Los casos de secuestro en Colombia, cometidos principalmente por guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha, aumentaron este año y 165 personas murieron en cautiverio desde enero.
Entre enero y septiembre hubo 2.462 secuestros, 9,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2000, según la fundación País Libre y organizaciones no gubernamentales que proponen la creación de un tribunal para juzgar las violaciones de derechos humanos en Colombia.
País Libre, que apoya a las víctimas y sus familiares, sostuvo que 1.067 de los secuestros fueron extorsivos y 246 tuvieron motivación política. Se ignoran los móviles de los restantes casos.
Las organizaciones guerrilleras de izquierda y los paramilitares de derecha aparecen en el informe como autores de la mayoría de los secuestros, a los que apelan tanto para obtener recursos financieros y como para ejercer presión política sobre las autoridades.
Los últimos muertos en cautiverio fueron, según País Libre, Carlos García, Alejandro Henao y el médico Alberto Nasiff, secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda organización guerrillera colombiana.
Nasiff fue abandonado por los guerrilleros cerca de Cali y murió infectado por una herida en los testículos. Henao murió por la infección de una pierna herida, y García de un paro cardíaco. El grupo de 21 secuestrados que integraban eran sometidos a intensas caminatas para esquivar la vigilancia militar.
Los otros 18 secuestrados recobraron su libertad este miércoles, un hecho que llevó al alto comisionado para la Paz del gobierno, Camilo López, a afirmar que «es posible decir que empezaron ya las conversaciones» para una negociación de paz con el ELN.
Este grupo era parte de los cerca de 40 secuestrados en tres restaurantes cerca de Cali por el comando José María Becerra del ELN, el mismo que en 1999 capturó a 60 personas en una iglesia de esa ciudad para presionar al gobierno por el inicio de una negociación de paz.
El proceso de diálogo con el ELN no comenzó porque el gobierno no autorizó la desmilitarización de una zona del noroeste colombiano para la realización de una convención nacional en que los rebeldes definirían con representantes de la sociedad civil el orden del día de la negociación.
Por otra parte, la organización paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantiene secuestrados a los legisladores Antonio Guerra, Zulema Jattin, Manuel López y Aníbal Monterrosa.
Estos secuestros tienen la finalidad de presionar a las autoridades contra la aprobación de una ley que permita el canje de soldados y policías capturados por la principal organización insurgente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por guerrilleros presos.
Las FARC y el ELN también recurren al secuestro como medio de obtención de recursos financieros, según organismos de seguridad.
País Libre afirmó que, desde enero, el ELN secuestró a 666 personas, las FARC a 625, y el Ejército Popular del Pueblo y otras organizaciones guerrillas menores a 246. A las AUC se les atribuye el secuestro de 167 personas y a delincuentes comunes 257. Se desconoce la motivación de los 501 secuestros restantes.
El incremento del secuestro a manos de delincuentes comunes se debe al desempleo de 20 por ciento, la pobreza que afecta a 45 por ciento de la población, las fallas del sistema carcelario y el desplazamiento de población rural a las ciudades, dijo a IPS Eduardo Delgadillo, autor del estudio «El secuestro en Colombia».
El secuestro es una de las formas más condenables de violación de derechos humanos, dijo Camilo González, coordinador del movimiento Mandato por la Paz, que canalizó en 1998 el reclamo de 10 millones de colombianos por el fin de todas las formas de violencia.
El caso colombiano requeriría la creación de un tribunal internacional, integrado por personalidades mundiales reconocidas, que investigue y sancione moralmente a las partes de la guerra civil que cometen estos delitos. (FIN/IPS/yf/mj/hd/01
