El presidente estadounidense George W. Bush necesitará el apoyo del opositor Partido Demócrata y del movimiento sindical para regularizar antes de fines de año la situación de cuatro millones de inmigrantes indocumentados mexicanos, como pretende su par de México, Vicente Fox.
La firma de un acuerdo migratorio bilateral es la principal entre las propuestas presentadas por de Fox durante su visita de tres días a Estados Unidos, que concluyó el viernes y fue la primera de un gobernante extranjero a este país desde que Bush asumiera la presidencia el 20 de enero.
El gobernante Partido Republicano está profundamente dividido sobre el acuerdo migratorio, que es rechazado por muchos de los más fieles seguidores de Bush en la derecha del espectro político estadounidense.
«Es un tema increíblemente complejo», declaró Bush el jueves, después de que Fox pidiera sorpresivamente el miércoles la «regularización» para antes de fin de año de los cuatro millones de indocumentados mexicanos que se calcula viven en Estados Unidos.
«Mi administración pasará mucho tiempo resolviendo este tipo de cuestión. Pero para complicar el asunto aun más, debemos trabajar con el Congreso, y debemos idear una solución que el Congreso acepte», declaró Bush.
La regularización de los indocumentados dominó la reunión entre ambos líderes, que también pactaron acuerdos menores sobre aplicación de la ley, la seguridad en la frontera común, normas sanitarias, importación de paltas, entre otros.
La iniciativa tomó claramente de sorpresa al gobierno de Bush.
La asesora de seguridad nacional de Bush, Condoleezza Rice, dijo a la prensa tras la primera reunión entre los «dos amigos», como denominan a los dos presidentes en Estados Unidos, que un acuerdo sería «fabuloso», pero advirtió que es más importante que se «haga correctamente, y no sólo rápidamente».
No sólo está en juego la situación de los mexicanos indocumentados. El control de la Casa Blanca y del Congreso legislativo podría depender de la forma en que los dos grandes partidos y los candidatos individuales, incluso Bush, manejen el asunto.
Eso es porque las preferencias políticas de los 33 millones de residentes en Estados Unidos de origen latinoamericano, de los cuales unos 20 millones son mexicanos, se consideran clave para las fortunas electorales de ambos partidos.
Los asesores del gobierno creen que Bush debe aumentar el 35 por ciento obtenido de los votos hispanos en las últimas elecciones a 40 por ciento en los comicios de 2004 para ser reelegido. La firma del acuerdo migratorio con Fox ayudaría en ese sentido, aseguran.
Pero la comunidad hispana tradicionalmente ha preferido al Partido Demócrata, que no está dispuesto a perder sus votos y con ese fin propuso amnistiar a los indocumentados que trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, permitir la reconstitución de las familias inmigrantes y garantizar los derechos laborales de los inmigrantes con visas laborales temporales.
La principal confederación sindical de Estados Unidos, la AFL- CIO, apoyó en 1999 la amnistía propuesta por los demócratas para los inmigrantes ilegales, por primera vez en su historia.
La razón radica en que el movimiento sindical crece más en los sectores de bajos salarios, en los cuales hay muchos indocumentados. Sin la amenaza de ser deportados, es probable que esos trabajadores se sindicalicen aun más.
En la primera reunión con Fox en su hacienda mexicana de Guanajuato en enero, Bush acordó hacer de la inmigración mexicana una prioridad de su gobierno.
Pero el propio partido Republicano se opuso a otorgar una «amnistía general» a los mexicanos indocumentados, lo cual obligó a Bush a dar marcha atrás en las últimas semanas. Ante la complejidad del tema, colaboradores del gobierno dijeron a la prensa que las negociaciones podrían llevar años.
Esa posibilidad es inaceptable para Fox, cuya caída de popularidad en los últimos meses se debe a la retracción de la economía mexicana, como consecuencia de la reducción del crecimiento en Estados Unidos. Las economías de ambos países están relacionadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994.
«Llegó el momento de darles a los inmigrantes y sus comunidades su debido lugar en la historia de nuestras relaciones bilaterales. Debemos, y podemos, alcanzar un acuerdo sobre la migración antes de fines de este año», exhortó Fox.
La mayoría de los observadores cree que el acuerdo es posible, pero no tan rápidamente como desea Fox. El pacto incluiría la combinación de visas para trabajadores temporales y de residencia permanente que conduciría a la ciudadanía estadounidense para los inmigrantes indocumentados.
Pero mientras el movimiento sindical y el Partido Demócrata apoyan la residencia permanente para todos los inmigrantes ilegales, la idea de amnistiar a los indocumentados es ideológicamente inaceptable para muchos republicanos conservadores.
«Aborrecemos la idea de recompensar a quienes violan la ley», dijo Phil Kent, activista jurídico de derecha.
A otros conservadores les preocupa la carga para el sistema educativo, social y sanitario que implica amnistiar a los indocumentados mexicanos, en su mayoría sin saber inglés, y también a los cuatro millones de inmigrantes indocumentados procedentes de América Central y el Caribe.
Esos inmigrantes ilegales no mexicanos también pretenderán beneficiarse de la posible amnistía acordada con Fox.
Republicanos cercanos a Bush sugieren que la residencia se otorgue a aquellos inmigrantes indocumentados que sepan inglés o que paguen una multa. También prefieren un acuerdo centrado en visas de trabajo temporal, que no conduciría automáticamente a la residencia permanente, pero otorgaría a los beneficiados una mayor seguridad social que la recibida actualmente.
Pero los demócratas seguramente se opondrán a aumentar las visas de trabajo temporal sin que se garanticen plenos derechos a los trabajadores inmigrantes, una garantía que los legisladores republicanos, sobre todo de los estados agrícolas que emplean mucha mano de obra mexicana, serán reacios a otorgar. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
