El gobierno de México redobló sus controles en la frontera sur para impedir el ingreso de emigrantes indocumentados que se encaminan a Estados Unidos, y puso especial atención en investigar a los viajeros de origen árabe.
Los controles migratorios aumentaron tras los atentados del día 11 en Estados Unidos, indicaron organizaciones no gubernamentales de atención a inmigrantes.
Sin embargo, los activistas reconocieron que el aumento de la presencia policial y militar en la meridional zona fronteriza mexicana se notó desde antes de los ataques terroristas que destruyeron el World Trade Center, en Nueva York, y un sector del Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington.
«Los lamentables atentados terroristas conllevaron a que se intensifique la vigilancia», y muchos emigrante ahora esperan que merme el patrullaje para poder ingresar a México, dijo Rafael Franco, administrador de un grupo humanitario que brinda techo temporal a personas que llegan hasta el norte de Guatemala.
México, paso tradicional de emigrantes indocumentados de América del Sur, de América Central y en menor proporción de Asia y de Medio Oriente que desean llegar hasta Estados Unidos, tiene 1.149 kilómetros de frontera con Guatemala y con Belice, en la que hay múltiples lugares de escasa vigilancia.
En diferentes puntos del país, entre ellos la frontera sur, las autoridades migratorias mexicanas detuvieron la última semana a 100 ciudadanos de origen árabe, por no contar son su documentación en regla.
El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel, indicó que ninguno de los detenidos tiene relación con los atentados registrados en Nueva York y Washington. Sólo fueron aprehendidos por asuntos migratorios, explicó.
Estados Unidos pidió a México rastrear a 13 ciudadanos árabes que podrían tener alguna relación con los ataques terroristas del martes pasado.
El incremento de la presencia militar y policial en el sur de México se registra para controlar el paso de extranjeros indocumentados y reforzar la lucha contra el tráfico de drogas y de armas, dijo el consejero de seguridad nacional, Adolfo Aguilar.
Hasta ahora no se conoce con exactitud cuántos militares habrían llegado al sur del país en los últimos meses, pero algunas fuentes extraoficiales hablan de más de 10.000.
El aumento de controles en el sur se dio en forma paralela a las propuestas que presentó el presidente Vicente Fox a su par estadounidense George W. Bush para regularizar la estadía de casi cuatro millones de indocumentados mexicanos que viven en Estados Unidos y establecer un acuerdo global sobre la materia.
«La política mexicana está orientada a proteger los derechos de los emigrantes de cualquier nacionalidad, con el fin de adquirir mayor autoridad moral en la defensa de los connacionales en Estados Unidos», señaló Juan Hernández, jefe de la oficina de la Presidencia para la protección de los emigrantes.
Tras los atentados, el tema de la emigración, que había conquistado al primer lugar en la agenda bilateral, bajó de perfil y, según observadores, quedará relegado a segundo plano por un tiempo prolongado.
Organizaciones humanitarias locales denuncian que, mientras México pide mejor trato para sus emigrantes y acuerdos sobre la materia con Washington, en su territorio se violan los derechos humanos de los extranjeros que pretenden llegar a Estados Unidos.
La organización no gubernamental Sin Fronteras aseveró que en el sur de México reina la anarquía y la corrupción.
El gobierno de México deportó en 2000 a 150.000 personas que ingresaron por su frontera con Guatemala y Belice, y en lo que va de este año la cifra de expulsados ya supera las 100.000.
La frontera sur es una zona de alta criminalidad, donde se «registra la mayor cantidad de tráfico de drogas, contrabando en todas sus expresiones y prostitución, lo cual significa un problema de seguridad nacional», apuntó el jefe del estatal Instituto Nacional de Migración, Felipe de Jesús Preciado.
Los emigrantes indocumentados, para cruzar América Central y México sin ser descubiertos por policías o militares, caminan decenas de kilómetros y viajan ocultos en camiones y trenes.
La aventura de una persona indocumentada que aspira llegar a Estados Unidos puede durar hasta tres meses. Los traficantes de personas cobran por el viaje entre 300 y 10.000 dólares, una amplia fluctuación que depende del origen del emigrante indocumentado.
En su lucha contra los traficantes de personas, conocidos en México como «polleros», las autoridades policiales detuvieron a 1.500 de ellos en los últimos 18 meses.
Pero ahora, con tanto control y patrullaje en la frontera sur, la cotización de los «polleros» creció de manera proporcional a los riesgos que enfrentan los emigrantes, dijo Franco, administrador del grupo humanitario que brinda apoyo a extranjeros que arriban al norte de Guatemala. (FIN/IPS/dc/dm/hd ip/01
