El gobierno de Colombia anunció hoy que revisará el proceso de paz con las insurgentes FARC, que cayó a su punto más bajo con el asesinato el domingo de ex ministra de Cultura Consuelo Araujo, perpetrado por los guerrilleros.
El gobierno de Andrés Pastrana analizará esta semana las propuestas de una Comisión Asesora y las sugerencias del Frente Común por la Paz, para tomar una decisión sobre el rumbo del proceso, anunció el gubernamental consejero de Paz Camilo Gómez.
La Comisión Asesora está integrada por dos representantes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y uno del gobierno, y en el Frente Común participan candidatos presidenciales y delegados de organizaciones civiles, no gubernamentales y de empresarios.
El Frente Común por la Paz fue convocado el domingo por Pastrana tras conocerse la muerte de Araujo, esposa del procurador general (fiscal) Edgardo Maya, que el 24 de septiembre había sido secuestrada en el septentrional departamento de César por las FARC, junto con sus guardaespaldas y otras 30 personas.
Araujo fue asesinada por un insurgente de cuatro disparos por la espalda cuando el grupo guerrillero trataba de escapar con sus prisioneros de un cerco tendido por el ejército, según declaró uno de los guardaespaldas de la víctima tras recobrar su libertad.
El asesino de la ex ministra fue un guerrillero identificado por sus compañeros como Amaury, agregó.
El Bloque Caribe de las FARC, cuyos integrantes se atribuyeron el secuestro, emitió un escueto comunicado en que responsabilizó al ejército de la muerte de Araujo, pero no dio detalles sobre la circunstancias que rodearon el episodio.
El comandante del Bloque Caribe, identificado como Gabriel Angel, dijo en la declaración que «la actitud del ejército» de emprender un operativo de rescate «fue infinitamente irresponsable e insensata».
El guerrillero afirmó que, en su afán de «buscar el triunfo y los aplausos, terminó truncando la vida de la ex ministra».
El asesinato de la ex ministra polarizó las posiciones de algunos de los integrantes del Frente Común. Algunos pidieron suspender la negociaciones que Pastrana inició con las FARC en enero de 1999 y otros opinaron que el proceso debe ser redefinido.
«El país está muy preocupado no solamente por el asesinato de la ex ministra, sino por lo que esta sucediendo alrededor de las negociaciones con las FARC», dijo Luis Garzón, candidato a la Presidencia del izquierdista Frente democrático e integrante del Frente Común.
Garzón sostuvo que el país no puede seguir «desangrándose» con esta guerra, que ya lleva cuatro decenios, y que se debe insistir en el diálogo y en la búsqueda de una solución política.
Por su parte, Nohemí Sanín, del gobernante Partido Conservador candidata de un movimiento pluripartidista, pidió a Pastrana suspender de inmediato las negociaciones con las FARC, mientras el candidato del opositor Partido Liberal, Horacio Serpa, solicitó reglas más claras.
Pese a las diferencias, el Frente aprobó un documento por consenso de condena al asesinato de Araujo, en que, además, pidió «la reorientación del proceso».
El organismo sostuvo que esa «reorientación» deberá tomar en cuenta las sugerencias elevadas la semana pasada por la Comisión Aesora y redefinir el funcionamiento de la zona que el gobierno desmilitarizó en el sudeste de Colombia, aceptando así una condición de las FARC para iniciar las negociaciones.
El asesinato de la ex ministra de Cultura se produjo ocho días antes de que finalizara el plazo de la desmilitarización de esos 42.000 kilómetros cuadrados. Se preveía que Pastrana prorrogaría ese plazo.
Organismos de seguridad acusan a las FARC de utilizar la zona desmilitarizada para fortalecer su capacidad bélica, organizar sus ataques contra poblaciones, ocultar secuestrados y realizar negocios con el narcotráfico.
Mientras, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional afirman que los rebeldes violan los derechos de los pobladores de la zona.
La Comisión Asesora pidió a las partes el 24 de septiembre una tregua de seis meses durante los cuales las partes acordarían compromisos para redefinir la agenda de negociaciones.
Según la Comisión, la idea de negociar en medio de la guerra entró en crisis, y la tregua deberá servir para que las FARC suspendan los secuestros, las extorsiones y las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Mientras, el gobierno deberá buscar medidas para impedir los ataques de paramilitares de derecha a la población civil.
Araujo, periodista y dirigente del opositor Partido Liberal, se destacó por su defensa y promoción de la cultura y el folklore del norte colombiano, en especial del vallenato, género musical de raíces campesinas.
Monseñor Isaías Duarte, portavoz de la Iglesia Católica, afirmó que la guerra civil «no tiene otra salida que la negociación y el diálogo».
El asesinato de la ex ministra pone en duda la voluntad de las FARC para buscar una salida negociada a la guerra, y ése «es un hecho que hay que analizar», según el comisionado Gómez, dijo.
Este crimen se suma a la cadena de tropiezos en el diálogo con las FARC, que llevaron en tres oportunidades al congelamiento de las negociaciones.
Las FARC declararon unilateralmente dos de las suspensiones del proceso para demandar al Estado acciones «concretas» contra los paramilitares de derecha, a los que responsabilizan de 80 por ciento de las cerca de 200 masacres que ocurren cada año en este país.
En otra oportunidad fue el gobierno el que suspendió las negociaciones, tras acusar a las FARC de asesinar a una mujer a la que colocaron una bomba alrededor el cuello por negarse a pagar una extorsión. Dos semanas después se concluyó que los autores del crimen habían sido delincuentes comunes.
El jefe del Partido Liberal, Luis Vélez, dijo este lunes que la reorientación que del proceso de paz debe tener como base el acatamiento por parte de las FARC de la tregua propuesta por la Comisión Asesora.
Las FARC y el gobierno acordaron una agenda de negociaciones de 12 puntos agrupados en tres bloques en 1999, pero aún no han llegado a un sólo acuerdo del primero que abordaron, referido a cuestiones económicas. (FIN/IPS/yf/mj/ip/01
