Estados Unidos declaró hoy «organización terrorista» a las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que según Amnistía Internacional mantiene vínculos con oficiales del ejército colombiano.
El secretario de Estado, Colin Powell, responsabilizó a las AUC de al menos 75 masacres perpetradas el año pasado, de las que fueron víctimas «cientos de civiles».
La decisión congela las cuentas de las AUC en los bancos estadounidenses y prohíbe a integrantes del grupo visitar Estados Unidos, recaudar dinero o tener oficinas en este país.
El líder de las AUC, Carlos Castaño, envió un mensaje por correo eléctronico a la embajadora estadounidense en Colombia, Anne Patterson, para argumentar en contra de la calificación dispuesta por el Departamento de Estado.
Castaño arguyó, en procura de disuadir al Departamento de Estado, que su organización nunca atacó objetivos estadounidenses. Hace algunos meses anunció su renuncia a la dirección militar de las AUC, pero en los hechos no ha sido comprobado el alcance de esa determinación.
Powell parte este lunes en su primera gira oficial por América del Sur, que incluye una escala en Colombia para reunirse con el presidente Andrés Pastrana y con dirigentes políticos y mandos militares.
«Las AUC han llevado a cabo numerosos actos de terrorismo, incluso la masacre de cientos de civiles, el desplazamiento forzoso de aldeas enteras y el secuestro de figuras políticas para obtener respuesta a sus demandas», declaró Powell.
«Más allá de las consecuencias legales de esta decisión, espero que no queden dudas de que Estados Unidos considera inaceptable el terrorismo sin importar sus propósitos políticos o ideológicos», agregó.
Los grupos guerrilleros de izquierda Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya habían sido declarados terroristas por el Departamento de Estado.
El anuncio de este lunes se produjo en el marco de una revisión general de la política del gobierno de George W. Bush hacia Colombia, aunque se cree que no tendrá mayor impacto en lo inmediato.
No obstante, esta declaración del Departamento de Estado podría reducir el apoyo que las AUC han recibido de los empresarios colombianos, según analistas.
«Algunos de los que financian a las AUC tienen intereses económicos en toda América Latina y probablemente también en Estados Unidos. Esto puede ser una firme advertencia sobre el riesgo que corren, ellos y sus bienes, ante alguna acción estadounidense», sostuvo Robin Kirk, especialista en Colombia de la organización Human Rights Watch (HRW).
Kirk y otros defensores de los derechos humanos afirmaron que La decisión de Washington es un «paso positivo», que había sido solicitado con insistencia por ellos a medida que aumentaban las víctimas de las AUC.
El anuncio de Powell quizá le otorgue mayor credibilidad durante su primer gira por América del Sur desde que se incorporó al gobierno de Bush este año.
Antes de viajar a Colombia, Powell asistirá este martes a la conferencia de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, destinada a consolidar el compromiso del hemisferio con la forma democrática de gobierno.
El gobierno de Bush ha seguido, en líneas generales, la política de su antecesor Bill Clinton en Colombia, a pesar de presiones del oficialista partido Republicano para que aumente el apoyo a las Fuerzas Armadas colombianas y se distancie del plan de paz de Pastrana.
En su lugar, Bush solicitó al Congreso que otorgue 500 millones de dólares de ayuda a Colombia, dividida en partes iguales en ayuda militar y no militar, además de los 1.300 millones de dólares del Plan Colombia que el Congreso legislativo autorizó el año pasado.
El Plan Colombia consiste principalmente en ayuda militar, incluso en el entrenamiento y equipamiento de tres batallones especiales antinarcóticos, para ayudar al ejército a controlar las regiones dominadas por la guerrilla en el sur del país, gran parte de las cuales están dedicadas al cultivo de coca, la materia prima de la cocaína.
El gobierno de Bush pidió al Congreso que autorice 400 millones de dólares adicionales, también divididos en partes iguales en ayuda militar y no militar, para que los vecinos de Colombia, sobre todo Perú, Bolivia y Ecuador, enfrenten las consecuencias del avance del ejército colombiano hacia el sur.
Bush pretende solicitar más ayuda para Colombia en 2003, en parte para entrenar y equipar al menos un batallón antinarcóticos más. El Pentágono (Departamento de Defensa) manifestó su conformidad con el rendimiento del ejército colombiano en los últimos meses, sobre todo con el de los batallones entrenados por el Plan Colombia.
Legisladores republicanos y un informe de la Rand Corporation, centro de investigación vinculado al Pentágono, pretenden que el gobierno aumente el apoyo al ejército colombiano y que brinde un respaldo directo a sus operaciones contrainsurgentes.
Hasta el momento, Washington insiste que el apoyo militar y de inteligencia que proporciona a Colombia apunta sólo a contener el narcotráfico.
El gobierno parece decidido a resistir la presión de la derecha, debido al temor de profundizar la participación de Estados Unidos en la complicada guerra civil colombiana y a que persisten las evidencias de complicidad del ejército con las AUC.
Organizaciones de derechos humanos colombianas y estadounidenses documentan esa complicidad desde hace años. A pesar de los esfuerzos de Pastrana por contenerla, «la colaboración sigue generalizada» entre el ejército y los paramilitares, según Kirk, de HRW.
Los vínculos de las AUC con los militares son un tema delicado en Estados Unidos, ahora que el opositor partido Demócrata tiene la mayoría en el Senado y que se sabe que el grupo paramilitar está involucrado en el narcotráfico al menos tanto como los grupos guerrilleros.
La propia AUC señala en su sitio en Internet que 70 por ciento de sus ingresos proceden del tráfico de drogas.
El Senado recortó unos 55 millones de dólares al pedido de ayuda de Bush para 2002.
La declaración de las AUC como grupo terrorista extranjero tuvo en parte la intención de manifestar la seriedad de la inquietud de Washington ante la complicidad del ejército, según fuentes independientes.
«Esto refleja la gran preocupación de Washington y que la política de Pastrana para controlar a los paramilitares es bien recibida aquí. El gobierno está diciendo que hay que hacer mucho más», afirmó Michael Shifter, de la organización no gubernamental Diálogo Interamericano.
Los organismos de inteligencia militar estadounidenses proporcionan información al ejército colombiano sobre los movimientos de los grupos insurgentes, sobre todo en relación con sus actividades de narcotráfico.
«Creemos que la violencia paramilitar nunca ha sido una prioridad para Estados Unidos. Pero ahora que (las AUC) son un grupo terrorista, esperamos que esa política cambie», dijo Gina Anatangelo, especialista en Colombia de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. (FIN/IPS/tra-en/jl/aq dc/ip/01
