Escuadrones de la muerte integrados por policías ejecutan en Argentina a menores sospechosos de delinquir o que habían denunciado maltrato policial, aseguraron organizaciones de derechos humanos, funcionarios políticos y judiciales.
El término «escuadrones de la muerte» dio mayor contundencia a un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la central provincia de Buenos Aires difundido el jueves, según el cual 60 menores murieron en «presuntos» enfrentamientos policiales entre 1999 y 2000.
Policías y militares perpetraron gravísimas violaciones de derechos humanos durante la última dictadura militar (1976-1983). Organizaciones humanitarias afirman que muchos policías someten hoy a supuestos delincuentes a las mismas torturas antes infligidas a disidentes políticos.
El blanco principal de los malos tratos son los jóvenes, la mayoría procedentes de familias pobres. La mitad de los menores de edad pobres están fuera del sistema escolar, y uno de cada tres no estudia ni trabaja, según las estadísticas.
Los casos de asesinato de menores suelen aparecer aisladamente en la crónica policial. Uno de los últimos ocurrió en abril, cuando apareció en la provincia de Buenos Aires el cuerpo de un joven de 14 años con 11 balazos junto a otro de 16 con seis balazos en la espalda y una bolsa de nylon en la cabeza.
La familia denunció que los adolescentes —con antecedentes de robo— solían recibir amenazas policiales. El abogado defensor de menores Carlos Bigalli había indicado que cinco policías estaban detenidos por el crimen, y que si se comprobaba su participación se confirmaría la existencia de un «escuadrón de la muerte».
Pero hasta el momento las denuncias eran aisladas y ahora, con el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la cuestión cobró mayor peso institucional y político.
De hecho, este viernes renunció el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ramón Verón, cuando se conocieron estos hechos registrados en su distrito.
Algunas de las 60 víctimas de asesinato presentaban, además de los orificios de bala, marcas en las manos y en la cara, según las cuales intentaron en vano protegerse de la balacera policial, dijo al diario Página 12 un integrante de la Corte que solicitó reserva de su identidad.
La sospecha de responsabilidad de uniformados en esos crímenes surgió porque muchas de las víctimas fatales de «enfrentamientos» habían denunciado maltratos policiales ante organismos judiciales.
El acuerdo en la Corte, que sugiere modificaciones en la escena de los crímenes para simular enfrentamientos, estuvo acompañado del recuento de más de 1.000 denuncias de violaciones de derechos humanos contra menores de 18 años en comisarías recogidas en el mismo periodo en que se registraron las muertes.
Las denuncias incluyen casos de niños y adolescentes obligados a permanecer desnudos haciendo flexiones con las manos en la nuca, jóvenes brutalmente golpeados o suicidios sospechosos en celdas que deberían ser custodiadas para proteger a los menores.
Organizaciones de derechos humanos se ocupa hace años de casos de apremios ilegales y muertes de civiles inermes en aparentes choques con la policía. La mitad de los casos se han registrado en la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país.
El gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, recibió duros cuestionamientos cuando en la campaña electoral de 1999 llamó a los policías a «meter bala a los delincuentes», una manera muy controvertida de asegurar a los votantes que trabajaría para garantizar la seguridad y luchar contra el crimen.
Este viernes, al conocer el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia provincial, Ruckauf le pidió la renuncia al ministro Verón, quien poco antes de presentar la dimisión se quejó por las sospechas.
«Para los menores denunciar abusos es un deporte», afirmó Verón, quien defendió a los policías que mueren en enfrentamientos.
Las acciones directas de la policía solo son posibles en el marco de un discurso oficial que habla de seguridad ciudadana, entendida como la «eliminación» de los delincuentes, y en particular de los jóvenes, explicó a IPS María del Carmen Verdú, abogada de la Comisión contra la Represión Policial.
«Nosotros hace tiempo que venimos denunciando como una hipótesis por demás probable que haya escuadrones de la muerte, porque teníamos registro de muchos casos de chicos que nos denunciaban amenazas y que después eran fusilados en aparentes enfrentamientos callejeros», añadió Verdú.
Si se comprueba que hubo 60 casos de ejecuciones policiales de niños y adolescentes, se podría decir que la provincia de Buenos Aires está «ante un escuadrón de la muerte», dijo la interventora del Consejo del Menor de la provincia, Irma Lima, al conocer el acuerdo de la Corte.
Pero el Centro de Estudios Legales y Sociales, organización de derechos humanos creada en la última dictadura, también cuestionó a la funcionaria. «La política activa de victimización de los menores se complementa con una política poco activa del Consejo Provincial», sostiene un informe del Centro.
«Es una posibilidad bastante cierta que se trate de escuadrones de la muerte, y éstos no son ajenos a las políticas de seguridad pública que los toleran», indicó Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana de la organización. (FIN/IPS/mv/mj/hd/01
