Medios de prensa y ONG de Estados Unidos lograron hoy un triunfo en su campaña por frenar una iniciativa legislativa para sancionar con prisión a los funcionarios que revelen a personas no autorizadas información reservada del gobierno.
El gobierno de George W. Bush anunció que aún no está preparado para apoyar la iniciativa en cuestión, contenida en una enmienda adjunta al proyecto de ley de Autorización de Inteligencia 2002.
La administración postergó su decisión sobre la enmienda a pesar de la presión de legisladores conservadores como el senador republicano Richard Shelby, autor de la propuesta e integrante del Comité de Inteligencia del Senado.
Funcionarios informaron que el gobierno creará una comisión integrada por representantes de distintos organismos estatales para determinar si es necesaria la enmienda, que el año pasado fue vetada por el entonces presidente Bill Clinton.
Pero los adversarios de la iniciativa, a la que llaman ley de Secretos Oficiales, cantaron victoria cuando el Comité de Inteligencia canceló una sesión prevista para este miércoles que escucharía testimonios sobre el proyecto.
«Es una victoria enorme», afirmó Tom Blanton, director del Archivo de Seguridad Nacional, una ONG (organización no gubernamental) que suele publicar documentos liberados por el gobierno.
«Significa que, a menos que el gobierno de Bush hable en público acerca del daño que provocan las filtraciones de información…, el proyecto no sobrevivirá», agregó.
Una portavoz de Shelby dijo a IPS que el senador no intentará reflotar la enmienda hasta que esta sea revisada por la comisión nombrada por el gobierno, que será presidida por el Fiscal General John Ashcroft.
Varias leyes estadounidenses penalizan la divulgación sin autorización de información secreta referida a armas nucleares, códigos militares y la identidad de agentes de los servicios secretos del país.
También está penada por ley la divulgación de información secreta que perjudique la defensa nacional, aunque rara vez se ha aplicado, en parte debido a la dificultad de comprobar el perjuicio.
Pero la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros organismos de servicios secretos pretenden leyes más generales, y hallaron un aliado en Shelby cuando éste pasó a presidir el Comité de Inteligencia del Senado en 1996.
La enmienda convierte en delito mayor penado con fuertes multas y hasta tres años de prisión la revelación intencional de información secreta por empleados públicos, en actividad o jubilados.
Lo único que tendría que comprobar el gobierno para aplicar la ley sería que la información fue pasada a alguien que no estaba autorizado para recibirla.
«Las filtraciones proceden en un 80 por ciento del Poder Ejecutivo. Creo que socavan la seguridad nacional», aseguró Shelby el año pasado tras presentar su iniciativa.
Funcionarios aseguraron a la prensa que filtraciones a la prensa hicieron que Osama bin Laden, considerado terrorista islámico por Washington, se enterara de que Estados Unidos había interceptado su teléfono satelital y utilizara otros medios de comunicación.
El gobierno de Clinton había apoyado inicialmente la enmienda, cuando la adjuntó a la Ley de Autorización de Inteligencia 2001.
La celeridad con que se movió Shelby y la rápida aceptación del gobierno tomaron de sorpresa a organizaciones de prensa y otras, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el Archivo de Seguridad Nacional.
Pero para cuando le correspondió a Clinton promulgar la ley, los mismos grupos ya habían obtenido el apoyo de legisladores contrarios a la misma. Al final Clinton vetó la propuesta, con el argumento de que «frenaría» esfuerzos legítimos por periodistas y otros grupos de revelar acciones incorrectas del gobierno.
Shelby confiaba en que el gobierno de Bush firmaría la enmienda, que adjuntó a la ley de 2002, pero sufrió un revés en mayo cuando el senador republicano James Jeffords se declaró independiente, lo cual le otorgó la mayoría del Senado al opositor Partido Demócrata.
El líder de la mayoría demócrata, Tom Daschle, fue uno de los mayores adversarios de la enmienda de Shelby.
La prensa lanzó una fuerte campaña contra la iniciativa, principalmente a través de editoriales, incluso en la localidad natal de Shelby en Alabama.
«Este proyecto aterrador merece un escrutinio mayor… porque habrá de enfriar inevitablemente la interacción entre el gobierno y el público», aseguró Time McGuire, redactor responsable del diario más destacado de Minneapolis y presidente de la Sociedad Estadounidense de Redactores de Periódicos (ASNE), uno de los grupos contrarios a la enmienda.
«No hemos tenido una ley de Secretos Oficiales en tiempos de guerra ni en la guerra fría, y tampoco hace falta ahora», sentenció en un comunicado de prensa distribuido por ASNE.
Otros de los grupos que se manifestaron a través de la prensa contra la enmienda fueron la Newspaper Association of America (NAA), la American Library Organisation (ALA), la Federation of American Scientists, y varias asociaciones históricas.
Blanton, del Archivo de Seguridad Nacional, dijo que uno de los factores que llevaron al gobierno a no apoyar la enmienda fue la noticia de que un fiscal de Nueva York obtuvo una orden judicial para buscar en los registros telefónicos de un reportero de la agencia de noticias Associated Press quién le brindaba información sobre una investigación policial en curso.
Shelby hizo hincapié en que la enmienda que propone no implica un riesgo para los periodistas, ya que sólo se aplica a funcionarios, pero el «caso de Nueva York llamó la atención sobre los abusos de los fiscales», aseguró Blanton. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
