El gobierno de Bahamas congeló una cuenta bancaria con 20 millones de dólares, uno de cuyos beneficiarios es un ciudadano estadounidense de origen árabe señalado como sospechoso de colaborar con los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington.
La cuenta fue abierta en 1994 en uno de los bancos más prestigiosos del mundo por el padre del sospechoso, y otros tres hijos suyos estaban registrados como beneficiarios, informó el primer ministro Hubert Ingraham.
La cuenta permaneció en gran medida inactiva pero parte de sus intereses eran retirados periódicamente, informaron autoridades de Bahamas.
Ingraham agregó que no divulgará más información sobre la cuenta debido a las normas de confidencialidad que rigen en el sector financiero de Bahamas.
«Redoblaremos nuestras gestiones contra el lavado de dinero y, específicamente, no permitiremos que nuestros sectores vitales se utilicen en respaldo del terrorismo», dijo Ingraham.
El gobierno no tiene pruebas de que los intereses retirados se hayan utilizado con fines terroristas, agregó.
La unidad de investigaciones financieras de Bahamas colabora con las autoridades estadounidenses para determinar si algunos de los cientos de sospechosos indagados en relación con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington utilizaron el sistema bancario de este país.
Por otra parte, tres de los 19 supuestos secuestradores de los cuatro aviones utilizados para los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos viajaron en distintos vuelos a Bahamas en los últimos meses, informó el gobierno.
El gobierno no reveló la identidad de los tres sospechosos, pero aseguró que dos de ellos no formalizaron su ingreso al país pues carecían de visa y que todos ellos procedían de Estados Unidos, cuyas costas están a 90 kilómetros de las de Bahamas.
El último de esos vuelos arribó en mayo. Se trataba de una avioneta que, según las autoridades, era de entrenamiento y aterrizó en Freeport para regresar a Estados Unidos pocas horas después.
A bordo de la avioneta viajaban un ciudadano alemán y otro griego. Uno de los hombres pudo ser el portador de un pasaporte hallado entre los escombros de las torres gemelas del World Trade Center.
El primer ministro jamaiquino Percival James Patterson dijo a IPS que los países caribeños aspiran a que las potencias occidentales los ayuden a identificar las instituciones financieras utilizadas para el lavado de dinero.
Las últimas evidencias sugieren que instituciones financieras occidentales figuran entre las principales responsables, sostuvo Patterson.
«Dijimos en reiteradas oportunidades que no estamos involucrados en lavado de dinero, que trabajamos colectivamente (en el asunto) y que queremos que las amenazas de restricciones sean totalmente removidas», agregó el gobernante.
Los países industrializados, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pretenden imponer medidas punitivas a los países que no imiten sus regulaciones en materia financiera.
«Esto debe ser decidido por la comunidad internacional. Una parte no puede imponer normas sobre otra», dijo Patterson.
Los países de la OCDE identifican los bancos del Caribe como refugio de capitales procedentes del lavado de dinero procedentes de actividades delictivas.
Bancos de esta región son usados con frecuencia para eludir los impuestos que cobran los países de origen de ese dinero, lo cual representa una pérdida de ingresos para el fisco y los bancos de esas naciones.
El primer ministro de Granada, Keith Mitchell, aseguró que sucesivos escándalos financieros demuestran que el problema radica, fundamentalmente, en los países industrializados.
«Cuando uno tiene poder y es grande puede interponer demandas. Esperamos que eso no esté en el orden del día y que el proceso pueda cambiarse», agregó Mitchell. (FIN/IPS/bw/aa/aq-mj/if ip/01
