Los países adherentes a la Convención de Ottawa comenzaron hoy en la capital de Nicaragua a revisar sus «asignaturas pendientes» respecto de la remoción y eliminación de las llamadas minas antipersonal, flagelo remanente de varias guerras.
Unos 500 delegados de gobiernos y de grupos no gubernamentales, investigadores y familiares de víctimas de esos explosivos participan en la tercera reunión anual de los países que han firmado y ratificado este tratado internacional, considerado uno de los más exitosos instrumentos multilaterales.
Los representantes oficiales y de las organizaciones no gubernamentales destacaron los «enormes avances» logrados en la materia desde que en 1997 se firmara la convención en la capital de Canadá, que entró en vigor en marzo de 1998.
Diplomáticos opinaron que la conferencia, que finalizará este viernes, será de gran utilidad para examinar los resultados obtenidos «a mitad de camino» entre la Convención y su conferencia de revisión programada para 2004.
«Estamos ante un proceso exitoso, en el cual la sociedad civil ha tenido un papel fundamental y donde se ha evidenciado la importancia de la cooperación internacional», dijo el canciller nicaragüense Francisco Aguirre, presidente de la reunión.
La cita fue confirmada pese a que el viaje de muchos delegados se vio afectado por cambios en los itinerarios de las compañías aéreas internacionales, tras los atentados terroristas del martes pasado que destruyeron el World Trade Center, de Nueva York, y un sector del Pentágono (Departamento de Defensa), en Washington.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, en un mensaje enviado a la conferencia, dijo que la reunión «refleja el compromiso internacional con Nicaragua», y es un reconocimiento al vasto plan de remoción de minas desarrollado en este país centroamericano.
En las diferentes intervenciones se puso énfasis en el apoyo financiero. Nicaragua es un ejemplo claro de la necesidad de cooperación exterior para poder desarrollar un plan exitoso.
Durante el conflicto armado interno de Nicaragua en los años 80 fueron colocadas unas 135.000 minas antipersonal. El programa de retiro de minas militares comenzó en 1991, pero las autoridades carecían de recursos técnicos y económicos suficientes para desarrollarlo.
La ayuda provino de la OEA, que auspició un plan en el cual están involucrados una veintena de países, con aportes financieros de Noruega y Holanda y la cooperación técnica de Japón, Venezuela y Uruguay, entre otros.
Por su parte, el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, Jayantha Dhanapala, recalcó que gracias a la Convención de Ottawa «se ha logrado una dramática disminución en la producción, transferencia, almacenamiento y uso de las minas antipersonal».
«Cada vez hay más actividades de remoción, cada vez se asiste más a las víctimas, se destruyen más arsenales y se desarrollan tecnologías más eficaces (para detectar minas)», apuntó el diplomático de Sri Lanka.
Con esa apreciación positiva coincidió la premio Nobel de la Paz, Jody Williams, fundadora de la Campaña Internacional por la Prohibición de las Minas Antipersonales (ICBL, por sus siglas en inglés).
Dhanapala anunció que la Organización de las Naciones Unidas desarrolla una estrategia a cinco años contra las minas antipersonal, que incluye un instrumento internacional sobre municiones sin estallar, aspecto no contemplado originalmente en la Convención de Ottawa.
Sin embargo, el estadounidense Stephen Goose, de Human Rights Watch, puntualizó que «no todas son buenas noticias».
Goose precisó que las minas siguen siendo usadas por grupos insurgentes, como ocurre en Colombia, y que algunos países signatarios no estén cumpliendo con las prohibiciones, como sucede en Africa.
Añadió que las organizaciones no gubernamentales que hacen un seguimiento del tratado internacional esperan que Nicaragua, con la presidencia del grupo a partir de este martes y por un año, le imprima «un nuevo liderazgo» a la lucha contra las minas antipersonal.
La Convención de Ottawa es considerada un exitoso instrumento, con 121 países estados miembros a la fecha y otros 20 en proceso de ratificación, un ritmo de adhesión no común en este tipo de tratados internacionales.
Sin embargo, como recordaron diplomáticos en Managua, el reto mayor está en incorporar a las tres de las principales potencias militares del mundo, como son Estados Unidos, China y Rusia.
Por su parte, ICBL, a través de la colombiana Diana Roa, hizo un llamado a Estados Unidos y Cuba para que reconozcan el tratado y conviertan al hemisferio americano, «en el primer continente libre de minas».
Cuba y Estados Unidos son los únicos países americanos que no forman parte de la Convención. En tanto, América Central es presentada ahora como modelo de cooperación internacional e interinstitucional para erradicar este problema.
Los delegados destacaron que prácticamente dejó de existir el comercio de minas en el mundo y sólo 14 países las producen en la actualidad, mientras en los últimos 12 meses se han destruido cinco millones de minas almacenadas.
El Informe del Monitor de Minas Terrestres, de ICBL, indicó que el número de víctimas causadas por las minas antipersonal alrededor del mundo osciló en el último año entre 15.000 y 20.000, frente a un promedio mayor a 26.000 anuales en el pasado.
Aunque en 2000 se desminaron 185 millones de metros cuadrados en diversos países de América Latina, Asia y Africa, siguen existiendo enormes cantidades de estos artefactos en los arsenales militares de varios países.
China tiene alrededor de 110 millones de minas antipersonal, Rusia entre 60 y 70 millones y Estados Unidos 11,2 millones.
Mientras estos tres países no formen parte de la Convención y no se comprometan con los planes que se adelantan gracias al tratado, será difícil creer en un mundo libre de minas, como reza el lema de la reunión de Managua. (FIN/IPS/ac/dm/ip/01
