Un vídeo que podría probar el asesinato de 36 trabajadores en 1996 en una mina de oro de Tanzania, supuestamente enterrados vivos, reavivó el reclamo de justicia de organizaciones locales e internacionales.
Tundu Lissu, abogado e integrante del Grupo de Abogados para la Acción Ambiental (LEAT), sostuvo que el vídeo dado a conocer el jueves llegó a sus manos por una filtración, y que lo envió al exterior en agosto.
La filmación muestra a un equipo de investigación policial revisando restos humanos en descomposición y mineros entrevistas aseguran que resta hallar aún otras víctimas sepultadas.
El vídeo «respalda nuestra presunción de que hubo muertos. Debería nombrarse una comisión independiente que investigue lo ocurrido», dijo Lissu, quien confeccionó una lista de 36 personas supuestamente enterradas vivas.
El gobierno de Tanzania y las empresas propietarias de la mina negaron las denuncias y pusieron en duda la autenticidad de la filmación.
Las secuencias fueron filmadas en agosto de 1996 por un integrante del equipo policial que investigaba denuncias contra la firma Kahama Mining Corporation, subsidiaria de la canadiense Sutton Resources y culpable supuestamente de sepultar vivos a mineros informales que explotaban la mina Bulyanhulu, 50 kilómetros al sur del lago Victoria.
Entre julio y agosto de 1996 se rellenaron las perforaciones ilegales y los mineros informales fueron expulsados de Bulyanhulu, cuyos derechos de explotación pertenecían a Kahama Mining. En 1999, la compañía fue adquirida por la también canadiense Barrick Gold Corporation. La explotación de la mina se inició en febrero de este año.
Pero los denunciantes aseguran que 36 trabajadores se encontraban dentro de las perforaciones cuando éstas fueron rellenadas.
La expulsión de los mineros fue presenciada por empleados de la firma, un hecho «que permite confirmar que ninguno resultó muerto», señaló Kahama Mining en un comunicado.
Barrick Gold, por su parte, sostuvo que el vídeo no es nuevo, y acusó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de presentarlo en forma «incompleta y engañosa».
«Lo que se ofrece hoy es una reiteración de viejas denuncias investigadas muchas veces en los últimos cinco años», afirmó Patrick Garver, vicepresidente ejecutivo y consejero general de Barrick Gold.
Las autoridades tanzanas tienen los vídeos completos, que «muestran claramente que los restos humanos exhibidos no son de mineros enterrados», sostuvo la firma.
El ministro del Interior, Mohamed Seif Khatib, reconoció que la inspección de la mina fue filmada por agentes de policía, pero advirtió que el vídeo de Lissu incluye sólo «una parte», lo que «podría impedir a los espectadores comprender la verdad de las acusaciones».
Sin embargo, Amigos de la Tierra-Estados Unidos, Centro por el Derecho Ambiental Internacional y el Centro de Política Minera (MPC), dos ONG de Estados Unidos, se sumaron al reclamo de justicia de organizaciones canadienses y británicas.
«Dada la gravedad de la acusación, creemos que es necesario revisar lo ocurrido en julio y agosto de 1996», afirmó Steve D'Esposito, presidente del MPC.
Amnistía Internacional envió en 1998 una delegación a Tanzania para investigar el caso, pero «no logró reunir pruebas suficientes», de acuerdo con el informe 2000 de esa ONG radicada en Londres.
Pero «eso no significa que no se hubieran cometido violaciones de derechos humanos» ni que «el gobierno u otras partes deban ignorar la situación», puntualizó Amnistía en un comunicado.
«Los hechos no saldrán a luz hasta que no se realice una pesquisa total y abierta», indicó Javier Zúñiga, director regional de Amnistía.
Las ONG reclamaron la investigación en cartas dirigidas a autoridades canadienses, estadounidenses y europeas y a la Agencia Multilateral de Garantías de Inversión del Banco Mundial (MIGA).
Esa agencia otorgó el año pasado una cobertura por riesgo político de 115 millones de dólares al grupo de bancos que financian a Kahama Mining, y 56 millones de dólares en garantías de inversión a Barrick Gold.
La canadiense Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones también suministró una póliza de 117 millones de dólares por riesgo político a la mina Bulyanhulu, cuyo valor está estimado en 280 millones de dólares.
Ambas agencias sólo respaldan a compañías que se comprometen a respetar los derechos humanos.
«Las denuncias de violaciones a los derechos humanos, expulsiones forzosas y asesinato de mineros (informales) en agosto de 1996 fueron investigadas en forma independiente antes de que la MIGA decidiera garantizar el proyecto», destacó la agencia en un comunicado emitido el miércoles.
La supuesta «nueva evidencia relacionada con muertes durante una operación gubernamental para rellenar perforaciones mineras ilegales no aporta pruebas de delitos por parte del gobierno ni de Barrick Gold Corporation», sostiene la declaración.
La agencia desacreditó la prueba de «un vídeo en lengua suahili con una declaración interpretativa que es, en el mejor de los casos, engañoso».
Para Lissu y otros activistas, la cinta es suficiente mérito para una investigación internacional.
La mina de Bulyanhulu comenzó su producción en febrero con la perspectiva de producir 400.000 onzas anuales de oro en los próximos 19 años. (FIN/IPS/tra-eng/dk/aa/dc-ff/hd/01
