que sirvió también de campo de prisioneros políticos.
En todo el recorrido, los activistas de derechos humanos fueron acompañados por grupos musicales chilenos, como Sol y Lluvia, Illapu y Mamma Soul, que este martes actuarán en el Estadio Nacional junto a Charly García.
«Nuestra gira por todo Chile fue muy exitosa, con actos muy emotivos en que participaron en ocasiones hasta 5.000 personas, sobre todo jóvenes. Dejamos la semilla para crear asambleas de derechos humanos en cada localidad», dijo Díaz.
Durante la dictadura de Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se registraron 1.197 casos de desaparición forzada, incluyendo a 57 chilenos que en una operación de los aparatos represivos fueron dados por muertos en Argentina.
Díaz señaló que de ese total hubo 72 cuyos restos fueron encontrados durante la dictadura, pero las investigaciones respectivas fueron cerrados por aplicación de la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978.
Hubo otros 105 desaparecidos cuyos cadáveres fueron identificados tras el restablecimiento de la democracia, y pero tampoco en esos casos se ha hecho justicia hasta la fecha.
Por último, se han exhumado restos de otras 60 personas, que están todavía en proceso de determinación de su identidad mediante exámenes de ADN.
Según las últimas decisiones del gobierno del presidente Ricardo Lagos y del Poder Judicial, fueron nombrados nueve jueces con dedicación exclusiva para investigar los casos de desaparecidos aún no aclarados.
Otros 51 magistrados deben trabajar con «atención preferente» en esas mismas causas, según un cronograma que en ambos casos otorga plazos de tres meses, prorrogables a otros tres, para cerrar las investigaciones.
Días no descartó la posibilidad de una nueva prórroga de los plazos y que se deba destinar más recursos para seguir investigando la suerte de los casi 1.000 desaparecidos aún no hallados.
La dirigente advirtió que se requerirá mayor voluntad política, tanto del gobierno como del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, para avanzar en esta materia, luego de los frustrantes resultados de la mesa de diálogo sobre derechos humanos que sesionó entre agosto de 1999 y junio de 2000.
Las Fuerzas Armadas entregaron al término de esa mesa datos sobre el supuesto paradero de unos 200 desaparecidos, pero las investigaciones realizadas hasta ahora con base en esos informes no han tenido éxito, indicó Díaz. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/01
