Los dos grandes partidos de Estados Unidos dejaron sus principios ideológicos de lado para acelerar la aprobación de leyes en el Congreso destinadas a asegurar el apoyo extranjero a la guerra contra el terrorismo.
El Senado autorizó el lunes un proyecto de ley de libre comercio con Jordania que había sido aprobado por la Cámara de Representantes este año y que hasta los atentados del día 11 tuvo la oposición de senadores conservadores del gobernante Partido Republicano.
El gobierno pretende que el proyecto se convierta en ley antes del viernes, cuando el rey jordano Abdulá, un aliado clave de Estados Unidos, llegará a Washington para reunirse con el presidente George W. Bush.
También el lunes, la Cámara de Representantes autorizó el desembolso de 582 millones de dólares adeudados a la Organización de las Naciones Unidas, poniendo fin así al prolongado esfuerzo de legisladores republicanos por debilitar el Tratado de Roma, base del Tribunal Penal Internacional.
Los republicanos no son los únicos obligados a sacrificar sus principios, ahora que el país se prepara para la guerra contra la organización Al Qaeda (La base) del saudita Osama bin Laden, considerado por el gobierno de Bush el principal sospechoso de los atentados que destruyeron las torres gemelas de Nueva York y demolieron parcialmente el edificio del Pentágono en Washington.
El opositor Partido Demócrata dejó de lado su intento de aprobar una iniciativa legislativa para impedir que el gobierno realice pruebas nucleares en violación del Tratado de Misiles Antibalísticos (1972) sin la autorización del Congreso.
«Ahora tenemos un Congreso en época de guerra. Eso significa que tenemos que estar unidos sobre los temas o tenemos que aplazarlos», dijo el principal defensor de la abandonada iniciativa, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, Carl Levin.
Los demócratas también apoyaron la decisión del gobierno de levantar las sanciones económicas y comerciales impuestas a Pakistán a causa de su ensayo de armas nucleares.
Estos hechos reflejan un cambio radical en la política estadounidense a raíz de los atentados terroristas.
En este sentido, el gobierno, uno de los mayores defensores de la libertad del mercado en la historia del país, preparó una ayuda estatal de 15.000 millones de dólares para las aerolíneas comerciales, perjudicadas por los atentados, y persuadió a sus aliados más conservadores del Congreso para que la aprobaran.
El gobierno también podría apoyar las propuestas demócratas para nacionalizar la seguridad en los aeropuertos.
Así mismo, ya no se oyen las declaraciones sobre la necesidad de mantener el superávit del presupuesto federal y la seguridad social que imperaban antes del 11 de septiembre, mientras los legisladores presentan cada vez más ideas para impulsar la confianza de los consumidores y generar una economía de «guerra».
«Súbitamente, la billetera de Washington está abierta. Después de una década de primacía del sector privado, el sector público tomará un papel más importante en la economía», señala un titular en la revista Business Week.
Washington parece decidido a exportar su nueva filosofía.
Luego de que condenara la ayuda multimillonaria del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a gobiernos extranjeros que se resisten al libre mercado, ahora Washington está dispuesto a apoyar asistencia financiera para aliados clave, como Indonesia y Uzbekistán, en la batalla contra el terrorismo.
«Toda la legislación debe verse a través del prisma de la situación en que nos encontramos», dijo el senador republicano Mitch McConnell la semana pasada.
«Debemos recompensar a aquellos países que cooperan con nosotros para luchar contra el terrorismo y castigar a aquellos que no lo hacen», agregó.
Estados Unidos propone perdonar miles de millones de dólares que le debe Pakistán, eliminar los obstáculos de la ayuda a la Autoridad Nacional Palestina, y aumentar la ayuda a Asia Central, incluso Tajikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, cuyos territorios Washington podría utilizar en incursiones contra Afganistán.
Esta generosidad preocupa a organizaciones no gubernamentales (ONG) que temen que se pierdan años de trabajo para condicionar el apoyo y la ayuda estadounidense a los países que mejoran su situación de derechos humanos, la no proliferación nuclear, la protección ambiental, el combate a la corrupción, etc.
«La alianza (contra el terrorismo) se está convirtiendo en un mercado para negociar con respecto a armas de destrucción masiva», advirtió la ONG Greenpeace este martes, en protesta porque Washington levantará las sanciones a Pakistán.
La ONG Human Rights Watch señaló en una carta enviada al secretario de Estado Colin Powell que Washington se arriesga a ser utilizado por regímenes «oportunistas», sobre todo en Asia central, con malos antecedentes de derechos humanos.
«Muchos países sienten que Estados Unidos perdonará acciones cometidas en nombre del antiterrorismo que habría condenado hace poco», indicaba la carta.
Pero, por ahora, ninguna de esas advertencias ha sido escuchada, mientras el gobierno y el Congreso se dedican a obtener el apoyo internacional para la guerra que se avecina.
Al parecer, Jordania será una de las beneficiadas. Aunque Washington no tiene planes para utilizar su territorio en el combate, Amán es visto como un fuerte aliado en la lucha contra Bin Laden.
Las fuerzas de seguridad jordanas disolvieron una célula de fundamentalistas islámicos vinculados a Al Qaeda que planeaban atentados terroristas contra Estados Unidos e Israel durante los festejos del año 2000.
El pacto de libre comercio con Jordania aprobado el lunes por el Senado fue concebido por el ex presidente Bill Clinton como forma de recompensar a ese país porque apoyó las gestiones estadounidenses de mediación en el proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina.
El mismo sienta un precedente para futuros acuerdos comerciales que incluirían la protección a los derechos de los trabajadores y el ambiente.
El tratado prácticamente elimina los aranceles entre los dos países y establece un mecanismo de resolución de disputas que impondría sanciones si las leyes laborales o ambientales no se aplican o se debilitan.
El acuerdo es visto como un peligroso antecedente por republicanos de derecha. «Desde el punto de vista de la política económica… este fue un tratado pésimo. Pero desde el punto de vista de la política exterior, era imprescindible», afirmó el republicano Phil Gramm. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq/ip/01
