El gobierno de Pakistán ordenó a los distribuidores en el país del semanario estadounidense Newsweek que arrancaran una hoja de su última edición, en la cual se expone el caso de un profesor paquistaní condenado a muerte por dichos sobre Mahoma considerados blasfemos.
Organizaciones de periodistas advirtieron que la censura de esa edición de Newsweek, del 3 de este mes, fue un nuevo y grave golpe a libertad de prensa y que estimulará a los poderosos grupos de presión islámicos a continuar su campaña, a menudo violenta, contra publicaciones que consideran antimusulmanas.
En enero, una turba incendió en la nororiental ciudad de Peshawar la imprenta del diario en idioma inglés Frontier Post, por la publicación de una carta en la sección de correo de lectores considerada blasfema contra Mahoma por los fundamentalistas.
Una corte de la nororiental ciudad de Abbottabad mantiene pendiente desde hace meses su fallo en un juicio contra cuatro periodistas del diario Muhasib, de lengua urdu, por publicar el año pasado de un artículo en el cual se afirmó que usar barba no es una tradición propia del Islam, sino anterior a él.
Funcionarios del gobierno alegaron que la censura de Newsweek se justifica por razones de interés público, ya que el artículo sobre el caso del profesor Shaikh Muhammed Younus, titulado «Hablar es peligroso», tiene contenidos muy cuestionables, que podrían provocar actos violentos en el país.
Younus, un médico homéopata de Islamabad, fue condenado por mencionar algunos datos de la biografía de Mahoma durante una clase de fisiología, en relación con las prácticas de higiene personal en la Arabia del siglo VII.
El profesor explicó a los 11 alumnos presentes que esas prácticas incluían la circuncisión y la remoción del vello de las axilas, y comentó que Mahoma, cuyos padres no profesaban la religión musulmana, adoptó la misma y fue circuncidado a los 40 años.
Los estudiantes consideraron que esos dichos constituían un insulto al profeta e informaron a líderes religiosos de la capital, quienes a su vez presentaron una denuncia a la policía, en el marco de la Ley sobre Blasfemias promulgada en 1981 por el dictador militar Zia ul-Haq.
«Quien desafíe el sagrado nombre del santo profeta Mahoma, mediante palabras pronunciadas o escritas, cualquier representación visible o cualquier acusación o insinuación, directas o indirectas, será castigado con la muerte o con prisión de por vida», estableció aquella ley, cuya severidad fue aumentada 11 años después.
En 1992, durante el gobierno de Nawaz Sharif, se eliminó la alternativa de condenar a los blasfemos a prisión de por vida.
Una corte de primera instancia condenó a muerte a Younus el 18 de agosto, tras juzgarlo dentro de una cárcel de máxima seguridad debido a que las autoridades temían que fanáticos religiosos lincharan al médico.
Periodistas sostienen que los medios de comunicación deben defender a las minorías religiosas y a los musulmanes liberales, acosados por fanáticos que hacen mal uso de las leyes.
El líder religioso local Abdul Waheed, quien presentó la denuncia contra Younus, admitió ante la corte que no había verificado las acusaciones de los estudiantes antes de acudir a la policía, destacó eI presidente de la organización de periodistas Prensa Verde, Zafarullah Khan.
Observadores políticos opinan que la censura contra Newsweek fue un intento gubernamental de aplacar a grupos religiosos ortodoxos, que critican con dureza a las autoridades por requisarles armas y controlar el manejo de las donaciones que reciben.
Durante muchos años, presiones de esos grupos han logrado la aprobación de severas leyes contra la infracción de normas religiosas, y la aplicación de la pena de muerte a personas que violaron esas leyes.
Funcionarios gubernamentales dijeron a IPS que es indudable el apoyo de la mayoría de los habitantes del país a la Ley sobre Blasfemias.
A comienzos de 2000, el actual presidente paquistaní, Pervez Musharraf, quien tomó el poder en 1999, propuso establecer la exigencia de que un alto funcionario investigara las denuncias de blasfemia antes del inicio formal de juicios, pero esa iniciativa fue bloqueada por duras críticas de clérigos.
De todos modos, el gobierno niega que la Ley de Blasfemias sea discriminatoria contra quienes no son musulmanes, y alega que 90 de 122 personas juzgadas por blasfemia, o sea casi 74 por ciento del total, han sido musulmanas.
Ese argumento no consuela a Aasim Sajjad Akhtar, portavoz de una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Akhtar contó a IPS que el gobierno presionó para que no se realizara un encuentro de ONG en Islamabad, en el cual se iba a discutir el caso de Younus, porque se enteró de que clérigos ortodoxos planeaban boicotear la reunión mediante protestas.
La influencia de los fundamentalistas es tanta, que las autoridades prefirieron forzar a los activistas a anular el encuentro, en vez de evitar el boicot, sostuvo.
Poco después de Younus fuera condenado, más de una docena de ONG expresaron su protesta en una declaración, firmada por el Instituto de Políticas de Desarrollo Sustentable, la Fundación Pattan para el Desarrollo y la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, entre otras instituciones.
El profesor fue víctima de la presión de la derecha religiosa, y «el prejuicio contra Younus fue obvio, ya que se le dio sólo una semana para apelar ante la Corte Suprema, en vez del plazo habitual de un mes», afirmaron las ONG.
«El general Musharraf debe intervenir en este caso de inmediato, y reformar la ley para que no dé lugar a abusos, si su compromiso de limitar el poder de las fuerzas conservadoras es auténtico», enfatizaron.
«La sociedad civil pide que la condena de Younus sea anulada de inmediato, y que su caso se investigue en forma independiente. También pide que sean juzgados de inmediato los responsables de crear escándalo en torno al caso, para presionar a los medios de comunicación y al Poder Judicial», añadieron. (FIN/IPS/tra- eng/ni/ccb/mp/cr hd/01
