El gobierno de Sri Lanka alcanzó un acuerdo con los grupos marxistas que podría salvarlo de un colapso, pero también agregar más problemas a este país asiático afectado por la guerra civil y la sequía, advirtieron analistas.
«Se trata de un acuerdo positivo, pero su viabilidad es dudosa, dadas las duras condiciones que establece» para la administración, opinó Jehan Perera, director de prensa del Consejo Nacional para la Paz, una organización pacifista financiada por Noruega.
La gobernante Alianza del Pueblo celebró el jueves el histórico acuerdo con el Frente Marxista de Liberación Popular (JVP), que prepara el camino para elecciones nacionales en un año bajo un gobierno provisorio, a cambio del apoyo parlamentario de los comunistas.
«Este es un pacto bueno y contrario a las fuerzas conspirativas contra el gobierno», declaró Mangala Samaraweera, ex ministro y principal portavoz de la Alianza del Pueblo.
Wimal Weerawansa, portavoz del JVP, coincidió en que el acuerdo derrota a las fuerzas nacionales y extranjeras que intentan derribar al gobierno y ofrece un alivio al pueblo, que sufre desde 1983 la guerra entre el ejército y guerrilleros de la minoría tamil.
La referencia a las «fuerzas extranjeras», según analistas, está dirigida a Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que parecen azorados por el acuerdo entre la Alianza Popular y los principales grupos marxistas.
El embajador de Estados Unidos, Ashley Wills, negó categóricamente informes de prensa según los cuales él intentó arreglar una alianza entre el partido de gobierno y el Partido Nacional Unido, el principal grupo de oposición, para lograr una administración viable.
Las conversaciones entre esas dos partes se derrumbaron la semana pasada, lo que llevó al gobierno a volcarse hacia el JVP y sus 10 legisladores en busca de apoyo.
En el memorando de entendimiento firmado el miércoles, el gobierno prometió disolver el parlamento en un año y llamar a elecciones nacionales bajo un régimen provisional, y el JVP prometió a cambio ofrecer el respaldo de sus parlamentarios y ayudar a mantener la estabilidad gubernamental.
El acuerdo estará vigente hasta septiembre de 2002.
El gobierno de Chandrika Kumaratunga también acordó establecer un consejo constitucional y comisiones independientes sobre servicio público, sistema judicial, departamento electoral y policía antes de octubre, además de preparar una ley para crear una comisión independiente de la prensa en seis meses.
Así mismo, el pacto asegura medidas para impedir más aumentos de precios en artículos esenciales como el arroz, la harina, el azúcar, la leche en polvo, los combustibles, la electricidad, el gas y el agua corriente.
«Si existen planes para privatizar empresas públicas o sociales como la administradora del agua, bancos o aseguradoras, la Alianza se compromete a contenerlos durante el año de vigencia de este entendimiento», establece el acuerdo.
Sin embargo, Perera opinó que «una economía tambaleante no puede sostener las condiciones impuestas por el JVP».
La economía nacional está devastada por el conflicto de 18 años con los tamiles, que reclaman un estado separado en el norte y este de la isla, donde residen la mayoría de ellos.
En los últimos meses, una prolongada sequía provocó además numerosos cortes de energía y escasez de agua y llevó al gobierno a pedir ayuda internacional para cerca de un millón de personas afectadas.
Los rebeldes tamiles atacaron el 24 de julio el único aeropuerto internacional del país y una base aérea vecina, donde destruyeron más de 12 naves pertenecientes a SriLankan Airlines y a la fuerza aérea.
El ataque redujo a la mitad la flota y los vuelos de SriLankan Airlines, además de provocar un aumento de precios de los seguros sobre aviones y buques que viajen desde o hacia Colombo.
Perera consideró imposible no aumentar los precios ni recurrir a subsidios en una economía deprimida. Los precios del combustible diesel y el gas aumentaron casi 100 por ciento en los últimos 18 meses debido a la subida de los precios mundiales, que generó una reacción en cadena en el costo de bienes esenciales.
Las resoluciones del acuerdo para garantizar el buen gobierno y la transparencia son positivas, pero es dudosa la sinceridad del JVP en relación con las conversaciones de paz, opinó Nawaz Rajabdeen, vicepresidente de la Federación de Cámaras de Industria y Comercio de Sri Lanka.
«El JVP siempre ha estado a favor de la guerra y no de la paz. No creo que cambien ahora, aunque el pacto es vago sobre ese tema», dijo, y advirtió que los 10 legisladores del JVP impondrán sus propias condiciones a 109 parlamentarios de la Alianza del Pueblo.
«Habrá caos y disputas internas, en particular porque muchos ministros perderán su cargo», advirtió Rajabdeen.
El acuerdo también establece una moratoria de un año para una propuesta devolución de poder, principalmente para la minoría tamil, «a menos que se alcance un amplio consenso» mediante el diálogo con diversos sectores de la sociedad.
Analistas políticos consideraron que esta medida traba el proceso de paz y los intentos de Noruega por reunir al gobierno y a los rebeldes en una mesa de negociaciones. (FIN/IPS/tra-en/fs/ral/mlm/ip/01
