La pregunta de cómo financiar el desarrollo económico con rostro humano y ambientalmente armónico va de boca en boca entre altos funcionarios, especialistas y activistas de América Latina y el Caribe, y se presenta como uno de los principales ejes de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 2002.
Ministros, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos latinoamericanos y del Caribe se reunieron en Río de Janeiro entre el 21 y 24 de octubre en una serie de espacios de discusión preparatorios de la cumbre del próximo año en Johannesburgo, Sudáfrica, conocida como «Río + 10».
El ministro de Ambiente de Brasil, José Sarney Filho, dijo a Tierramérica que su país espera «el cumplimiento de los instrumentos económicos acordados durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992», cuyos compromisos serán evaluados ampliamente en Sudáfrica.
El funcionario señaló que, junto con la transferencia de recursos y tecnología del Norte al Sur en desarrollo, donde también se hallan las mayores reservas ambientales del mundo, debe ser revisado el proteccionismo comercial que restringe las exportaciones agrícolas a la Unión Europea y Estados Unidos.
La posición brasileña, con un peso importante en la estrategia latinoamericana, fue recogida en el documento final del XIII Foro de Ministros de Ambiente de la región, una instancia clave dentro del proceso preparatorio de la Cumbre «Río+10».
También se planteó la necesidad de «revisar los actuales mecanismos de conversión de deuda externa de los países en desarrollo en proyectos de medio ambiente».
«Sólo se discutió el asunto general, de revisar esta relación de deuda externa y desarrollo sostenible, aunque no se llegaron a detallar mecanismos concretos de implementación», precisó a Tierramérica Ricardo Sánchez, director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
La cuestión del canje de deuda externa en beneficio de proyectos ambientales es sólo una de las respuestas a la pregunta de cómo financiar un modelo que conjugue armónicamente el crecimiento económico con el ambiente y con el desarrollo humano.
Así mismo, latinoamericanos y caribeños destacaron la necesidad de que los países con mayores riquezas y más responsables del deterioro ambiental contribuyan con fondos financieros y tecnología, tal como se acordó en Río de Janeiro en 1992.
Alicia Bárcena, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) observó que «la sustentabilidad no ha captado la atención de la agenda económica (internacional)» y que no se han cumplido algunos compromisos suscritos en la materia.
Por ejemplo, los países del Norte se comprometieron a asignar 0,7 por ciento de su producto interno bruto, en el marco de una "responsabilidad común" a favor del ambiente, pero eso quedó en el papel. Según Bárcena, "necesitamos recursos nuevos y adicionales para el desarrollo sostenible".
De acuerdo con un estudio de la CEPAL, la implementación de la llamada Agenda 21, aprobada en 1992, requiere 625.000 millones de dólares, de los cuales una quinta parte debía proceder de flujos internacionales, y el resto, del aporte nacional de los propios países.
Aparte de la Agenda 21, un plan de acción global dirigido a integrar ambiente y desarrollo en la economía mundial del siglo XXI, la Cumbre de la Tierra adoptó tres instrumentos globales: la Convención sobre la Diversidad Biológica, al Convención Marco sobre Cambio Climático y la Convención de Lucha contra la Desertificación.
Estos compromisos requieren la ejecución de planes concretos y eso también significa el desembolso de recursos financieros. El ex ministro de Ambiente de Costa Rica René Castro dijo a Tierramérica que «dos o tres áreas en las cuales hay coincidencias» podrían ser la carta de presentación de América Latina y el Caribe en Johannesburgo.
«Una es la deuda externa y de lo que de ésta pueda reorientarse hacia inversiones responsables desde el punto de vista social y ambiental», dijo Castro.
Una segunda área de consenso consistiría en la utilización de sistemas financieros modernos (garantías, incentivos) para dirigir inversión hacia aquellos sectores amigables con el ambiente. Por ejemplo, la energía renovable.
En tercer lugar, es necesario consolidar la relación entre comercio y ambiente, «en vez de incluirla siempre por el patio trasero (de los acuerdos internacionales)», indicó Castro, actualmente funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sara Larraín, de la ONG Chile Sustentable, comentó por su parte que el financiamiento del desarrollo sustentable exige reorientar las políticas de los bancos multilaterales «hacia objetivos de solución de la pobreza y protección del medio ambiente».
Las organizaciones de la sociedad civil propusieron un impuesto a las transacciones financieras especulativas, el control del flujo de capitales trasnacionales y la renegociación de la deuda de los países en desarrollo.
Funcionarios de la CEPAL, en tanto, coinciden en la necesidad de afrontar el problema de la deuda externa, por su peso en las finanzas de la región.
El endeudamiento de América Latina y el Caribe creció en la década del 90 de 500.000 a 800.000 millones de dólares. Mientras, la ayuda al desarrollo cayó de 138.000 millones de dólares en 1991 a 100.000 millones en 1998. (FIN/Tierramérica/ac/en/01
