La atención y rehabilitación de las víctimas de minas antipersonal fueron hoy centro de atención, en la sesión final de la conferencia de los estados parte del tratado contra el uso, producción y venta de esos artefactos, realizada en la capital nicaragüense.
La III Reunión de Estados Parte de la Convención de Ottawa fue clausurada por el canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre, presidente de la cita comenzada el martes, quien resaltó «los avances importantes» en la aplicación de este acuerdo firmado en 1997 y que entró en vigor al año siguiente.
Unos 500 delegados de gobiernos, investigadores, portavoces de organizaciones no gubernamentales, así como víctimas y sus familiares, se reunieron durante cuatro días en Managua para examinar la marcha del acuerdo que prohíbe las minas terrestres antipersonal.
Los representantes oficiales y de la sociedad civil destacaron desde el comienzo de las sesiones, de manera coincidente, los «enormes avances» logrados en la remoción de minas, destrucción de arsenales y adhesiones a la convención firmada en la capital de Canadá.
Teniendo estos aspectos encaminados, los debates, desarrollados en forma de un amplio intercambio de opiniones e intervenciones, se centraron en aspectos que refieren a la asistencia y rehabilitación de las víctimas y a planes educativos preventivos.
Una propuesta que recibió un apoyo importante fue el anuncio de la organización no gubernamental Hadicap International de realizar en noviembre en Tailandia una primera conferencia técnica regional para víctimas de las minas en Asia.
Ese encuentro es apoyado financieramente por Suiza, Noruega y Alemania y estará precedido de talleres locales en Cambodia, Laos, Vietnam y también en Tailandia.
El delegado de Suiza, embajador Christian Faessler, dijo que esta reunión será un ejemplo concreto de implementación del marco estratégico de atención a las víctimas, que fuera aprobado en la I Reunión de Estados Parte, realizada hace dos años en Mozambique.
Faessler comentó que la atención a las víctimas debe ser inmediata, apenas concluya un conflicto, porque es difícil garantizar atención en medio de enfrentamientos y, por otro lado, los programas deben ser interinstitucionales, uniendo a entidades oficiales y privadas, nacionales y extranjeras.
Por su parte, Nidya Quiroz, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), confirmó que esa agencia apoyará la iniciativa regional en Asia a favor de las víctimas de minas antipersonal, además de que prepara un informe global sobre los niños y niñas afectados por estos explosivos en el mundo.
A su vez, Peter Herby, de la Acción contra las Minas del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo que la experiencia que impulsa Handicap International en Asia «puede consolidar un modelo a futuro, porque pasamos de los debates generales a detectar y enfrentar necesidades nacionales».
A juicio de Herby, la realización de conferencias regionales, precedidas de talleres nacionales podría ser una nueva manera de abordar el trabajo global en la materia por parte del Comité Permanente de Asistencia a las Víctimas de la Convención de Ottawa.
El debate sobre las víctimas de minas concentró las discusiones finales de la reunión, que tenía por finalidad el intercambio entre los países y no llegar a acuerdos o compromisos concretos. Algunas sesiones se convirtieron en interminables cadenas de intervenciones que no parecían tener conexión.
A juicio de algunos participantes, este diálogo de Managua fue importante para que los Estados sepan la situación global del problema de las minas y afinen sus estrategias nacionales de cara a la conferencia de revisión de la Convención de Ottawa, prevista para 2004.
La IV Reunión de Estados Parte, en tanto, se realizará en septiembre de 2002 en Ginebra, en instalaciones de la Organización de las Naciones Unidas.
El grupo Campaña Internacional contra las Minas Antipersonal (ICBL, por sus siglas en inglés) manifestó en la clausura de la reunión que «está disminuyendo el número de víctimas humanas, pero se evidencia una falta de recursos financieros para atención a las personas que quedan discapacitados por las explosiones».
Esa organización no gubernamental, cuya labor fue reconocida en la declaración final de la reunión, aseveró que, al igual que en materia de desminado y destrucción de arsenales, la convención establece la necesidad de cooperación internacional para los países que no cuenten con fondos para atender a los afectados.
ICBL, por ejemplo, presentó al plenario de delegados a varias víctimas que forman parte del programa «Levantando las voces», que reúne a un grupo de sobrevivientes latinoamericanos, a los cuales se les apoya en su capacidad de lobby ante las autoridades y la relación con sus comunidades de origen.
El Informe del Monitor de Minas Terrestres 2001, que produce ICBL junto a organizaciones como Human Rights Watch, señaló que se observan avances de forma global en torno al problema de las minas antipersonal, aunque aún existen 90 países con grandes arsenales o terrenos minados.
Prácticamente dejó de existir el comercio de minas y el número de países que las producen ha bajado de 55 a 14 en la actualidad. Además, en los últimos 12 meses se han destruido cinco millones de minas almacenadas.
Las estadísticas también indican que la cantidad de víctimas en el mundo osciló el año pasado entre 15.000 y 20.000, frente a un promedio de 26.000 anuales en el pasado. En 2000 se removieron minas en unos 185 millones de metros cuadrados en diversos países de América Latina, Africa y Asia.
Estos buenos resultados se relacionan con la Convención de Ottawa, un exitoso instrumento internacional ratificado por 120 países hasta ahora y firmado por otros 21. Es una aceptación muy importante, pues estos tratados tienen ritmos más lentos en el proceso de adhesiones y ratificación.
Sin embargo, como recordaron diplomáticos en Managua, el reto mayor está en incorporar a las tres de las principales potencias militares del mundo actual: Estados Unidos, China y Rusia.
China tiene alrededor de 110 millones de minas antipersonal, Rusia entre 60 y 70 millones y Estados Unidos 11,2 millones.
Ninguno de los tres países dio señales en Managua de comprometerse con la Convención de Ottawa y eso parece ser el talón de Aquiles del tratado contra estos explosivos. (FIN/IPS/ac/dm/ip/01
