El gobierno británico prepara nuevas leyes antiterroristas que recortan los derechos individuales, tras los atentados suicidas del 11 de este mes en Nueva York y Washington.
El Ministerio del Interior elabora tres proyectos de ley para reformar la Ley Antiterrorista, en vigor desde abril.
Según las nuevas normas, la policía tendrá facultades para detener e interrogar a personas sospechosas de apoyar el terrorismo, se reformarán los mecanismos de extradición y se abolirá el derecho de los extranjeros solicitantes de asilo a apelar ante la justicia una resolución negativa.
Las fuerzas policiales podrán utilizar como prueba judicial transcripciones de escuchas telefónicas y de mensajes de correo electrónico. Los bancos deberán revelar la identidad de titulares de cuentas requeridas por las autoridades y todos los ciudadanos recibirán nuevos documentos de identidad de uso obligatorio.
Según las normas vigentes, estos procedimientos pueden ser recurridos ante la justicia, pero los tribunales serán los encargados de determinar su constitucionalidad si las leyes son aprobados por el parlamento.
Gran Bretaña considera sus propias normas más allá de los mecanismos que adopte la Unión Europea (UE) para perfeccionar la cooperación regional en el combate al terrorismo, dijo a IPS un portavoz del Ministerio del Interior.
«Los representantes electos son los que deben rendir cuentas ante el electorado y, por lo tanto, deben ser los primeros en proteger nuestros derechos en lugar de depender del sistema judicial», explicó el ministro del Interior, David Blunkett, al anunciar las nuevas medidas.
Blunkett reconoció que los proyectos en elaboración podrían contrariar la Ley de Derechos Humanos adoptada para cumplir el mandato de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El gobierno «intentará acomodar» las nuevas normas a la Ley de Derechos Humanos, pero si eso no es posible habrá que reformar la ley, dijo Blunkett. Toda nueva norma será «armonizada» con la legislación de la UE, sostuvo, por su parte, el informante de IPS.
Cualquier «armonización» deberá ser analizada con suspicacia, dijo a IPS John Wadham, director de la organización no gubernamental Liberty.
«Existe el peligro de que los derechos humanos y las libertades civiles sean vistos como lujos que no podemos darnos. Si no logramos preservar esos valores, si perdemos nuestras libertades, la lucha contra aquellos que quieren destruirnos perderá sentido», sostuvo Wadham.
Las modificaciones a las leyes de extradición son preocupantes, agregó. «Trasladar a alguien por la fuerza a otro país para enfrentarlo con leyes, idiomas y tradiciones extranjeras es muy serio», dijo.
«Cualquiera que deba pasar por esa situación debería contar con una audiencia justa. Por eso es esencial que los tribunales británicos no pierdan el control de ese proceso», opinó.
«La justicia no debe ser la próxima víctima», sostuvo la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, cuya sede central se encuentra en Londres.
Los culpables de los ataques cometidos el 11 de este mes en Estados Unidos deben ser llevados ante la justicia, «pero ésta sólo será justa si los medios para alcanzarla también lo son», dijo Irene Khan, secretaria general de AI.
Algunas organizaciones como Liberty estudian presentar reclamaciones legales contra varias de las medidas, en especial las que afectan a los solicitantes de asilo.
Este tipo de medidas no habrían impedido los atentados suicidas en Estados Unidos y no detendrán al terrorismo, según organizaciones de derechos humanos.
«Es claro que las agencias de inteligencia no sufren de falta de información, sino de exceso. Acumular más datos no necesariamente implica adquirir mejor información», dijo a IPS Mark Littlewood, encargado de coordinar las acciones de varias organizaciones no gubernamentales en la materia.
Los proyectos también afrontarán oposición en el parlamento. La cuestión será analizada en los congresos de los partidos políticos que se inician a fines de este mes.
El líder del Partido Liberal Demócrata (PLD), Charles Kennedy, ya advirtió al gobierno que es peligroso aprobar leyes restrictivas con apresuramiento.
La policía tiene potestades suficientes, y «lo que necesita es usarlas en forma inteligente», afirmó el portavoz del PLD para cuestiones de seguridad interna, Simon Hughes. «No tiene sentido» considerar nuevas leyes cuando acaba de entrar en vigor una amplia legislación sobre terrorismo, agregó.
El diario Daily Telegraph se sumó a los reclamos de las organizaciones no gubernamentales.
«Los hombres que planificaron los atentados de Nueva York estaban motivados por un consciente odio a las libertades occidentales. Si en respuesta a la agresión restringimos esas libertades, ellos habrán ganado», afirma un editorial del Telegraph.
«No tiene sentido la idea de que estaremos más seguros sólo porque los burócratas tendrán poder para investigar nuestras finanzas o para detenernos sin cargos», concluyó el diario. (FIN/IPS/tra-eng/ss/mn/dc/mj/ip hd/01
