Unos 400 representantes de organizaciones sindicales y sociales de América Latina constituyeron el Tribunal Moral contra las privatizaciones, en una reunión de tres días esta semana en la capital ecuatoriana.
El foro designó presidente del Tribunal a Rodrigo Carazo, que gobernó Costa Rica entre 1978 y 1982, y concluyó el jueves sus deliberaciones con un informe sobre los efectos de la venta de empresas públicas en la región.
En la dirección también participan otras personalidades latinoamericanas como Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, Nela Martínez, del Frente Continental de Mujeres, y Luis Alberto Luna Tobar, ex arzobispo de la ciudad ecuatoriana de Cuenca.
La mesa del Tribunal Moral se reunirá en forma periódica en distintos países, con el fin de difundir la experiencia y los efectos de las privatizaciones, además de estimular acciones para detener esa política.
Luego de repasar lo ocurrido en la materia en cada país, los asistentes al encuentro se pronunciaron en forma unánime por detener los procesos privatizadores, exigieron que se sancione a los responsables de esa política y se comprometieron a luchar por la recuperación de las empresas que pasaron a manos privadas.
Carazo aseguró en el debate que las privatizaciones han llevado a «la globalización de la pobreza».
«En Costa Rica, el servicio eléctrico llega a 97 por ciento de la población y las comunicaciones a 96,5 por ciento. Esos servicios están en manos del Estado y ello ha permitido mayor eficiencia y beneficio económico para el país», señaló.
El ex mandatario también aseguró que el sector eléctrico constituye «un negocio brillante, que le proporciona grandes ganancias a la colectividad costarricense», por lo cual este modelo debe ser tomado en cuenta con interés en la región.
Además, atribuyó la expansión privatizadora a que en muchos casos los gobiernos «dejan de ser gobernantes» para transformarse en «gobernadores dirigidos desde afuera».
«Ese es un grave problema para nuestros pueblos. Es hora de que nos sentemos juntos a buscar nuestro propio modelo, en lugar de empeñarnos en buscar modelos extranjeros», argumentó Carazo.
Por su parte, Bonafini, con su habitual pañuelo blanco sobre el cabello, también criticó el modelo privatizador, al indicar que «se regalan las empresas y el dinero de la venta nunca va para el país, sino que queda en manos de quienes gobiernan».
La activista humanitaria calificó al Fondo Monetario Internacional de «voraz», tras comentar que las privatizaciones provocaron en Argentina el aumento del desempleo y de tarifas de los servicios públicos.
«Dolorosamente, con la desaparición de nuestros hijos aprendimos que para aplicar el plan económico (de la dictadura argentina entre 1976 y 1983) había que secuestrar, torturar y matar a aquellos que se oponían. Ese plan económico es el mismo que hoy se lleva adelante con las privatizaciones», dijo.
A su turno, Mercedes Gutiérrez, del sindicato Fuerza de Trabajadores, de Venezuela, aseguró que en su país la venta de las empresas estatales causó despidos masivos, con el consiguiente crecimiento del desempleo.
En el foro latinoamericano realizado en Quito también brindaron su opinión contraria a la venta de las empresas estatales otros representantes de la sociedad civil y sindicalistas de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Venezuela.
Asistentes al encuentro se reunieron con los integrantes del Tribunal Constitucional de Ecuador, que en las próximas semanas deberá pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la privatización del sector eléctrico dispuesta por el gobierno de Gustavo Noboa.
La delegación latinoamericana respaldó ante el Tribunal Constitucional el recurso legal presentado contra la venta de las acciones de las 19 empresas eléctricas estatales del país.
Los promotores del recurso piden que el Tribunal confirme su fallo de diciembre, en el que declaró violatorio de la Constitución la decisión del gobierno de privatizar el sector eléctrico.
«El Tribunal debe ratificar esa resolución», ante la nueva arremetida del gobierno de Noboa, indicó el dirigente sindical Edgar Ponce, miembro también de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Ecuador.
Pero el gobierno insiste en que la privatización servirá para mejorar la producción y distribución de energía eléctrica.
El director del Consejo Nacional de Modernización (Conam), Ricardo Noboa, hermano del presidente de Ecuador, arguyó que el sistema en manos privadas posibilitará aumentar la cobertura del servicio que hoy llega a menos de 70 por ciento de los 12,5 millones de ecuatorianos.
También aseguró que la mejora de la infraestructura eliminará los apagones que suelen registrarse en la época de estiaje en cada octubre.
La medida gubernamental «abre la posibilidad de inversión extranjera, ya que varias empresas estadounidenses están interesadas en comprar 51 por ciento de las acciones de las empresas», aseguró Ricardo Noboa.
Ecuador cuenta con 19 empresas de electricidad, cuyas acciones se distribuyen en 51 por ciento para el Fondo de Solidaridad, entidad pública vinculada al Conam, y el restante 49 por ciento pertenece a los municipios y provincias de la zona que cubre cada empresa.
Para facilitar la privatización, el Conam ha dispuesto que en cada región se unifiquen varias de estas compañías.
Sin embargo, muchos gobiernos locales en manos de partidos de izquierda y de centroizquierda se han opuesto a la venta del paquete accionario que les pertenece.
Portavoces del Conam aducen que la privatización no es inconstitucional porque no se venden las empresas como tales, sino parte del paquete accionario correspondiente al Fondo de Solidaridad.
Las empresas eléctricas en general no dan ganancias en la actualidad, salvo excepciones como la que cubre la provincia del Azuay, cuya capital es Cuenca.
El analista Walter Spurrier, director del boletín económico Análisis Semanal y uno de los defensores de la privatización, explicó que el gobierno debería aumentar las tarifas para que las empresas den rédito y así atraer inversores al sector.
En tanto, en la reunión de la delegación latinoamericana con el Tribunal Constitucional, Carazo comentó que existe como antecedente un fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica, que impidió la privatización de la telefonía celular.
«Hay un paralelismo entre ambos casos. Este no es un asunto ideológico, es humano, y por eso esperamos que la resolución de ustedes tenga carácter vinculante», dijo Carazo.
Bonafini se manifestó segura de que «no habrá privatización en Ecuador».
En tanto, Eduardo Alcívar, representante de la Empresa Eléctrica de Quito, pidió al Tribunal Constitucional que «haga cumplir su resolución de diciembre».
Alcívar opinó que el Consejo Nacional de Modernización (Conam) actúa fuera de la ley al seguir el proceso privatizador, desconociendo la resolución anterior del tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución de Ecuador.
«El Conam, cuyo presidente es Ricardo Noboa, hermano del presidente, ha entrado en desacato al continuar con el proceso de venta de las empresas eléctricas», arguyó Alcívar.
Su afirmación fue apoyada por Doris Solís, portavoz de la Coordinadora de Movimientos Sociales. El Conam «debe cumplir la ley como todas y todos los ecuatorianos y ecuatorianas», observó.
«Queremos pensar que este organismo no está por encima de las leyes de Ecuador, y el presidente Noboa debería obligar a su hermano a que actúe dentro de la Constitución», reclamó Solis. (FIN/IPS/kl/dm/if ip/01
