El gobierno de Colombia lanzó este lunes un proyecto de ley para fortalecer los medios del Estado en la lucha contra guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha, que en una serie de ataques causaron la muerte a unas 60 personas el fin de semana.
El proyecto fue presentado en el Congreso legislativo por el ministro de Justicia, Gustavo Bell, y comprende una serie de medidas militares, judiciales, económicas y de inteligencia para luchar contra el «terrorismo».
En el proyecto, el gobierno confirma como «terroristas» a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que también figuran en la lista de Estados Unidos de organizaciones que utilizan el terrorismo para atacar el Estado.
El gobierno señaló al Congreso que «los grupos guerrilleros en Colombia durante las últimas décadas han apelado al uso indiscriminado de modalidades de acción terrorista».
El ataque a localidades, el desplazamiento de personas de sus hogares de origen, el secuestro y la destrucción de la infrestructura eléctrica y de petróleo, son acciones «terroristas» de guerrilleros y paramilitares «que han restringido la libertad de movimiento, de expresión, y de residencia» y causado «graves daños a la economía».
Las FARC y el ELN han perpetrado este año 104 masacres (asesinato de más de cuatro personas en un mismo lugar y momento) en los que han muerto 785 civiles, y 1.126 secuestros, 19 ataques a poblaciones y 3301 atentados contra la infraetestructura económica (torres de energía, gasoductos, oleoductos), según el gobierno de Andrés Pastrana.
Por su parte, las AUC han cometido 212 masacres, en las que murieron 749 civiles, y 184 secuestros, dos ataques a centros urbanos y nueve a la infrestructura económica.
El Poder Ejecutivo pidió recursos para las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial «para perseguir, contrarrestar y eliminar a quienes hacen parte de estas agrupaciones (terroristas)».
También solicitó facultades especiales para que los militares detengan preventivamente y sin orden judicial a los sospechosos de acciones terroristas.
Ligia Galvis, investigadora del programa radial «UN análisis», de la estatal Universidad Nacional, consideró esas atribuciones «peligrosas para la democracia».
Galvis dijo que en Colombia, los estatutos antiterroristas «nunca han cumplido el objetivo para el que han sido creados, como debe ser el combate al terrorismo», sino que se han convertido en «cortinas» para actuar contra disidentes.
Es necesario definir «en qué regimen político estamos y cuáles serán las características esécíficas del estatuto propuesto por el gobierno», señaló a IPS Marco Romero, de Paz Colombia, una iniciativa de la sociedad civil para la solución por medios pacíficos del conflicto armado.
Colombia «tiene un constitucionalismo dual, en el que se garantizan en el papel derechos, pero estos mismos derechos se restringen con figuras como el estado de sitio que han sido aplicadas sistemáticamente por todos los gobiernos, a excepción del actual», dijo Romero.
El estatuto antiterrorista que propone el Poder Ejecutivo contempla normas propias del estado de sitio, como la facultad a los militares para realizar detenciones sin orden judicial.
La presentación del estatuto estuvo precedida en el fin de semana por combates y ataques de la guerrilla y paramilitares en el noroeste y norte del país.
El gobernador del noroccidental departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, aseguró a la radioemisora Caracol que al menos 35 personas murieron en combates librados el sábado y el domingo por las FARC y el ELN contra las AUC en la zona rural del municipio de El Bagre.
Así mismo, Gaviria dijo que las AUC dieron muerte, también en el fin de semana, a 12 personas en la localidad de Alejandría, entre ellas una mujer y sus tres hijos de 11, 12 y 13 años.
Otros cuatro menores de edad de la comunidad indígena wayuu murieron al explotar en el septentrional departamento de La Guajira un tramo del gasoducto Ballenas, dinamitado al parecer por el ELN.
En el municipio El Peñol, de Antioquia, seis personas murieron al estallar una bomba colocada por el ELN en un edificio. Entre las víctimas se cuentan un policía y su hijo menor de edad.
Gaviria afirmó que se asiste en Antioquia al incremento de «la crueldad de los guerrilleros y paramilitares». En ese departamento, los guerrilleros dinamitaron también dos torres de transmisión de energía eléctrica, y ya son 165 las torres atacadas este año.
En el occidental departamento del valle del Cauca, el comandante de la división del ejército que opera en la zona, general Francisco Pedraza, aseguró que este lunes fueron asesinados seis campesinos por presuntos guerrilleros de las FARC.
Así mismo, el ELN, segundo grupo querrillero después de las FARC, anunció también este lunes el comienzo de un «paro armado», que incluye el bloqueo de rutas para el paso de vehiculos, personas y alimentos, en varios departamentos del norte. (FIN/IPS/yf/ff/ip hd/01
