La industria del petróleo de Estados Unidos y los defensores del ambiente se remiten a los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington para promover sus respectivas estrategias energéticas como asunto esencial para la seguridad nacional.
Kenneth Dickerson, ex vicepresidente de la compañía Atlantic Richfield (ARCO), avivó el fuego del debate sobre la política energética de Estados Unidos al afirmar que los atentados demostraron una vez más la necesidad de incrementar las reservas domésticas de energía.
La dependencia estadounidense de las importaciones de petróleo «significa que más de 10.000 buques tanque entran a los puertos de Estados Unidos cada año, trayendo crudo extranjero a las refinerías» del país, observó Dickerson.
Es necesario, entonces, construir más centrales de generación alimentadas a carbón, dijo, haciéndose eco de la estrategia energética propuesta por el presidente George W.Bush, que incluye además la creación de nuevas plantas nucleares y el incremento de la exploración en busca de petróleo y gas, en lugares como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Artico, en Alaska.
Por su parte, los ecologistas arguyen que, además de los posibles daños a ecosistemas prístinos, el plan energético de Bush podría crear nuevos objetivos para el terrorismo.
Peter Asmus, del American Hazard Control Group, una organización especializada en ambiente y energía con sede en Washington, señaló que la estrategia de Bush «provocará riesgos innecesarios en materia de seguridad».
Asmus admitió que no habría explosión atómica si un avión comercial se estrellara contra alguno de los 103 reactores nucleares que operan en Estados Unidos. Pero el golpe directo contra una central nuclear podría difundir grandes nubes radioactivas de carácter letal, advirtió.
En cambio, las fuentes de energía renovable, como la eólica y la solar, están dispersas en la naturaleza y pueden agregarse al sistema de generación sin convertirse en objetivos del terrorismo.
La seguridad nacional se beneficiaría con la creación de redes de micro-energía limpia, afirman algunos ambientalistas, mientras otros se expresan optimistas de que los atentados motiven a los legisladores a buscar la reducción de la creciente demanda de energía de Estados Unidos, mediante la promoción de la conservación y de la eficiencia.
Byron Kennard, director ejecutivo del Centro para la Pequeña Empresa y el Ambiente, dijo que resulta «un imperativo absoluto» contar con una política energética basada en la conservación, la eficiencia y las fuentes renovables.
«Los días de la prodigalidad del gasto de energía de Estados Unidos han terminado», advirtió. «Ahora debemos conservar el combustible para las necesidades de la seguridad nacional y reducir nuestra dependencia del petróleo foráneo».
Kennard afirmó que la clave para el ahorro de energía consiste en acabar con el derroche en que incurren los 23 millones de pequeñas empresas de Estados Unidos, que participan en más de la mitad del uso comercial de energía y «malgastan entre la mitad y un tercio» de la cantidad que demandan.
A su juicio, el mundo empresarial puede contribuir al descenso de la demanda de energía con sólo mejorar su iluminación y sus termostatos y sistemas de aislamiento de electricidad.
A pesar del importante papel de las pequeñas empresas en el consumo de energía, el plan energético de Bush apenas menciona la creación de incentivos para que esas firmas inviertan en tecnologías eficientes, puntualizó Kennard.
Los ambientalistas confían en que el Senado introduzca en el proyecto de ley energética disposiciones para favorecer la eficiencia y el uso de fuentes renovables.
El senador Jeff Bingaman, presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, ha dado curso a dos propuestas legislativas para estimular la inversión en nuevas fuentes renovables.
La primera exige a los proveedores minoristas un porcentaje mínimo de electricidad de fuentes renovables. La proporción variará de un estado a otro. Catorce estados han introducido esas normas, pero en cada caso las regulaciones cambian en materia de tiempo y requisitos.
La segunda propuesta promueve la creación de un fondo financiero para la implementación de la energía renovable y de tecnologías de eficiencia energética. El fondo se formaría con el pago de una pequeña suma adicional en la cuenta de electricidad de todos los usuarios.
Pero se ignora el momento en que serán debatidas estas propuestas en el Senado, ya que los legisladores están concentrados por ahora en las consecuencias políticas de los atentados terroristas. (FIN/Tierramérica/tra-en/dk/en/01
