Más de 150 organizaciones civiles de Estados Unidos comenzaron hoy una movilización para proteger las libertades de estadounidenses y residentes extranjeros de eventuales excesos de la política antiterrorista del gobierno.
La alianza «En defensa de la libertad», de máxima amplitud pluralista, en la que figuran grupos de izquierda y derecha e incluso una asociación nacional que defiende el derecho a la posesión y porte de armas, criticó un proyecto de ley que endurece la política relativa a los inmigrantes.
El proyecto antiterrorista, presentado al Congreso el miércoles por el procurador general John Ashcroft, aumenta las facultades de las fuerzas de seguridad para intervenir las líneas telefónicas y de computadoras, obtener datos personales y detener o deportar a extranjeros, destacó la alianza.
Así mismo, amplía la definición de «terrorista», para incluir a cualquiera que conceda apoyo material a organizaciones terroristas aunque desconozca el carácter y los objetivos de esos grupos.
El clima creado por los atentados del martes 11 en Nueva York y Washington favorece la «prisa» por «cambiar las leyes del país sin discutir cómo será afectada nuestra seguridad o nuestra libertad», advirtió Anthony Romero, director de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones de la nueva alianza.
«Debemos tomar medidas (contra el terrorismo), pero también mejorar nuestra seguridad y proteger nuestras libertades», dijo Romero.
Ashcroft instó al Congreso a aprobar su iniciativa este fin de semana. Pero varios legisladores, incluso del oficialista partido Republicano, pidieron más tiempo para considerarlo.
El presidente del comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, redactó un proyecto alternativo, que limita las facultades especiales al gobierno, aunque incorpora algunas de las medidas propuestas por Ashcroft.
«Si vamos a cambiar las leyes en caso de emergencia, tenemos que tener mucho cuidado. Si olvidamos la Constitución, los terroristas habrán vencido», dijo Leahy.
Estados Unidos tiene una larga historia de respuesta a emergencias nacionales mediante el fortalecimiento de los poderes del gobierno, incluso en colisión con derechos constitucionales.
El presidente Abraham Lincoln, por ejemplo, suspendió el habeas corpus durante la guerra civil (1861-1865), y en la primera guerra mundial (1914-1918) se detuvo a pacifistas por distribuir folletos contra el reclutamiento militar.
El caso más conocido tuvo lugar cuando Washington declaró la guerra a Japón tras el ataque a la base naval de Pearl Harbour, Hawai, en 1941. Decenas de miles de japoneses-estadounidenses fueron internados sin juicio durante años en campamentos remotos de todo el país.
«La historia nos ha demostrado que en tiempos de calamidad nacional, los derechos y las libertades civiles figuran entre las bajas, junto a las víctimas (de los atentados de la semana última), cuya pérdida lloramos», observó Wade Henderson, director de la Leadership Conference on Civil Rights, integrada por 180 grupos nacionales.
La alianza «En defensa de la libertad» se formó «con la esperanza de que las consecuencias de la tragedia de la semana pasada sean la excepción», señaló Henderson.
La destrucción de las torres gemelas de Nueva York y el atentado contra el Pentágono (Departamento de Defensa) en Washington, causó al menos 6.300 víctimas, según la última información oficial.
La alianza incluye a grupos de izquierda como People for the American Way, National Lawyers Guild y Women's International League for Peace and Freedom, así como organizaciones conservadoras como Free Congress Foundation, Eagle Forum, Gun Owners of America y Americans for Tax Reform.
«No podemos y no debemos permitir que nuestras libertades constitucionales sean víctimas de estos violentos atentados», declaró el representante (diputado) republicano Bob Barr, ex integrante de la derechista John Birch Society, conocido por su afán por someter a juicio político al ex presidente Bill Clinton.
Las organizaciones de derecha apoyaron al Buró Federal de Investigación (FBI) durante la guerra fría, pero en la última década se alejaron de los organismos de seguridad.
El incidente que produjo ese distanciamiento fue el asalto del FBI en 1991 a un complejo de edificios en Waco, Texas, donde en que una secta religiosa se había atrincherado con armas de fuego.
Otros integrantes de la alianza son organizaciones islámicas, de derechos humanos (como Amnistía Internacional y Human Rights Watch), la Asociación Nacional de Policías Negros, el Consejo Nacional de Iglesias y varios grupos de la comunidad asiática y árabe.
Organizaciones judías también se sumarán a la alianza, después de los festejos en curso por el año nuevo judío, según Mort Halperin, un alto funcionario durante el gobierno de Clinton.
La alianza exigió que se defienda el «derecho a la discrepancia pacífica» y que se resista toda gestión contra «personas debido a su raza, religión, origen étnico o apariencia, incluso contra los inmigrantes en general, árabes estadounidenses y musulmanes».
El gobierno cree que los atentados del día 11 fueron obra de suicidas musulmanes, dirigidos por el extremista saudita Osama bin Laden. Los actos terroristas desataron ataques contra mezquitas y supuestos musulmanes en todo el país, en los cuales habrían muerto tres personas.
El gobierno denunció estos ataques y el FBI prometió investigar y perseguir a los responsables. El presidente George W. Bush visitó la mezquita más conocida de Washington para expresar su apoyo a la comunidad de musulmanes en Estados Unidos, calculada en 6,5 millones de personas.
Dirigentes de la alianza civil elogiaron la actitud del gobierno, pero advirtieron que algunas de las medidas incluidas en el proyecto de ley de Ashcroft seguramente perjudicarán a la comunidad árabe y musulmana, al igual que a los inmigrantes en general. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/aq/hd/01
