Una nueva fase del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las insurgentes FARC comenzó este lunes, con un acuerdo bilateral de cese del fuego como objetivo principal.
El aire de las negociaciones, iniciadas en 1998, se renovó cuando el gobierno prorrogó por tres meses la vigencia de la desmilitarización de la zona del sudeste colombiano donde se realiza el diálogo. El plazo de la desmilitarización expiraba en la medianoche de este lunes.
El presidente Andrés Pastrana anunció su decisión el domingo, un día después de que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) acordara con el gobierno comenzar a discutir «de inmediato» una tregua y el fin de los secuestros y otros actos contra la población civil.
Pastrana manifestó confianza en que el acuerdo de San Francisco de la Sombra firmado el sábado permita abrir pronto la discusión sobre la tregua, y en que la mesa de negociaciones ôestablezca un cronograma de trabajo» esta semana.
La tregua bilateral de seis meses, con posibilidad de prórroga, fue propuesta el 24 de septiembre por una Comisión de Notables (personalidades)
El cese de hostilidades obligaría a las FARC a dejar de reclutar menores de edad y a suspender los secuestros, las extorsiones, la toma de poblaciones, el uso de cilindros de gas propano como bombas y los ataques contra la infraestructura energética, vial y petrolera.
A su vez, el gobierno se comprometería a suspender durante la tregua la fumigación de cultivos ilícitos en predios de menos de tres hectáreas y a no permitir el secuestro de civiles.
Pastrana prorrogó la vigencia de la desmilitarización de los 42.000 kilómetros donde se desarrollan las negociaciones tras una semana de crisis en que numerosas voces pidieron que se impusieran condiciones a los rebeldes para recuperar la confianza en el proceso.
Las FARC han sido acusadas por organismos de seguridad de utilizar la zona de la que se retiró el ejército para fortalecerse militarmente, ocultar secuestrados por los que pide rescate y negociar con narcotraficantes.
Mientras organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch las responsabilizan de violaciones de derechos humanos en el área.
Pero la mayor presión contra la prórroga de la zona desmilitarizada se originó el 30 de septiembre, con el asesinato por parte de los rebeldes en el norte de Colombia de la ex ministra de Cultura Consuelo Araujo, secuestrada ocho días antes, cuando escapaban de un operativo militar.
Pastrana reiteró a los rebeldes que no vacilará en declarar el cese de la desmilitarización de la zona si no se la utiliza sólo para que se reúna allí la mesa a cargo de las negociaciones.
Además, el gobierno anunció que a partir de este lunes se incrementarán los controles de ingreso y salida de personas de los cinco municipios que integran la zona, y que se fortalecerá la seguridad a cargo del ejército alrededor del área.
Un guerrillero radicado en la zona desmilitarizada dijo este lunes a la radioemisora Radionet que la prórroga demuestra «que sigue en pie la búsqueda de la paz con justicia social».
En cambio, Fernando Uricochea, profesor de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que la desmilitarización se prorrogó porque no parecía haber condiciones en el gobierno para tomar una decisión distinta.
La mayoría de la población, según las encuestas, considera que las negociaciones son insatisfactorias y que no hubo avances significativos, pero la prórroga puede dar nuevo aire al proceso, agregó Uricochea.
La nueva prórroga se registra en un momento especial, debido a la cercanía de las elecciones previstas para el año próximo y a los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos, dijo Marco Romero, de la coalición de organizaciones no gubernamentales Paz Colombia.
En suelo colombiano operan tres de las 30 organizaciones que el Departamento de Estado (chancillería) de Estados Unidos calificó en su último informa de septiembre como «terroristas internacionales».
Las FARC, una de esas organizaciones, es blanco de los enemigos del proceso de paz, según los cuales hay que entablar «una gran cruzada contra el terrorismo, sin definir previamente a qué se le denomina terrorismo», dijo Romero.
Ante la magnitud de los ataques del 11 de septiembre, numerosos países respaldaron a Estados Unidos en lo que constituyó una legitimación de actos de guerra contra Afganistán.
Algunos analistas considera que Pastrana no tenía otra alternativa que prorrogar la zona desmilitarizada para darle un nuevo aire al proceso de paz.
Estas negociaciones fueron la principal oferta preelectoral de Pastrana, pero su gobierno no alcanzó un solo acuerdo respecto a los 12 puntos que contiene la agenda de negociaciones, y la beligerancia persiste mientras transcurre el diálogo.
Jaime Caicedo, uno de los tres miembros de la Comisión de Notables, dijo que con la prórroga se está ante un hecho coyuntural, pero importante: que en cierta manera «se dan las bases para continuar el proceso de paz», que responde al pedido de diferentes sectores sociales. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01)
