Las discrepancias entre países ricos y pobres son la verdadera amenaza contra el éxito de la conferencia ministerial de la OMC en Doha, prevista para noviembre, y no los riesgos de seguridad derivados de los últimos ataques contra Estados Unidos, según negociadores comerciales.
Los 142 miembros de la OMC (Organización Mundial de Comercio) no atinan a ponerse de acuerdo en la redacción del proyecto de declaración que someterán a los ministros que se reunirán en la capital de Qatar del 9 al 13 de noviembre.
Por otra parte, son inciertas las posibilidades de que el desarrollo de la reunión o su misma realización sean afectados por la crisis de seguridad creada por los atentados del 11 de este mes contra Nueva York y Washington.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, reconoció esta semana que la situación en Medio Oriente puede obligar a Estados Unidos y a los demás miembros de la OMC a reconsiderar su posición sobre la conferencia.
La seguridad constituye un imperativo y, dado lo cambiante de la situación, resulta difícil adelantar las condiciones que reinarán cuando se acerque la fecha de la reunión, dijo Zoellick.
Aunque el representante estadounidense declaró después su entusiasmo con la idea de que la reunión de Doha convoque a una nueva ronda de negociaciones multilaterales comerciales, diplomáticos acreditados en Ginebra aceptan que el problema de la seguridad pende sobre la suerte de la conferencia.
De todos modos, la cuestión puede aclararse en las conversaciones que sostendrá en Washington el lunes próximo el emir de Qatar, jeque Hamad bin Khalifa al-Thani
De todos modos, en Ginebra se advierte que el disenso entre las delegaciones parece insuperable cuando se trata de redactar la declaración ministerial de Doha.
El último intento por armonizar las posiciones, un documento presentado el miércoles por el presidente del Consejo General de la OMC, Stuart Harbison, obtuvo reacciones negativas.
Las críticas más severas procedieron de representantes de los países en desarrollo y del Grupo de Cairns, un bloque de naciones opositor a la proteccionismo estatal sobre la agricultura, integrada por países en desarrollo y también industrializados como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
El miércoles por la noche, cuando la OMC distribuyó las propuestas, un embajador de un país en desarrollo afirmó que el proyecto sobre las los acuerdos alcanzados en negociaciones pendientes pero aún pendientes de aplicación representaba «una burla».
Harbison entregó el proyecto sobre aplicación pendiente de acuerdos vigentes junto con otro que contiene el borrador de la declaración ministerial.
El proyecto de la declaración ministerial favorece la incorporación de nuevos temas a las negociaciones comerciales, como pretenden las naciones industriales.
Así, el texto propone la celebración de negociaciones para establecer normas multilaterales que aseguren condiciones transparentes, estables y previsibles para las inversiones transfronterizas a largo plazo, en particular para las inversiones extranjeras directas.
El último intento plurilateral para alentar las inversiones fue desbaratado por organizaciones no gubernamentales, que cuestionaron en París la iniciativa de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre cuyos miembros están todas las naciones industrializadas.
De la misma manera, el borrador de Harbison alienta a los ministros a convenir la celebración de negociaciones sobre la política de competencia, la transparencia de la contratación pública y la facilitación del comercio que abarca procedimientos aduaneros.
En todos esos asuntos, que interesan a los países industriales, el proyecto contiene propuestas sustanciales, observó el negociador de un país miembro de Cairns.
En cambio, en la cuestión de la agricultura el documento elude toda definición y se limita a enumerar los títulos de los aspectos que están en contradicción, sin definirlos, criticó el diplomático, que pidió no ser identificado.
El Grupo de Cairns, integrado por países que otorgan escaso o ningún apoyo estatal a la producción, reclama para la agricultura un tratamiento similar al de la industria, con aranceles mínimos o nulos.
La mayoría de los países de la OCDE invierten en cambio unos 1.000 millones de dólares cada día para subsidiar su agricultura ineficiente y ganar mercados externos con precios subvencionados.
El cuadro rural se completa con los países en desarrollo que son importadores netos de productos agropecuarios y también tienen una gran población que depende de cultivos de subsistencia.
Los textos distribuidos por Harbisdon y la OMC son desequilibrados y en cuanto al problema de la aplicación pendiente de los acuerdos ya alcanzados apenas proponen avances ínfimos, resumió la fuente negociadora.
El consejo general de la OMC examinará los dos documentos en reuniones que sostendrá del 1 al 3 de octubre. (FIN/IPS/pc/mj/if/01
