El desconocimiento de los ciudadanos de América Latina de sus propios derechos es uno de los principales desafíos de los ombudsman o defensores del pueblo de la región, dijeron participantes de una conferencia inaugurada hoy en la capital dinamarquesa.
Una función básica de los ombudsman latinoamericanos es enseñar sus derechos y obligaciones al público y también a las autoridades, que a veces desconocen las limitaciones de sus facultades, destacó Leo Valladares, comisario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
Valladares habló en la Conferencia sobre el Trabajo y la Cooperación de los Defensores del Pueblo y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, organizada por la cancillería de Dinamarca y el Centro Danés para los Derechos Humanos.
La reunión fue inaugurada por la ministra de Cooperación para el Desarrollo de Dinamarca, Anita Bay Bundegaard, y cuenta con la participación de 87 delegados.
El término ombudsman, originado en el siglo XIX en Suecia, hace referencia a un funcionario público designado por el parlamento para escuchar, investigar y buscar soluciones justas a las quejas de ciudadanos particulares contra funcionarios y organismos estatales.
Las recomendaciones emitidas por el ombudsman no tienen carácter coercitivo. La gratuidad de sus servicios es una de sus principales características.
La institución surgida en los países escandinavos se extendió pronto a toda Europa, donde existe una clara distinción entre el ombudsman y los organismos nacionales de derechos humanos.
América Latina, en cambio, sólo adoptó la institución del ombudsman en la década del 80, tras el fin de las dictaduras militares, con el fin de cicatrizar las heridas infligidas por las violaciones de derechos humanos y para evitar que se siguieran cometiendo, señaló Valladares.
Guatemala fue el primer país de la región en recoger la tradición escandinava, y los últimos en hacerlo fueron República Dominicana y Chile.
Todos ellos comparten el problema de la ignorancia de amplios sectores de la población sobre sus propios derechos.
«La población sólo entiende de deberes; cuando se le habla de derechos se siente como asustada», dijo a IPS Benjamín Pérez Fonseca, primer procurador para la defensa de los derechos humanos de Nicaragua.
Esta situación se debe a «una tradición de negativa de la cultura política» creada por las «dictaduras y (por el) predominio de los intereses personales sobre el bien de la sociedad», subrayó Pérez Fonseca.
Por eso, «la principal labor de la Procuraduría, creada hace apenas dos años y medio, debe ser la divulgación de los derechos de los ciudadanos», dijo el funcionario.
Rolando Milo, comisionado adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Honduras, declaró a IPS que en su país «existe una rotulación teórica de los derechos, pero, en la práctica, la gente los desconoce».
La tarea de educar a la población desgasta mucho a los defensores del pueblo de América Latina, que ya comenzaron a incursionar en la promoción de los derechos económicos y culturales, agregó.
En Bolivia, al igual que en otras naciones de la región, se han hecho esfuerzos para introducir la asignatura de derechos humanos en los programas de enseñanza, resaltó Ana María Romero, defensora del pueblo de ese país.
Otra estrategia para divulgar los derechos propios y ajenos es la capacitación de sectores específicos. Romero se refirió a los talleres realizados para las fuerzas armadas, tras los cuales se registró una reducción sustancial de las denuncias de violaciones de derechos humanos contra conscriptos.
Aunque los ombudsman latinoamericanos se asemejan a sus antecesores europeos en la independencia, el rango constitucional y la designación parlamentaria, se distinguen de aquéllos porque se ocupan de cuestiones mucho más amplias que los inherentes a su función básica de recibir e investigar quejas, dijo Valladares.
Por ejemplo, promueven el acceso al sistema de justicia, luchan contra la pobreza y la marginalización, y se ocupan incluso de problemas derivados de la globalización y de las relaciones económicas internacionales.
«Muchas veces se critica a los defensores del pueblo por invasión del terreno político, por ejemplo cuando opinan sobre la pertinencia de determinadas medidas económicas», observó el hondureño Milo.
La lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia de los defensores del pueblo es un instrumento fundamental para el fortalecimiento del estado de derecho y de la gobernabilidad, sostuvo Gonzalo Elizondo, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Sin embargo, Elizondo mencionó algunos casos «lamentables». En Paraguay, dijo, la creación del ombudsman fue prometida hace 10 años pero aún no se estableció. En El Salvador, la Procuraduría de Derechos Humanos está vacante hace dos años. En Chile aún no se puede afirmar que el ombudsman defienda los derechos humanos.
Además de la ignorancia, los defensores del pueblo latinoamericanos se enfrentan con la politización o pérdida de independencia, la falta de recursos financieros y la burocratización, señaló Valladares.
La politización se produce a través de intentos de debilitar la institución a través de presiones políticas o de influir en la selección del ombudsman, y la burocratización mediante la designación de un número excesivo de funcionarios, principalmente para atender la demanda de trabajo, explicó.
La reunión de Copenhague tiene su antecedente en la Cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, celebrada en 1999 en Río de Janeiro.
La declaración final de esa cumbre destacó la importancia de ampliar la cooperación interregional en materia de derechos humanos, democracia, desarrollo participativo y alivio de la pobreza para promover la democratización en América Latina y el Caribe.
Los defensores del pueblo y las instituciones nacionales de derechos humanos tienen un papel clave en la consecución de esos objetivos. (FIN/IPS/mlm/mj/hd/01
