Las reformas económicas impulsadas por el Banco Mundial y el FMI luego de la crisis financiera de Asia (1997-1998) alentaron la desforestación y desestabilizaron la macroeconomía en Indonesia, según grupos ambientalistas.
Las políticas de los dos organismos multilaterales produjeron el efecto contrario a la declarada intención de proteger los ricos bosques tropicales indonesios, advirtieron el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Centro de Investigaciones Internacionales sobre Forestación (CIFOR), de Indonesia, en un nuevo informe.
En realidad, esas políticas estimularon la inversión especulativa en el sector forestal e hicieron aumentar la tala de bosques por parte de compañías papeleras nacionales endeudadas, agregaron.
Funcionarios del Banco y del FMI (Fondo Monetario Internacional) reconocieron que algunas cosas podrían haberse hecho mejor, pero rechazaron las conclusiones de los ambientalistas.
Jim Douglas, jefe de operaciones del Departamento de Desarrollo Rural del Banco Mundial, sostuvo que el informe carece de contexto y «no parece tomar en cuenta el enfoque de largo plazo del Banco en el sector forestal».
Las medidas de ajuste estructural, observó, son «en general medidas de transición con miras a un seguimiento».
Cuando el gobierno de Indonesia recibió un paquete de emergencia de 43 millones de dólares del FMI en 1998, debió comprometerse a cumplir las condiciones de ajuste estructural impuestas por el Banco y el Fondo.
Las condiciones incluían varias reformas políticas destinadas específicamente a la reestructuración del sector forestal, incluso la modificación del sistema de concesión de bosques y el aumento de la eficiencia de la industria maderera.
Las reformas se basaron en general en presunciones equivocadas, afirmó Chris Barr, experto en políticas forestales de CIFOR y autor del informe.
El Banco sostuvo que el aumento de la eficiencia de la industria reduciría la necesidad de materia prima, pero en realidad incrementó la tala de árboles jóvenes y de una variedad más amplia de especies, señaló Barr.
«Las reformas representan nuevas amenazas para los bosques del país, porque varias de las políticas estimulan una mayor tala», dijo.
El Banco Mundial pasó por alto los esfuerzos de expansión de la industria de la pulpa y el papel y la plantación forestal en Indonesia, agregó Barr.
«Esta falta de atención es paradójica, dado que desde fines de los años 80 se invirtieron más de 12.000 millones de dólares en esas industrias y los molinos de pulpa consumieron más de 100 millones de metros cuadrados de madera de bosques naturales entre 1998 y 1999», señaló.
Las grandes compañías de pulpa y papel no lograron poner en producción cantidades adecuadas de plantaciones, y ahora padecen escasez de materia prima.
«Los productores indonesios de pulpa y papel han hecho inversiones en gran escala en proyectos de alto riesgo porque son empresas altamente subsidiadas y porque las instituciones financieras no evaluaron de manera adecuada los riesgos», afirmó Barr.
Cuarenta por ciento del insumo de madera de esas fábricas de papel procede de fuentes domésticas, y 75 por ciento de esa cantidad fue cortada ilegalmente, según Agus Purnomo, director ejecutivo de WWF/Indonesia.
«El mercado de la tala ilegal es enorme» y suma entre 4.000 y 6.000 millones de dólares al año, aseveró Purnomo.
Indonesia posee la tercera mayor superficie de bosques tropicales del mundo, considerados entre los ecosistemas más diversos de la Tierra.
Durante los 32 años de gobierno del general Alí Suharto, cuando se promovieron fuertemente las industrias forestales, se talaron cerca de 40 millones de hectáreas de bosques naturales.
La reestructuración del sector financiero y empresarial y las medidas de liberalización comercial promovidas por el FMI estimularon aún más la extracción de madera y aceleraron la conversión de bosques mediante «inversiones insensatas» en las industrias de la madera y el aceite de palma, afirmó Heike Mainhardt, de WWF.
«Los efectos de la intervención del FMI perpetúan las condiciones responsables de la rápida desforestación», añadió Mainhardt, quien dirige el programa forestal de la oficina macroeconómica de WWF.
Aparte de los costos ambientales, la explotación del aceite de palma generó conflictos sociales por la tierra, señaló.
Desde la renuncia de Suharto en mayo de 1998, señaló, «ha habido un marcado incremento de los disturbios sociales en las plantaciones de palma y sus alrededores, incluso incendios, manifestaciones violentas, intimidación de personas, lesiones y muertes».
Aunque el FMI reconoce que las políticas macroeconómicas pueden tener un impacto ambiental, la institución «no pretende ser experta en cuestiones de administración forestal», declaró Michael Keen, director de la unidad ambiental del Fondo.
Keen destacó algunos éxitos, como el desmantelamiento de algunos vínculos corruptos entre conglomerados indonesios involucrados en los sectores forestal y bancario de Indonesia.
Desde 1998, dijo, hay restricciones a los créditos bancarios. «Ningún banco puede prestar más de 10 por ciento de su capital a cualquier cliente dado», explicó.
Pero grupos de la sociedad civil sostuvieron que el FMI continúa dañando a los bosques mediante sus reformas, porque carece de capacidad para evaluar apropiadamente los impactos de los cambios estructurales.
«Demasiadas condiciones excedieron los conocimientos del FMI», lamentó Carol Welch, subdirectora de programas internacionales del grupo ambientalista Amigos de la Tierra. (FIN/IPS/tra- en/dk/aa/mlm/en/01
