Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la credibilidad de un tribunal que el gobierno de Camboya se propone establecer para juzgar a los miembros sobrevivientes del régimen genocida del Jemer Rojo (1975-1979).
«Existen fundados temores de que el gobierno de Camboya intentará manipular a la corte, en lugar de permitir que funcione de manera independiente», declaró James Ross, asesor legal de la organización neoyorquina de derechos humanos Human Rights Watch.
«La mayoría de los camboyanos sienten poco respeto por los tribunales, porque son demasiado corruptos», agregó.
Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y analistas independientes señalaron los vínculos políticos del poder judicial y la falta de capacitación de los jueces como otros motivos de preocupación.
El temor a que intereses políticos y no la justicia prevalezcan al final rodea al propuesto tribunal especial.
Una ley aprobada el mes pasado determinó que el organismo tendrá mayoría de jueces camboyanos, y minoría de magistrados designados por la ONU.
Por ejemplo, la corte de primera instancia estará integrada por cinco de jueces, tres de ellos camboyanos, incluso el presidente de la cámara.
El primer ministro Hun Sen confirmó esta semana esa composición del tribunal. Funcionarios de Phnom Penh enviaron por fax la versión de la ley en inglés y francés a la sede de la ONU, en Nueva York.
La finalidad del tribunal será juzgar a los líderes sobrevivientes del comunista Jemer Rojo por crímenes contra la humanidad, incluso genocidio, cometidos entre 1975 y 1979. Al menos 1,7 millones de personas murieron como resultado de las políticas aplicadas por ese grupo maoísta.
Las declaraciones de Hun Sen sobre que Camboya realizará el juicio con o sin participación de la ONU serán contraproducentes, advirtieron activistas de los derechos humanos.
La nueva ley prevé tres tipos de juicios: uno sin participación de la ONU, otro con participación limitada de extranjeros, y un tercero conducido sólo por jueces camboyanos.
«El objetivo es y debe ser servir a la justicia», instó Surya Dungher, miembro de la Alta Comisión para los Derechos Humanos en Camboya, de la ONU.
Activistas de los derechos humanos pusieron como ejemplo de neutralidad y buen funcionamiento los tribunales internacionales creados para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda y la ex Yugoslavia.
En ambas cortes, señalaron, la ONU y la comunidad internacional juegan un papel muy importante y aseguran el cumplimiento de las leyes internacionales.
El tribunal planeado para Camboya, por otra parte, sería una fusión de elementos nacionales e internacionales, aunque guiado por el derecho internacional. En esta corte, el país anfitrión tendría más libertad que en las otras para la conducción del juicio.
En cuanto a la financiación, los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia pusieron en evidencia la necesidad de recursos suficientes para llevar adelante su tarea, incluso instalaciones para la protección de testigos, señalaron los activistas.
Japón fue el país que más fondos prometió (60 millones de dólares) para el proyectado tribunal de Camboya.
«La recolección de pruebas en este tipo de casos es realmente una tarea muy difícil», resaltó Dhungel.
Por eso es necesario que el tribunal cuente con «el apoyo continuo del gobierno, la comunidad internacional y la sociedad civil para facilitar el proceso», agregó.
Para los camboyanos, «éste debe ser un proceso de cicatrización», dijo Youk Channg, hermano de víctimas del Jemer Rojo y director del Centro de Documentación de Camboya, encargado de recolectar información que será utilizada como prueba durante el juicio. (FIN/IPS/tra-en/mmm/ral/mlm/hd-ip/01
