La minería ilegal regresó a la Amazonia venezolana, una vasta zona selvática que desde 1989 cuenta con régimen de protección oficial que prohíbe la explotación de minerales.
La subcomisión de Diversidad Biológica de la Asamblea Nacional (parlamento) constató la extracción de oro de tres parques nacionales y dos reservas naturales, en un viaje por el estado de Amazonas, fronterizo con Colombia y Brasil.
Además, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil de la región confirmaron la presencia de 12 focos de extracción, en los que se presume están involucrados decenas de mineros brasileños, colombianos y venezolanos.
A pesar de esas denuncias, ninguna persona ha sido detenida hasta ahora, por lo cual las autoridades presumen la complicidad de la militarizada Guardia Nacional, encargada de velar por la seguridad en la Amazonia.
El secretario de Gobierno de Amazonas, Diógenes Palau, dijo a IPS que su oficina calcula que han sido deforestadas al menos 500 hectáreas de reservas naturales. Esa apreciación le fue transmitida a los diputados que viajaron a esa región a mediados de septiembre en misión de investigación.
El presidente de la subcomisión de Diversidad Biológica, Julio García, se reunió con el jefe de operaciones en la zona de la Guardia Nacional, mayor Jesús Herrera, para pedirle que los agentes del cuerpo de seguridad actúen «de una vez» para detener la extracción ilegal de minerales.
García, pese a que respaldó la acción de la Guardia Nacional, precisó que está en curso «una investigación sobre la complicidad de algunos funcionarios».
A su vez, Herrera le informó que se realizaron relevos en los puestos de control de la Amazonia.
Sin embargo, aclaró que resulta difícil lograr resultados positivos, debido a que cuenta con pocos agentes para vigilar millones de hectáreas de selva, y que se tardan varios días sólo para trasladarse de la capital estadual, Puerto Ayacucho, a los distintos puntos de control.
En 1989, el entonces presidente Carlos Andrés Pérez prohibió todo tipo de actividad minera en la Amazonia, con el fin de preservar su rico hábitat selvático. Esa decisión implicó eliminar todas las concesiones dadas hasta ese momento por el Estado.
El meridional estado de Amazonas tiene una extensión de 179.000 kilómetros cuadrados, que equivale a casi 20 por ciento de la superficie de Venezuela, con importantes recursos auríferos, en diamantes y otros minerales estratégicos.
En esa región, poblada mayoritariamente por indígenas, sólo residen 100.000 de los 24 millones de venezolanos.
El regreso de la explotación minera, además de daños ecológicos, ha traído nuevamente problemas para la población autóctona.
El mayor Herrera indicó que el uso del mercurio para la extracción de oro no sólo contamina los ríos sino que ya afectado a las comunidades indígenas, como lo comprobaron los exámenes de sangre practicados a una decena de personas.
Las autoridades regionales apuntaron, además, que muchos indígenas sirven de guía a los mineros que deben viajar varios días en embarcaciones por los ríos para llegar a los lugares de extracción.
«Lo hacen por necesidad económica y ellos (los indígenas) conocen la zona», comentó Carlos García, prefecto de San Carlos de Río Negro, uno de los poblados ubicados en medio de la selva.
Por su parte, Gregorio Mirabal, coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas, dijo a IPS que en muchos casos los nativos «son obligados por los mineros, y hay comunidades enteras amenazadas de muerte que no cuentan con ninguna protección o seguridad».
En la primera mitad de los años 90 se registraron varios hechos de violencia perpetrados por los llamados «garimpeiros» brasileños (buscadores ilegales de oro), en los cuales resultaron afectadas las etnias de la zona venezolana.
El caso más dramático ocurrió en 1993, cuando 18 miembros de la etnia yanomami fueron asesinados por mineros piratas procedentes de Brasil, sin que la policía detuviera a ninguna persona.
Esta situación provocó roces entre los gobiernos de Brasil y Venezuela, pero una disminución de la extracción minera ilegal, llevó hasta ahora un escenario de cierta tranquilidad.
Según el testimonio del indígena arawuaco Javier Luna, citado por el diario venezolano El Nacional, existe una mina grande que es explotada por más de 200 hombres en el Parque Nacional Yapacana, un privilegiado lugar natural de 320.000 hectáreas que preserva biodiversidad y cuenta con un tepuy, meseta cuyo ecosistema es único en el mundo.
Los indígenas de la Amazonia, pese a las afirmaciones oficiales sobre las dificultades en materia de seguridad por lo intrincado de la región, insisten en que la presencia de mineros ilegales es facilitada ahora por la complicidad de los militares. (FIN/IPS/ac/dm/en/01
