El anunciado endurecimiento de Estados Unidos ante las organizaciones armadas de Colombia tendrá repercusiones en el proceso de paz que conduce el presidente Andrés Pastrana, advirtieron analistas independientes.
La embajadora de Washington en Bogotá, Anne Patterson, aseguró que su país pedirá la extradición de guerrilleros izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de paramilitares de derecha de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Estados Unidos «quiere enjuiciar a los miembros de los tres grupos (FARC, ELN y AUC) que están involucrados en narcotráfico y lavado de activos y buscará su extradición», dijo Patterson la semana pasada en dos intervenciones públicas.
La embajadora comparó a las FARC, la organización guerrillera más importante de este país, con los terroristas islámicos refugiados en Afganistán a los que responsabiliza de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.
Las FARC, el ELN, el segundo grupo guerrillero de Colombia, y las AUC, figuran en la lista de 30 organizaciones calificadas por Estados Unidos de «terroristas».
La declaración de Patterson anuncia una mayor presión estadounidense sobre los grupos armados colombianos, aunque aún hay señales contradictorias en la política de Washington respecto de este país, explicó Marco Romero, de la estatal Universidad Nacional.
«Existe una postura de desconocimiento de carácter político respecto de las FARC», que antes Washington no había evidenciado claramente, dijo Romero a IPS.
El gobierno de George W. Bush había confirmado en diversos foros su apoyo al Plan Colombia, de lucha antidrogas y desarrollo, que tuvo el beneplácito de su antecesor Bill Clinton, así como a las negociaciones de paz entre la guerrilla y Bogotá.
Romero opinó que las declaraciones de Patterson «pueden tener repercusiones muy complejas para el proceso de paz».
El anuncio de que Estados Unidos busca extraditar guerrilleros, a los que califica de terroristas, «quiere decir que en cualquier momento puede pretender, para mostrar resultados, capturar a un dirigente insurgente a nombre de cualquier causa para someterlo a la justicia», advirtió.
El experto consideró que clasificar a las FARC de terroristas también «hace más insegura la situación en la zona de distensión», el espacio de 42.000 kilómetros cuadrados del sudeste del país que fue desmilitarizado hace casi tres años para instalar la mesa de diálogo.
«En cualquier momento podrían bombardear» la zona desmilitarizada controlada por la guerrilla, según Romero, quien precisó que los organismos de seguridad han acusado a las FARC de utilizarla para negociar drogas y grupos no gubernamentales señalan que allí se cometen violaciones de los derechos humanos.
Por su parte, Alejo Vargas, miembro de la comisión de civiles que apoya la búsqueda de negociaciones con el ELN, señaló que Estados Unidos realiza «un lento viraje en los procesos de paz en el mundo y, en el caso colombiano, está endureciendo la posición y va a exigir resultados».
Para Vargas, el mensaje estadounidense que se transmite con declaraciones como la de su embajadora en Bogotá es que va a exigir a Pastrana avances en el proceso de paz, que no ha tenido mayores logros desde su inicio en enero de 1999.
Otros analistas políticos sostienen que todavía no hay mucha claridad respecto de lo que va a pasar con Estados Unidos, del proceso de paz y de la lucha antidrogas en Colombia.
Clinton, un año antes de concluir su mandato en enero, logró del Congreso estadounidense la aprobación de una asistencia de 1.300 millones de dólares para el Plan Colombia, que cumple con los parámetros de la lucha antidrogas de Washington, de atacar el problema básicamente en los países productores.
A esa ayuda, 80 por ciento de la cual es destinada a entrenamiento, inteligencia y pertrechos militares, Bush le adicionó 800 millones de dólares de la llamada Iniciativa Andina, que estudia el Congreso para repartir entre los países de la región vinculados a la lucha antidrogas.
No obstante, sectores políticos estadounidenses plantean revisar la Iniciativa Andina para atender el aumento de presupuesto que exige la campaña militar iniciada el día 7 contra Afganistán, la crisis económica, la eventualidad de nuevos atentados terroristas y la amenaza de guerra bacteriológica.
La reorientación de los objetivos militares de Estados Unidos, que habían estado centrados en el narcotráfico hasta los ataques del 11 de septiembre, dio pie para pensar que ese país alejaría su mirada sobre Colombia.
Sin embargo, Romero señaló que, como la guerra «contra el terrorismo que ha emprendido Washington es difusa y compleja», es posible que con el anuncio del posible pedido de extradición de guerrilleros y paramilitar colombianos «busque mostrar algún resultado ante quienes lo están presionando».
Parece que el fracaso en Afganistán va a querer ser compensado presionando en Colombia a «los grupos involucrados en terrorismo o narcotráfico», puntualizó.
La embajadora Patterson aseguró que 15 guerrilleros y paramilitares colombianos figuran en listas de organismos de seguridad presuntamente vinculados a este tipo de delitos.
El Derecho Internacional Humanitario define como terrorismo el acto de fuerza que se realiza por combatientes con la finalidad de aterrorizar al no combatiente.
En tanto el código penal de Colombia señala como terrorismo «los ataques indiscriminados contra la población civil cuya finalidad principal es aterrorizarla».
También indica que terrorista es quien «mantenga en estado de zozobra o terror a la población civil o un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro su vida». (FIN/IPS/yf/dm/ip/01
