La decisión esta semana del Tribunal Federal de Australia contra la expulsión de 433 solicitantes de asilo de origen afgano fue una gran victoria de una pequeña organización defensora de los derechos humanos.
El juez Tony North dio la razón a la organización no gubernamental Liberty Victoria en su lucha contra el gobierno australiano para impedir la expulsión de los afganos, que habían sido rescatados en el océano Indico por el buque noruego Tampa.
Los inmigrantes estuvieron anclados una semana frente a la costa norte de Australia pidiendo asilo antes de ser embarcados en el barco de la marina australiana HMAS Manoora hacia Papúa-Nueva Guinea. De allí, 282 de ellos serían enviados a Naurú y 150 a Nueva Zelanda, que acordaron recibirlos.
Aunque la sentencia del martes obliga a Canberra a aceptar a los solicitantes de asilo en territorio australiano, el gobierno respondió con una apelación inmediata y decidió continuar con el viaje de los afganos hacia la isla de Naurú, en el Pacífico, obviando a Papúa-Nueva Guinea.
«La sentencia exige que la parte demandada libere a las personas rescatadas en Australia continental», señaló el juez, y agregó que «es deber de la corte» proteger a las personas contra su detención sin autoridad legítima.
Canberra «no permitió ninguna comunicación con los rescatados ni los consultó sobre los planes de su reubicación. Una vez hechos los arreglos, se les anunció, aparentemente no en su lengua nativa, pero no se hizo ningún esfuerzo para determinar si ellos estaban de acuerdo», dice la sentencia.
El gobierno decidió «utilizar un proceso ilegítimo para detener y expulsar a las personas rescatadas» en alta mar, concluyó North.
Sin embargo, tras el anuncio de la apelación, el canciller Alexander Downer informó que Canberra pasaría por alto a Papúa- Nueva Guinea y enviaría directamente a Naurú a los 433 solicitantes de asilo más otros 237 que fueron interceptados el domingo en la costa noroccidental de Australia.
El acuerdo con Naurú -el estado más pequeño del mundo, con 21 kilómetros cuadrados y unos 11.000 habitantes- costó a Australia 10,2 millones de dólares en combustible e incentivos.
Pese a la incertidumbre del futuro de los solicitantes de asilo, Liberty Victoria está eufórica por la decisión judicial.
«Hoy el tribunal dejó claro que las antiguas tradiciones de la ley, según las cuales no se puede detener a alguien sin causa justificada ni autoridad legítima, todavía rigen en Australia», destacó el portavoz de la ONG, Greg Connellan, fuera de la corte.
Justamente de esas arbitrariedades están huyendo esas personas, agregó Connellan.
Ahora, los solicitantes de asilo podrían permanecer en el Manoora por varias semanas.
«La Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones) alegará en su apelación que no detuvo a las personas rescatadas», anunciaron Peter Reith y Daryl Williams, fiscal general de la Commonwealth.
Aunque el gobierno sufrió una humillante derrota con la sentencia del martes, su línea dura contra la inmigración parece haberle redituado importantes dividendos electorales.
Varias encuestas de opinión pública revelearon que el apoyo popular a la coalición de gobierno liderada por John Howard aumentó cinco puntos porcentuales, su nivel más alto en los últimos dos años.
A comienzos de este año, se preveía que Howard sería derrotado en las próximas elecciones, programadas para fines de noviembre.
Ahora, sin embargo, las encuestas señalan que la coalición de gobierno está cuatro o cinco puntos porcentuales por encima de su principal rival, el Partido Laborista.
Temeroso de perder más votos, el Partido Laborista propuso una ley especial para legalizar en forma retroactiva las acciones del gobierno contra los inmigrantes y anunció su respaldo a la apelación de la sentencia del martes.
«La oposición ha indicado en reiteradas ocasiones que está dispuesta a ofrecer una solución bipartidaria a la cuestión de la inmigración ilegal», declaró el laborista Robert McLelland. (FIN/IPS/tra-en/bb/ral/mlm/pr-hd/01
