Las autoridades colombianas suspendieron este viernes el uso del principal oleoducto a causa un nuevo ataque de los guerrilleros, que este año han multiplicado sus atentados contra la infraestructura petrolera.
El último atentado fue el número 133 desde enero contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que transporta petróleo para la exportación de la compañía Occidental de Colombia desde los nororientales campos de Arauca hasta el Caribe, un trayecto de cerca de 700 kilómetros.
Los últimos dos episodios, el miércoles 10 y este jueves, fueron atribuido por los servicios de seguridad al Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda organización guerrillera de Colombia y el grupo armado irregular que más ataques ha realizado contra la infraestructura petrolera.
Una cantidad sin precedentes de atentados contra la infraestructura petrolera han sido perpetrados este año, con la consecuencia de pérdida de exportaciones por valor de 350 millones de dólares, señaló a IPS el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos, Alejandro Martínez.
Esa asociación reúne a 25 empresas privadas nacionales y extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de petróleo y gas natural y a la distribución mayorista de combustibles líquidos y lubricantes, que representan 99 por ciento de la producción ajena a la estatal Ecopetrol.
El miércoles se había reanudado el bombeo tras el atentado de la semana pasada, pero en menos de 24 horas de operaciones la red fue dinamitada de nuevo, lo que obligó a una nueva suspensión, informó el presidente de la compañía estatal Ecopetrol, Alberto Calderón.
Tras el ataque de la semana pasada, la suspensión fue suspendida por Occidental de Colombia, subsidiaria de la multinacional estadounidense Occidental Petroleum asociada a Ecopetrol y a cargo de la explotación del campo Caño Limón.
La firma esgrimió para su decisión, por segunda vez en el año, razones de «fuerza mayor», ante la imposibilidad de transportar el crudo por el tramo de oleoducto dinamitado en el departamento de Arauca.
La invocación de razones de «fuerza Mayor» le permite a Occidental de Colombia suspender los términos del contrato de asociación que tiene con Ecopetrol para la explotación del yacimiento, lo que significa que el tiempo que deje de producir se agrega a la finalización del acuerdo.
Así mismo, se evita que el país tenga penalizaciones adicionales por el incumplimiento en la entrega del producto a los compradores externos.
Martínez indicó que el oleoducto Caño Limón- Coveñas es la instalación más atacada de la infraestructura petrolera, primero por el ELN y en los últimos años también por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor organización insurgente del país.
Los ataques de los guerrilleros a la infraestructura petrolera comenzaron en 1986, cuando estaba aún en construcción el oleoducto Caño Limón-Coveñas, con el que Colombia se convirtió en exportador de hidrocarburos.
El campo de Caño Limón produce cerca de 110.000 barriles de 159 litros diarios, de cuyas utilidades, según el contrato, 85 por ciento corresponden a Ecopetrol y 15 por ciento a Occidental de Colombia. Se trata del principal campo después del de Cusiana, en el este, que produce casi 700.000 barriles diarios.
Además de los daños económicos, los atentados causan daños al ambiente por derramamiento de petróleo.
Ecopetrol calculó que entre 1986 y el primer semestre del 2001 la guerrilla dinamitó el oleoducto Caño Limón Coveñas 856 veces, causando el derramamiento de 2,6 millones de barriles de petróleo, 11 veces más que las pérdidas del buque Exxon-Valdés en 1989 en Alaska, una de las peores tragedias ambientales de la historia.
Colombia no es una potencia petrolera, pero las ventas de hidrocarburo representan la tercera parte del total de las exportaciones, que en 2000 fueron de 12.929 millones de dólares.
El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Moncada, afirmó que los atentados contra la infraestructura petrolera constituyen uno de los principales problemas de esta industria a corto plazo.
Colombia es competitiva en cuanto a los estímulos que brinda a los inversores del sector petrolero, pero la inseguridad llevó a que «entre 1996 y 2000 las inversiones en exploración pasaran de 2.600 millones de dólares a 700 millones», dijo Moncada.
Según fuentes de Ecopetrol que pidieron no ser identificadas, si los atentados a la infraestructura petrolera continúan y con ellos el desestímulo de los inversionistas, Colombia corre riesgo de convertirse en unos cinco años en importador de hidrocarburos.
Moncada afirmó que el cese de los atentados a la infraestructura petrolera debe ser parte de los acuerdos en las negociaciones con la guerrilla, cuyos ataques son expresión de protesta contra la política de asociación entre Ecopetrol y compañías multinacionales. (FIN/IPS/yf/mj/ip if/01
