El cine obtuvo en Brasil nuevas condiciones para su desarrollo, con la creación de una agencia reguladora de la actividad y recursos adicionales para la producción, pero el decreto del gobierno sólo recoge parcialmente las solicitudes de los cineastas.
La medida provisoria (decreto presidencial de vigencia inmediata) en vigor desde el jueves excluyó la propuesta más polémica del sector cinematográfico. El pedido descartado consiste en un impuesto de cuatro por ciento sobre los ingresos brutos de las emisoras de televisión, para destinar su recaudación a la industria nacional del cine.
En cambio, fue creada la Contribución para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica, que se obtendrá de distribuidores, emisoras de televisión y empresas de alquiler de vídeo y de Internet por la comercialización de producciones de cine en formato de película y de vídeo.
También serán gravadas en 11 por ciento las utilidades obtenidas por películas extranjeras y remitidas al exterior. Además, se cobrará una tasa fija de 3.000 reales (1.200 dólares) por cada filme extranjero en exhibición en salas de cine o televisión o reproducido en vídeo.
Las decisiones fueron objetadas por las empresas distribuidoras estadounidenses, que dominan el mercado del cine en casi todo el mundo y cerca de 90 por ciento del mercado brasileño.
Pero las compañías extranjeras podrán deducir de los impuestos las inversiones que realicen en coproducciones en Brasil.
La asociación con empresas productoras brasileñas les permitirá obtener un descuento de hasta 70 por ciento del impuesto a la renta, un tributo de 25 por ciento sobre sus utilidades que ya pagaban.
La medida provisoria fijó también un tope de dos millones de reales (800.000 dólares) para las multas que la Agencia Nacional del Cine (ANCINE) puede aplicar por delitos como la piratería e infracciones como la omisión de los datos que deben entregarse al Sistema de Información y Monitoreo del cine y la videofonografía.
Esos datos son las películas nacionales y extranjeras exhibidas, la cantidad de espectadores y de días que las obras permanecen en cartel, y las sumas obtenidas. La finalidad es lograr un mejor control de la taquilla.
Los ingresos obtenidos por la aplicación de las nuevas disposiciones se destinarán a cubrir los gastos de ANCINE y a ampliar la producción nacional, que en los últimos seis años alcanzó un promedio de poco más de 25 largometrajes al año.
La medida provisoria del gobierno debe ser aprobada por el parlamento continuar en vigor, y los legisladores pueden modificarla.
La propuesta fue elaborada por una comisión constituída por el gobierno y dirigida por el ministro de la Casa Civil de la Presidencia, Pedro Parente, con la participación de representantes del sector de audivisuales, incluso de la televisión.
Fue impulsada por el tercer Congreso Brasileño del Cine, que tuvo lugar en julio de 2000 y reunió a cineastas, técnicos, empresas de equipos de filmación y laboratorios fotográficos, unidos en la lucha por el desarrollo sostenido del cine nacional.
El cine de Brasil tuvo su mejor momento en los años 70, en lo que se refiere a cantidad de filmes y taquilla, impulsado por la Empresa Brasileña de Filmes, una entidad del Estado que subsidiaba la producción y que fue desmantelada en 1990. Entonces empezó la decadencia de la industria nacional.
En renacimiento se tuvo a partir de 1994, determinado por la acción del Ministerio de Cultura y por la aprobación de incientivos fiscales que estimularon la inversión en el cine. El estancamiento de esa forma de financiación llevó los cineastas a proponer el nuevo proyecto.
A partir de ahora las políticas de desarrollo del sector serán decididas por un Consejo Superior del Cine, compuesto de siete ministros y cinco representantes de la industria cinematográfica y videofonográfica nacional.
La fuerte presión de las emisoras de televisión llevó el presidente Fernando Henrique Cardoso a excluir el tributo sobre esa área de actividad.
De todas formas, las medidas adoptadas comprenden la mayoría de las propuestas de los cineastas. Mantienen «la esencia del proyecto», dijo Luiz Carlos Barreto, el principal productor de películas en Brasil.
La lucha por obtener de las emisoras de televisión una contribución al cine continuará, cuando el parlamento discuta la medida provisoria o el proyecto de la ley de radiodifusión, que está en trámite, aseguró Assunçao Hernandes, vicepresidente del Congreso Brasileño de Cine.
La reacción de las compañías distribuidoras puso en entredicho aspectos importantes del proyecto. Pero no se justifica, según Barreto, porque por más gravámenes que se imponga a la importación de películas, éstas entran en Brasil por algunos miles de dólares y compiten con filmes nacionales cuya producción cuesta en promedio un millón de dólares.
Pero un reclamo tendrá probablemente tendrá eco entre cineastas y parlamentarios. Es la de empresas distribuidoras alternativas, que se dedican a las llamadas «películas de arte» o procedentes de países de escasa tradicióna en el mercado internacional, como Irán o India.
Esas pequeñas empresas sólo podrán subsistir si obtienen tratamiento preferencial, advirtió el Sindicato de Distribuidores Independientes de Sao Paulo. (FIN/IPS/mo/ff/cr/01
