Representantes de 175 países se reunirán desde este lunes en Marruecos para una tarea en apariencia muy técnica, pero clave para que en 2002 se cumpla con el compromiso de reducir las emisiones de gases que causan el recalentamiento planetario.
La VII sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Cambio Climático (COP7) en la ciudad marroquí de Marrakesh, que concluirá el 9 de noviembre, deberá traducir en documentos técnicos los acuerdos políticos enhebrados en la cita precedente en Bonn, Alemania.
Los principales asuntos pendientes son la medición y control de la emisión de los gases, la implementación de mecanismos para que los países industrializados compensen con inversión en países pobres la falta de cumplimiento de sus cuotas de reducción, y las sanciones para los que no respeten lo acordado.
«Tenemos que encontrar un equilibrio, porque hay una tendencia» a elaborar acuerdos internacionales sobre ambiente «tan ambiciosos y perfectos que ningún país los quiere ratificar» luego, dijo a IPS Raúl Estrada Oyuela, jefe de la delegación argentina en la conferencia.
El recalentamiento de la tierra se produce por la liberación en la atmósfera de gases invernadero, el principal de los cuales es el dióxido de carbono, a partir de la quema de combustibles fósiles como los derivados del petróleo, el carbón y el gas.
Los gases invernadero impiden, al acumularse, que el calor originado por la acción del sol en la superficie de la Tierra se traslade fuera de la atmósfera, fenómeno conocido como «efecto invernadero».
El recalentamiento del planeta causa un aumento de enfermedades infecciosas como la malaria y el dengue, la extinción de especies de flora y fauna, escasez de alimentos, olas de calor, sequías, innundaciones y huracanes, entre otros fenómenos climáticos.
Los países negocian desde 1995 cómo reducir la emisión de gases invernadero, en especial el dióxido de carbono, responsable de más de 70 por ciento del recalentamiento de la Tierra y presente en casi todas las actividades que requieren quema de combustibles fósiles.
Los países que más emiten estos gases son los industrializados. Por eso, el compromiso de esas naciones debe ser el más firme.
Pero Estados Unidos, el mayor emisor con 25 por ciento del total, se muestra reacio, mientras Canadá, Japón y los países de la Unión Europea y Japón están más dispuestos a negociar.
Los países industrializados se comprometieron, en el Protocolo de Kyoto firmado en la COP3 celebrada en 1997 en esa ciudad japonesa, a reducir para el periodo 2008-2012 sus emisiones de gases invernadero cinco por ciento respecto de las registradas en 1990.
La COP7 debe «traducir en documentos legales» los acuerdos de Bonn, dijo a IPS Juan Carlos Villalonga, encargado de energía de la filial argentina de la la organización ambientalista Greenpeace Internacional.
Eso implica el lanzamiento de los 'mecanismos de desarrollo limpio' en 2002 y que los países industrializados ratifiquen el Protocolo de Kyoto «para que entre en vigencia el año próximo», agregó Villalonga.
Los mecanismos de desarrollo limpio previstos en el Protocolo de Kyoto permitirían a los países industrializados invertir en forestación y en fuentes renovables de energía en el mundo en desarrollo, para compensar las emisiones de dióxido de carbono que no quieren o no pueden reducir.
La puesta en marcha de estos mecanismos está prevista para principios del año próximo, si es que así se define en Marrakesh. Eso será un atractivo para la firma del Protocolo de Kyoto por parte de los países industrializados, lo que permitiría su entrada en vigor en septiembre de 2002, previó Villalonga.
Hasta el momento, sólo un puñado de países ratificó el Protocolo de Kyoto, y ninguno de los principales emisores de gases invernadero figura entre ellos. Su entrada en vigencia requiere la aprobación de 55 por ciento de los países, que deberán representar en conjunto 55 por ciento de las emisiones.
«Creo que los países industrializados estarán más entusiasmados de participar si ven que los mecanismos de desarrollo limpio ya están funcionando, y eso fortalecerá los acuerdos, todo lo cuál devolverá a Estados Unidos a las negociaciones», estimó.
Estados Unidos es una de las partes del Convenio sobre Cambio Climático, pero la negativa del presidente George W. Bush este año a elevar al Congreso legislativo la ratificación del Protocolo de Kyoto por considerar que frena el desarrollo industrial, puso en riesgo todas las negociaciones al respecto.
Estrada Oyuela explicó que en la COP7 «se deben poner puntos y comas a los acuerdos alcanzados a nivel técnico y destrabar problemas políticos, a fin de lograr que el protocolo sea aceptado por los países que deben reducir sus emisiones».
La conferencia deberá definir si cada país podrá establecer la forma de calcular sus emisiones de gases invernadero o si ésta debe ser homogénea. También se discutirá quiénes deberán integrar los comités que se dedicarán a realizar el cálculo y establecer los criterios.
Los mecanismos de desarrollo limpio no depararán tantas sorpresas. Ya se acordó que los proyectos que se tomarán para compensar emisiones son los que vinculados con la forestación y desforestación, y no a la inversión en energías de fuentes renovables (eólica y solar) como pedían los ambientalistas.
De todos modos, Villalonga advirtió que es muy importante definir ahora qué pasará con una forestación por la que se entreguen certificados de emisión si esos bosques son luego quemados, o si se implementa de manera perjudicial para el ambiente.
También están enfrentados los países que pretenden formar comités que asesoren acerca de cómo facilitar el cumplimiento de los convenios, y quienes pretenden mayor rigor, directamente con sanciones para los que no cumplan los convenios de manera estricta.
«La redacción quedó un poco ambigua en este punto», reconoció a IPS Leopoldo Sahores, uno de los negociadores argentinos.
Para Estrada, las sanciones deben ser leves para evitar que los países se abstengan de firmar el compromiso, mientras Villalonga destacó que los países de la Unión Europa, así como numerosas organizaciones ambientalistas, postulan sanciones severas. (FIN/IPS/mv/mj/en/01
