Las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad de Indonesia en las provincias de Aceh y Papúa Occidental, donde operan milicias separatistas, se agravaron desde que Megawati Sukarnoputri asumió la presidencia el mes pasado, según activistas.
John Rumbiak, supervisir del Instituto para el Estudio y Defensa de los Derechos Humanos (ELSHAM) de Indonesia, afirmó en Australia que las víctimas de la represión en Papúa Occidental no son sólo guerrilleros separatistas, sino dirigentes políticos, activistas y periodistas.
Las violaciones de derechos humanos aumentaron desde que Megawati sucedió a Abduraham Wahid, destituido por el parlamento en julio por «corrupción e incompetencia».
«En Aceh y Papúa Occidental es cada vez difícil distinguir entre el actual gobierno y el del presidente (Alí) Suharto», entre 1966 y 1998, dada la falta de respeto por los derechos humanos, dijo Damien Spry, portavoz de la organización Amnistía Internacional.
«Los agentes del gobierno aplican las mismas tácticas de intimidación, detención, tortura y asesinatos contra supuestos opositores», añadió.
La presión internacional para que la presidenta Megawati haga una profunda reforma del ejército amainó luego de que Estados Unidos le solicitara integrar su coalición mundial contra el terrorismo, tras los ataques contra sitios emblemáticos de Nueva York y Washington el día 11.
El presidente estadounidense George W. Bush busca el apoyo de los países musulmanes, de los cuales Indonesia, con 288 millones de habitantes, es el más populoso.
Bush y Megawati acordaron el jueves 20 en Washington un paquete de apoyo económico, la reanudación de los vínculos militares y el levantamiento del embargo de armas impuesto a Indonesia luego de los choques entre independentistas de Timor Oriental y el ejército, junto con paramilitares, a fines de 1999.
Megawati fue uno de los primeros líderes mundiales en apoyar la campaña de Estados Unidos contra el saudita Osama Bin Laden, acusado por los ataques cometidos mediante aviones secuestrados estrellados contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York y el Pentágono, sede en Washington del Departamento de Defensa.
Este cambio en la política internacional alarmó a Amnistía Internacional, para la cual militares indonesios continúan cometiendo graves violaciones de derechos humanos en Aceh y Papúa Occidental, donde actúan movimientos separatistas.
«Cualquier asistencia militar a Indonesia debe estar dirigida a asuntos de fondo, como la reforma institucional, la responsabilidad de los gobernantes y la transparencia. En estas circunstancias, exportar armas y realizar entrenamientos con Indonesia darían el mensaje erróneo», sostuvo Spry.
Rumbiak aseguró que las violaciones cometidas por militares y policías en Papúa Occidental van más allá de los grupos armados separatistas.
«Editores de periódicos fueron citados la semana pasada por haber informado sobre una conferencia de prensa que dimos. Los militares no sólo apuntan a los activistas políticos, sino también a los de derechos humanos y a los periodistas», afirmó.
Integrantes del ELSHAM fueron interrogados por la policía por investigar violaciones de derechos humanos cometidss por los propios interrogadores.
La provincia de Papúa Occidental, de mayoría cristiana de ascendencia melanesia, desafía cada vez más al gobierno de Megawati, respaldado por los militares.
La situación se agravó cuando algunos grupos separatistas reanudaron sus acciones violentas. La reacción militar fue brutal.
Es de particular preocupación para Rumbiak el creciente tráfico de armas a través de la frontera con Papúa Nueva Guinea. «El comercio de armas está activo en la zona. Lo hemos investigado. Se necesitan acciones inmediatas para detenerlo», dijo.
«La represión debe parar. Instamos a las fuerzas policiales y a los independentistas de línea dura a acordar un cese del fuego. Las balas, las flechas y las lanzas no reducirán el problema. Sólo crearán uno mayor», añadió.
En 1999, el entonces presidente Abdurrahmad Wahid aprobó y proveyó fondos para la creación al año siguiente de un Congreso de Papúa, que reuniría 500 delegados de toda la provincia.
El Congreso se pronunció por la independencia, pero se inició una campaña contra el movimiento independentista que terminó con la mayoría de sus líderes políticos presos.
En su discurso inaugural, el 16 de agosto, Megawati pidió perdón por las violaciones de derechos humanos en Aceh y en Papúa Occidental, y prometió una acción firme contra los soldados responsables.
«Necesitamos una fuerza de seguridad que sea efectiva, altamente disciplinada y bajo control del gobierno», señaló Mugawati, aunque también advirtió que no toleraría las acciones de los separatistas.
Australia respalda la intención de Yakarta de mantener el control sobre Papúa Occidental, pero insta al gobierno a evitar choques con el movimiento independenteista.
«Es la lección de Timor Oriental: si quieren a Papúa Occidental deben ganar su apoyo a mediante un proceso pacífico, en lugar de restaurar las antiguas tácticas», dijo un portavoz gubernamental. (FIN/IPS/tra-eng/bb/ral/rp/mj/hd ip/01
