El líder sindical Miguel Freitas da Silva, de 44 años y ocho hijos, fue asesinado hoy delante de su casa en Ipaú, en el septentrional estado de Pará, que volvió a destacarse como la zona de mayor violencia rural en Brasil, con seis homicidios desde julio.
Freitas da Silva, presidente de la Asociación de Trabajadores Rurales de Ipaú fue muerto a la vista de una de sus hijas de varios disparos efectuados por dos pistoleros en motocicleta.
Este sexto asesinato evidencia el agravamiento de los conflictos ante el avance de la producción de soja y su trasporte por grandes embarcaciones en los ríos Araguaia y Tocantins, que cruzan el centro del país y desembocan en el norte de Pará.
Las perspectivas de producción y exportación de soja estimulan el apetito de hacendados y empresas por las tierras en las orillas de esos ríos.
Ese proceso promoverá una mayor concentración de la propiedad de tierras, «desalojando poblaciones ribereñas y campesinos, como ya ocurrió en otras áreas», con los consecuentes conflictos, dijo a IPS Guilherme Carvalho, del Foro de Amazonia Oriental, que reúne a varias organizaciones no gubernamentales locales.
La penúltima víctima de la violencia en Pará, Ademir Alfeu Federicci, asesinado el 25 de agosto, era un sindicalista rural que también luchaba por la preservación del ambiente en la cuenca de otro gran río amazónico, el Xingú, que cruza el centro del estado de Pará.
Federicci fue asesinado de un tiro en la boca en su propia casa en la ciudad de Altamira, en el centro de Pará, después de denunciar actos de corrupción en organismos de fomento al desarrollo de Amazonia y de oponerse a la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el río Xingú.
El Movimiento para el Desarrollo de la Transamazónica y el Xingú (MDTX), fundado y coordinado por Federicci, reúne a 113 organizaciones de campesinos, mujeres, indígenas, educadores y religiosos.
El MDTX impulsa el desarrollo sustentable y combate proyectos gigantescos que benefician a grandes empresas en desmedro de la población y del ambiente local.
La policía dijo que la muerte de Federicci se produjo en un intento de robo.
La información policial se divulgó unos días antes de que se detuviera a Julio Cesar Santos Filho, que habría confesado haber asesinado a Federicci durante el asalto a su casa.
Sin embargo, dirigentes sociales y políticos de izquierda están seguros de que se trató de un asesinato encomendado por personajes poderosos del estado.
Ana Paula Santos, coordinadora de la Fundación Viver, Produzir y Preservar, afiliada al MDTX, aseveró que la muerte de Federicci fue en represalia por las denuncias de corrupción, la defensa de la agricultura familiar y «muchas otras banderas sociales».
Esa convicción se basa en la tradición de violencia en el área agropecuaria de Pará, que registra 453 asesinatos a causa de disputas rurales entre 1985 y octubre de 2000, según estadísticas de la Comisión Pastoral de la Tierra, organismo de la Iglesia Católica.
En el mismo lapso se registraron 1.190 homicidios en Brasil, pero sólo 85 de esos casos fueron investigados por la justicia, lo cual indica el grado de impunidad de este tipo de violencia en el país.
Los datos revelan, entonces, que Pará concentró 38 por ciento de los homicidios en que resultaron víctimas sindicalistas rurales, dirigentes de otros movimientos, campesinos y sus defensores, como sacerdotes, abogados y parlamentarios.
La policía de Altamira, como la del resto del estado de Pará, no tiene condiciones para luchar contra la violencia. Su situación es «caótica», y los grupos de la sociedad civil tuvieron que donarle combustible para que pudiera investigar el asesinado de Federicci, reveló Ana Paula Santos.
Pará, tras un primer semestre del año sin muertos en esta especie de guerra del campo, volvió a ser sacudido el 4 de julio, cuando el campesino Manoel Messias de Souza fue acribillado por «pistoleros» de una hacienda cercana a Marabá, principal ciudad del área de mayor violencia, en el sur del estado.
Cinco días después, fueron asesinados el sindicalista José Pinheiro Lima, su mujer y un hijo de 15 años, en la región de Marabá, según informó la Comisión Pastoral de la Tierra.
La lucha de los trabajadores rurales sin tierra y de los pequeños agricultores familiares liderados por Federicci, resistiendo la presión de los latifundistas, se combinó con el movimiento ambientalista que trata de impedir o reducir daños de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas e hidrovías.
La hidrovía Araguaya-Tocantins, trabada en la justicia por falta de estudios calificados de impacto ambiental, exige obras que modificarían las condiciones naturales de los ríos, afectando la naturaleza y poblaciones ribereñas, en especial indígenas, sostienen los ambientalistas.
Pero su implantación es defendida por los hacendados, interesados en expandir la siembra de soja, y por la Confederación Nacional de la Industria, que representa las empresas industriales y promueve una campaña en favor de la hidrovía, a través de una serie de seminarios.
Ocurre lo mismo con los gigantescos embalses que se formarán para generar energía que poco contribuirá al desarrollo local, pero desalojan miles de familias e inundan millones de hectáreas de bosques amazónicos, denunciaron grupos no gubernamentales ecológicos y de la sociedad civil.
En el río Xingú, está prevista la construcción de tres grandes centrales hidroeléctricas. Belo Monte está planificada para ser la segunda más grande de Brasil, detrás de Itaipú, compartida con Paraguay y ubicada en la frontera entre los dos países. (FIN/IPS/mo/dm/ip en/01
