El antiterrorismo ocupó el lugar del anticomunismo como prioridad de la política exterior de Estados Unidos, y determinará cuáles gobiernos serán recompensados o castigados por este país en función de su colaboración con la guerra de Washington contra el terrorismo, sobre todo islámico.
Ese sería el mensaje que dio al resto del mundo el presidente estadounidense George W. Bush en su discurso del jueves ante el Congreso legislativo, a raíz de los atentados del martes 11 que destruyeron las torres gemelas de Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono en Washington.
«Cada país de cada región tiene ahora un decisión que tomar. O están con nosotros o están con los terroristas», advirtió Bush.
«Esa será la primera pregunta que tendrá Estados Unidos para cualquier país. Presenciamos un auténtico cambio de paradigma en la política exterior, cuyo principio central será la lucha contra el terrorismo», según Thomas Donilon, jefe de personal del ex secretario de Estado (canciller) Warren Christopher.
De ser verdad, las consecuencias de este cambio son enormes, debido al poder económico y militar de Estados Unidos y su influencia en instituciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De la noche a la mañana, la actitud de los países ante los derechos humanos, sus esfuerzos contra la corrupción, el respaldo a la democracia y la protección ambiental descendieron en la escala de prioridades de la política exterior de Washington para ceder su lugar al antiterrorismo.
Incluso el apoyo de Washington a las políticas económicas orientadas al mercado podrían quedar subordinadas al objetivo primordial de aplastar al terrorismo islámico.
Esas políticas son el centro del llamado Consenso de Washington, que en los años 90 determinó cuáles países obtendrían financiación del Banco Mundial y el FMI.
Estados Unidos ya está preparando sustanciales paquetes de ayuda para Pakistán y Uzbekistán, estados en la primera línea de la batalla contra Al Qaeda (La base), la organización presuntamente terrorista de Osama bin Laden, extremista saudita oculto en Afganistán al que Washington considera el principal sospechoso de los atentados, que dejaron más de 6.300 muertos.
Washington levantará pronto las sanciones económicas y militares que impuso a Islamabad luego de que Pakistán detonara armas nucleares en respuesta a las pruebas atómicas de India, según colaboradores del Congreso legislativo.
Si Islamabad sigue cooperando con Estados Unidos, Washington también podría volver a otorgarle ayuda no humanitaria, actualmente prohibida contra aquellos gobiernos que asumen el poder mediante golpes militares, afirman las mismas fuentes.
Otros enrolados en la guerra de Estados Unidos también serán recompensados, como quedó claro esta semana durante la visita a Washington de la presidenta de Indonesia, Megawati Sukarnoputri, a quien Bush prometió mayor ayuda económica y militar.
Esto a pesar de que Washington reconoce que la situación de derechos humanos se deterioró en los últimos meses en Indonesia, cuyo gobierno se negó a cooperar con los esfuerzos internacionales para procesar a los militares responsables de la devastación causada en Timor Oriental en 1999.
Yakarta fue uno de los aliados más firmes de Estados Unidos contra el comunismo durante la guerra fría, lo cual le reportó miles de millones de dólares en ayuda económica y militar. De esa manera, el presidente Alí Suharto pudo mantener uno de los regímenes más corruptos y brutales de Asia.
Washington también estaría dispuesto a acercarse a gobiernos autoritarios como Argelia y estados de Asia Central, según funcionarios del gobierno de Bush.
Las prácticas antidemocráticas y las violaciones de los derechos humanos en Argelia y Uzbekistán fomentan la insurgencia islámica en esos países, según la organización humanitaria International Crisis Group.
«Al proporcionar ayuda policial y militar a estos regímenes, corremos el riesgo de reforzar elementos radicales que sólo empeorarán la situación», observó un funcionario del Departamento de Estado (cancillería).
Incluso algunos países a los que Washington acusa de apoyar el terrorismo podrían beneficiarse si dan la espalda a quienes hasta el momento eran sus aliados.
El presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, intervino esta semana para impedir la votación legislativa sobre un proyecto de ley que presionaría al gobierno islámico y árabe de Sudán a poner fin a la guerra que lo enfrenta desde hace 18 años con el sur cristiano y negro del país.
La medida contra el proyecto de Ley de Paz de Sudán, que asombró a las organizaciones de derechos humanos, al parecer fue ordenada desde la Casa Blanca.
El proyecto tiene el apoyo de una amplia alianza de organizaciones de la derecha cristiana, sindicatos, la bancada negra del Congreso y varios grupos de derechos humanos.
Hasta el martes 11, Washington había condenado la conducta bárbara del régimen sudanés durante la guerra civil. Estados Unidos cree que Jartum, que albergó a Bin Laden entre 1991 y 1996, aún refugia a varios de sus asociados.
Pero ahora Washington sostiene que Jartum se convirtió en un socio de Estados Unidos en la cooperación contra el terrorismo, al entregar información sobre 26 personas vinculadas a Bin Laden, y prometer pasos concretos para llevarlos ante la justicia.
«Si tomamos el 11 de septiembre como el comienzo del nuevo orden mundial, (Jartum) ha indicado que quiere estar en el bando correcto. En este momento eso es productivo, y no lo vamos a echar a perder», subrayó un funcionario en Washington.
«No puedo creer que sean tan cínicos como para abandonar a su suerte a millones de sudaneses del sur, sólo porque un régimen, que trabajó mano a mano con Bin Laden, dice que abrirá sus archivos y entregará a un par de sospechosos», exclamó un activista.
Ese parece ser el nuevo realismo político de la política exterior de Estados Unidos, aunque el gobierno insiste en que seguirá presionando a Sudán y otros países para que mejoren su situación de los derechos humanos.
Pero analistas argumentan que, al convertir al antiterrorismo en la prioridad de sus relaciones bilaterales, Washington deja de lado otros intereses, sean de derechos humanos, corrupción o economía, por lo menos mientras dure la nueva guerra de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
