Una antigua colaboradora de la líder opositora birmana Aung San Suu Kyi molestó a disidentes exiliados al pedir al Congreso de Estados Unidos y a grupos de derechos humanos que suspendan las sanciones económicas contra el régimen militar de ese país asiático.
«Me entristece que personas inocentes sean las víctimas» de esas sanciones, dijo Ma Thanegi, una escritora birmana que pasó tres años en prisión luego de trabajar como asistente personal de Suu Kyi, a principios de los años 90.
«Esto es terrorismo económico. No producirá ningún cambio positivo, además de ser injusto y cruel», declaró, en un discurso pronunciado en Washington esta semana ante un foro patrocinado por la Fundación Sasakawa para la Paz.
Thanegi es codirectora del diario The Myanmar Times, una de las pocas publicaciones toleradas por el gobierno militar birmano.
Las sanciones económicas contra Birmania no perjudican al gobierno, sino que amenazan el sustento de «trabajadores inocentes», entre ellos más de 200.000 mujeres empleadas en la industria de la vestimenta, dijo.
Un proyecto sobre sanciones en consideración en el Senado de Estados Unidos obligaría a cerrar entre 300 y 400 fábricas, dejando a miles de mujeres sin empleo y forzándolas a la prostitución para sobrevivir, advirtió.
Los comentarios de Thanegi no fueron muy bien recibidos por su audiencia, compuesta principalmente por estudiantes y activistas de los derechos humanos, algunos empresarios y funcionarios del Departamento de Estado.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, los activistas quisieron saber de dónde obtuvo las estadísticas, a quién representaba y por qué se abstenía de cuestionar con dureza a los líderes militares en su calidad de periodista.
«En 1998 exigimos democracia, y muchas personas fueron muertas en la calle», dijo un activista, en referencia a la violenta represión lanzada por el Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden, como se llamaba entonces la junta militar.
Los militares tomaron el poder en septiembre de 1988 y se negaron a acatar los resultados de las elecciones de 1990, que otorgaron a la Liga Nacional por la Democracia, de Suu Kyi, 392 de los 485 escaños parlamentarios.
Dado que la dictadura mantiene miles de prisioneros políticos y recurre a la tortura y otras formas de represión contra los disidentes, «lo único que podemos hacer es imponerle restricciones económicas», dijo un estudiante.
Mientras Thanegi hablaba, alguien de la audiencia distribuyó panfletos en que se la calificaba como «la portavoz del dictador».
Thanegi replicó que ella hablaba «como una persona común que conoce todos los niveles de la sociedad». El pueblo de Birmania, dijo, «quiere la paz y más libertad, pero también quiere la prosperidad económica».
En todo su discurso, Thanegi se refirió a su país como Myanmar, el nombre adoptado por el régimen militar pero rechazado por Estados Unidos y por la mayoría de los disidentes.
Birmania, señaló, fue el nombre que impuso Gran Bretaña durante su ocupación colonial. «Creo que el nombre debió cambiarse inmediatamente después de la independencia», expresó.
David Steinberg, un antiguo diplomático estadounidense en Asia y autor de un libro sobre Birmania, respondió a las afirmaciones de Thanegi señalando que el control de los militares sobre la economía es «enorme».
«Aun si Suu Kyi llegara al poder, los militares seguirían controlando el mercado», sostuvo Steinberg.
Estados Unidos sancionó a Birmania de manera formal en 1990, con el apoyo de los dos partidos principales en el Congreso.
La cuestión de los derechos humanos y laborales en Birmania también se transformó en un tema importante para gobiernos estaduales y municipales.
En la última década, muchos estados y ciudades de Estados Unidos prohibieron a sus autoridades firmar contratos con empresas nacionales como Unocal, que siguen haciendo negocios con Birmania.
Estas medidas fueron alentadas por informes de Amnistía Internacional sobre el uso sistemático de la tortura por el régimen militar birmano, así como informes de la Organuización de las Naciones Unidas y de Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos sobre trabajo forzado, desplazamiento de minorías y otros abusos.
Grupos industriales de Estados Unidos desafiaron el movimiento de sanciones arguyendo que esas ordenanzas estaduales y municipales violaban la disposición constitucional según la cual la política exterior debe ser conducida por el gobierno federal.
El año pasado, en una decisión histórica, la Corte Suprema concordó con los argumentos de los industriales.
Esa decisión inspiró varios proyectos de ley que ampliarían las sanciones contra Birmania y prohibirían toda inversión estadounidense en ese país hasta que Rangún libere a todos los prisioneros de conciencia, concluya su diálogo con Suu Kyi y realice progresos sustanciales contra el narcotráfico.
«Eso significa que son culpables hasta que se pruebe lo contrario. Es algo muy extraño por parte de un país como Estados Unidos», dijo Thanegi.
En cuanto a los problemas de la prensa en Birmania, admitió que «la censura todavía existe» pero destacó que la situación está mejorando y, «en comparación con el período socialista, hay muy buenas revistas, y buenos artículos sobre economía y finanzas».
Pero el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización independiente que analiza la actuación de los medios de comunicación en todo el mundo, tiene una versión muy diferente.
«Las condiciones de los periodistas en Birmania están entre las peores del mundo y no muestran señales de mejorar», afirmó el Comité en su informe del año 2000.
«Todos los medios están en manos del gobierno militar o son controlados por éste. Los pocos diarios privados en circulación deben cumplir estrictos requisitos de licencia, y todo el material publicado debe someterse a la Junta de Control de la Prensa para su aprobación. La mayoría de los periodistas extranjeros no pueden entrar al país», sostiene el informe. (FIN/IPS/tra- en/ts/js/mlm/hd/01
