Estados Unidos se prepara en el terreno diplomático, legislativo e incluso espiritual para lanzar su fuerza militar contra los responsables de los atentados del martes que derribaron las torres gemelas de Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono, en la capital.
Cuatro ex presidentes participaron junto al mandatario George W. Bush en la Catedral Nacional de Washington de una ceremonia ecuménica cristiana, judía y musulmana por las víctimas del ataque, de las que se han contado hasta ahora más de 5.000.
Entre los presentes en la ceremonia de «oración y recuerdo» de este viernes estuvieron el ex presidente Bill Clinton, el gabinete en pleno de Bush, los altos mandos militares, numerosos legisladores y clérigos de las tres religiones.
Pocas horas antes, el Senado otorgó por unanimidad a Bush la autoridad para «usar toda la fuerza necesaria y adecuada» contra los responsables de los atentados del martes, que fueron perpetrados con tres aviones secuestrados.
Un cuarto avión desviado también por terroristas se estrelló en las afueras de Pittsburgh, estado de Pennsylvania.
«Apenas tres días después de estos hechos, los estadounidenses aún no tienen la distancia que otorga la historia, pero nuestra responsabilidad histórica es clara: responder estos atentados y erradicar el mal del mundo», dijo Bush en la ceremonia ecuménica, el único de los oradores que no era religioso.
Bush partió para Nueva York inmediatamente después del acto.
Antes de la ceremonia, los legisladores en Washington olvidaron sus diferencias y se dedicaron a reforzar la capacidad militar y diplomática del gobierno ante lo que se prevé serán represalias militares contra la presunta red terrorista del magnate saudita Osama bin Laden, principal sospechoso de los atentados.
Bin Laden es el hombre más buscado por Washington, que lo acusa de los atentados de 1998 que destruyeron sus embajadas en Kenia y Tanzania, así como del ataque suicida contra el destructor naval USS Cole, en Yemen.
Bush autorizó este viernes a las Fuerzas Armadas a convocar a 50.000 reservistas, que colaborarán con las tareas de limpieza y recuperación de Manhattan y el Pentágono.
También apoyarán a las patrullas aéreas, que luego de los atentados se han convertido en un elemento más de la vida diaria en Washington, Nueva York y otras ciudades.
El Congreso legislativo también concedió al gobierno 40.000 millones de dólares en fondos de emergencia para luchar contra el terrorismo y financiar tareas de limpieza y recuperación.
Gran parte de ese dinero será utilizado por el Pentágono y los servicios de inteligencia.
La autorización especial votada por el Senado para el uso de la fuerza militar, que seguramente será confirmada este sábado por la Cámara de Representantes, obliga a Bush a cumplir la Resolución de Poderes de Guerra.
Se trata de una ley que exige al presidente informar al Congreso sobre toda acción militar y limita el envío de tropas sin el aval del Congreso.
El Senado no sólo autorizó el uso de la fuerza contra los responsables de los atentados y sus protectores, sino también para «evitar actos futuros de terrorismo internacional contra Estados Unidos».
Así mismo, el jueves autorizó modificaciones en proyectos de ley que permitirán a los servicios de seguridad del Estado intervenir las comunicaciones en Internet contra presuntos terroristas.
El Senado también anuló un reglamento de 1995 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que prohibía el reclutamiento de agentes extranjeros que hubieran violado derechos humanos.
El reglamento de 1995 se aprobó después de que se supiera que la CIA tenía como colaboradores remunerados a oficiales de países centroamericanos responsables de crímenes contra los derechos humanos, pero las agencias de inteligencia y el Partido Republicano lo consideraban poco práctico.
Así mismo, en las últimas 24 horas el Congreso tomó medidas para fortalecer la posición de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre todo para allanarle el camino a Bush, quien hablará ante la Asamblea General del foro mundial el 24 de este mes.
A pedido del gobierno, el jefe de la bancada republicana en la cámara baja, el representante Tom Delay, accedió a entregar 582 millones de dólares adeudados a la ONU, que ese legislador de derecha había bloqueado para impedir que Estados Unidos cooperara con el Tribunal Penal Internacional y para castigar a los países que ratificaron el Tratado de Roma que lo sustenta.
Al mismo tiempo, demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que habían manifestado fuertes reservas ante el nombramiento por Bush de John Negroponte como embajador para la ONU votaron el jueves para confirmarlo en su cargo y para que éste asuma antes de la visita de Bush a la Asamblea General.
Negroponte fue enviado del gobierno de Ronald Reagan (1981-89) a Honduras, cuando Washington otorgó ayuda financiera y militar a los contrarrevolucionarios nicaragüenses y entrenó a unidades del ejército que actuaron como escuadrones de la muerte.
El candidato de Bush para embajador ante la ONU fue acusado entonces de encubrir violaciones a los derechos humanos y de no informar al Congreso de lo que había ocurrido.
Negroponte, quien fuera también embajador ante México, negó las acusaciones. Al final, el comité recomendó al Senado que confirme a Negroponte en su cargo.
Así mismo, Bush se comunicó con el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, luego de que el secretario de Estado Colin Powell le pidiera al gobernante israelí que aceptara negociar el cese del fuego con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yaser Arafat.
La participación directa de Bush se considera evidencia de la creciente presión de Washington para que Israel deje de realizar actos provocativos contra la opinión pública islámica.
Mientras, el vicepresidente Dick Cheney fue trasladado a la casa de descanso presidencial, en Camp David, como medida de seguridad, según fuentes oficiales. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
