El parlamento de Colombia suspendió este miércoles sus sesiones, en protesta por la violencia de guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha que en tres años se cobró la vida de seis legisladores, mientras otros seis están secuestrados.
El lunes fue asesinado en Bogotá el diputado Luis Colmenares, y esa misma tarde el gobierno destinó más de tres millones de dólares a mejorar la seguridad de los parlamentarios. Pero los congresistas piensan que no hay condiciones para desarrollar sus funciones.
"Nosotros recibimos con expectativa el compromiso. Puede ayudar a que no sigan asesinando a nuestros compañeros. Pero como van las cosas no hay posibilidad de hacer una democracia en este país", dijo a IPS Guillermo Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes.
El gobierno prometió dos escoltas y un vehículo blindado a cada legislador. "Eso no es suficiente. Hay que buscar acuerdos en las mesas de diálogo con los armados para frenar este baño de sangre", sostuvo Gaviria.
"En cualquier país del mundo, el Congreso (legislativo) es el pilar de la democracia", agregó. Solo 20 de los 161 diputados cuentan hoy con protección considerada adecuada.
Las fotografías de los seis parlamentarios secuestrados fueron puestas por sus pares en los escaños vacíos. Muchos temen que en los próximos días aumente este tipo de presencia virtual.
Las izquierdistas FARC, que participan en negociaciones de paz con el gobierno, anunciaron que utilizarán el secuestro de congresistas, militares y policías como presión para que se apruebe una ley que permita el canje de esos prisioneros por más de un centenar de guerrilleros presos.
La violencia política no es una novedad en Colombia, pero la inseguridad recrudeció en los últimos tiempos.
De los 1.095 municipios del país, más de 160 carecen de policía. Al menos 50 alcaldes gobiernan sus localidades sin residir en ellas, porque se lo impiden las amenazas de uno y otro bando.
"La arremetida de los violentos contra los mandatarios locales se mantiene, con asesinatos, secuestros y extorsiones", y los nuevos blancos son los "posibles candidatos al Congreso", afirmó Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios.
Las campañas, por ahora, se limitan a los centros urbanos, según los congresistas. Las amenazas cambiaron la forma de desarrollar las campañas políticas, pues antes los políticos trataban de visitar el mayor número posible de poblaciones.
"Las campañas tendrán que realizarse, en alto grado, a través de los medios de comunicación", aseguró el senador Samuel Moreno, del opositor Partido Liberal.
Algunos parten de la base de que les será imposible ingresar a determinadas zonas.
Los paramilitares que controlan localidades como Urabá y Puerto Berrio están confeccionado listas de candidatos al parlamento y se disponen a amenazar a los ciudadanos para que voten esas listas, aseguró el senador Jimmy Chamorro.
El legislador afirmó que existe una campaña de exterminio contra el Congreso, cuyos miembros carecen de "garantías para el ejercicio del derecho político".
Los dos últimos asesinatos de congresistas ocurrieron este mes. Las víctimas procedían de la nororiental provincia petrolera de Arauca, afectada desde hace 12 días por una huelga armada de las FARC.
Colmenares, quien estaba en goce de licencia, fue acribillado en Bogotá en el mediodía del lunes.
Las FARC y el frente paramilitar de derecha que combate en Arauca son sospechosos de haber ordenado el crimen, según los investigadores.
El también diputado Octavio Sarmiento fue asesinado el 1 de octubre en su hacienda en la población de TAME, también en Arauca. Se cree que los paramilitares lo mataron por su pasado como dirigente en la disuelta organización izquierdista Unión Patriótica, grupo surgido 1984 .
Luego del asesinato de Sarmiento, el Senado suspendió sus sesiones. La protesta cumplió una semana este miércoles. La Cámara de Representantes (diputados) estudiará este jueves, luego del sepelio de Colmenares, si se une a la protesta del Senado.
"La cámara solo ejercerá la función de control político hasta tanto el gobierno nacional adopte acciones concretas para garantizar la vida, honra y bienesö de los legisladores, indica una de las propuestas que se estudiarán.
En la lista de víctimas figuran dos presidentes de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes: Diego Turbay, asesinado junto a su madre y a tres personas más, y Jairo Rojas. Turbay habría sido asesinado por las FARC, y Rojas, por los paramilitares, según las investigaciones.
"Nadie se atreve a salir, todos están temerosos. No hay garantías ni en los cascos urbanos", dijo a IPS el diputado Gaviria.
El Congreso considera un proyecto de ley que permitiría a los ciudadanos elegir candidatos aun cuando se encuentren secuestrados. "Es la forma de enviar el mensaje de que no vamos a dejar que torpedeen la elección", dijo el autor de la iniciativa, William Sicachá.
El proyecto plantea que para la inscripción de listas no sea necesaria una solicitud escrita o verbal del interesado, como lo exige la ley.
El gobierno, a través del ministro del Interior, Armado Estada, considera peligrosa la iniciativa: "podría llevar a la legalización del secuestro", dijo.
Aunque se dice que los seis congresistas que permanecen en cautiverio están en manos de las FARC, solo hay certeza en uno de los casos: el de Oscar Lizcano, del gobernante Partido Conservador, capturado en agosto de 2000. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01)
