Más de 150 personas han muerto en incidentes durante la campaña política de Bangladesh para las elecciones generales del 1 de octubre, y 5.000 resultaron heridas.
La posibilidad de que continúe la escalada de violencia preocupa a muchos, y otros ya expresan su temor por lo que puede ocurrir tras las elecciones.
La mayoría de los observadores predicen que ningún partido logrará la mayoría necesaria en el parlamento, de 300 bancas, para formar gobierno sin alianzas.
La ausencia de un bloque mayoritario determinará un aumento de los esfuerzos dedicados a maniobras políticas, en perjuicio de la atención a los acuciantes problemas de pobreza y desempleo.
Casi la mitad de los 130 millones de habitantes del país viven en la pobreza, según los criterios de medición locales.
Es poco probable que esas personas mejoren su calidad de vida, aunque algún partido logre la cantidad de bancas requeridas para gobernar sin aliados.
«Los dirigentes de todos los partidos hacen grandiosas promesas durante las campañas electorales, pero las olvidan cuando llegan al poder», comentó Raihan Ali, estudiante de la Universidad de Dhaka.
Esos políticos «no dejarán de engañar a la gente en forma impune, ya que aprovechan el analfabetismo, la pobreza y la ignorancia», añadió.
Un comentarista político deploró que en la actualidad la principal cuestión relacionada con las elecciones no sea quién ganará, sino cómo reaccionarán los demás, y los especialistas consideran improbable que alguno de los grandes partidos esté dispuesto a aceptar una derrota.
Hay 1.444 candidatos al parlamento en representación de más de 50 partidos, y otros 489 que se presentan en forma independiente, para competir por la preferencia de más de 70 millones de habilitados para votar.
Los principales competidores son la Liga Awami y una alianza de cuatro partidos encabezada por el Partido Nacional de Bangladesh, y ambos aseguran que lograrán la mayoría parlamentaria.
«Confío por completo en que lograremos con holgura la mayoría absoluta», dijo la presidenta de la Liga Awami, Sheikh Hasina, quien fue primera ministra desde 1996 hasta el 15 de julio de este año.
Desde 1991, la Constitución establece que las elecciones se lleven a cabo cada cinco años bajo la autoridad de un gobierno interino, a cargo de la anterior autoridad máxima del Poder Judicial.
Hasina alegó que los votantes premiarán el «destacable éxito» de su gobierno en varios asuntos sociales y económicos, entre ellos el tratado de Chittagong Hill, que puso fin a 20 años de insurgencia tribal, el acuerdo con India para compartir las aguas del río Ganges, y el logro de autoabastecimiento alimentario.
También mencionó el crecimiento de más de seis por ciento del producto interno bruto, y el «excelente» manejo de la situación desastrosa causada en 1998 por inundaciones.
La presidenta del Partido Nacional, Khaleda Zia arguyó a su vez que «el pueblo de Bangladesh nunca permitirá que la Liga Awami vuelva al poder, debido a sus numerosos fracasos y errores en el manejo de los asuntos públicos», y predijo que su partido obtendrá más de dos tercios de las bancas parlamentarias.
Zia gobernó de 1991 a 1996, y su partido fue declarado ganador de elecciones realizadas en febrero de ese año que luego fueron anuladas por fraude. Los comicios se repitieron cuatro meses después y triunfó la Liga Awami.
El gobierno de Hasina ha sido acusado por sus críticos de estimular y propagar el terrorismo.
«El flagelo del terrorismo, los chantajes, los secuestros, el pillaje y los asesinatos se han vuelto intolerables para la gente de este país» dijo B. Chowdhury, dirigente del Partido Nacional.
Otro dirigente de ese partido criticó a la Liga Awami por «politizar» todos los organismos públicos, incluyendo a la policía, y la acusan de prácticas de corrupción.
«Durante el gobierno de la Liga Awami, Bangladesh se puso a la cabeza en la lista de los países corruptos» indicó, en referencia a un informe de la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
Muchos temen un triunfo de la alianza encabezada por el Partido Nacional, que incluye a los partidos islámicos Jamaat E Islami y Unidad Islámica, así como a una fracción escindida del partido Jatiya.
Algunos intelectuales han criticado al Partido Nacional por aliarse con Jamaat E Islami, que se opuso a la guerra que independizó al país de Pakistán en 1971, y ha colaborado con el ejército pakistaní.
Esas personas afirman que un triunfo de la alianza opositora transformará al país en terreno fértil para el crecimiento de grupos religiosos fundamentalistas, que retardarán el proceso de emancipación de las mujeres y crearán inestabilidad en todos los terrenos.
Los analistas apuntan que la presencia de mujeres a la cabeza de los dos mayores partidos no debe ocultar que sólo hay 32 por ciento de mujeres entre las personas que aspiran a bancas parlamentarias, nueve de la Liga Awami y tres del Partido Nacional.
Además, en el próximo parlamento se eliminará la cuota de 30 por ciento de las bancas para mujeres, que eran elegidas en forma independiente por los restantes parlamentarios.
Ese sistema se estableció en la Constitución de 1991, por un plazo de 10 años que podía ser extendido por una mayoría dos tercios del parlamento.
Ese plazo se cumplió y no pudo ser extendido, ya que los 113 legisladores del Partido Nacional boicotean las sesiones parlamentarias desde hace dos años.
Muchas personas piensan que no hay grandes diferencias entre los dos grandes partidos, ya que ambos albergan y protegen a terroristas para que hostiguen a sus rivales.
Varios grupos observadores de las elecciones, entre ellos el enviado por la Unión Europea, afirmaron que los partidos tienen «significativa responsabilidad» por los actos de violencia registrados desde que asumió el actual gobierno interino.
Integrantes de la minoría hindú, que es cerca de ocho por ciento de la población, son hostigados por seguidores de algunos partidos derechistas, según informes provenientes de varias regiones del país.
La mayor parte de los hindúes apoyan a la Liga Aswami, por su compromiso con el principio de laicidad del Estado, en un país con amplia mayoría de población musulmana.
Hasinah ha acusado al gobierno interino, encabezado por Latifur Rahman, de favoritismo hacia el Partido Nacional en diversas cuestiones.
Rahman negó con vehemencia esas acusaciones y dispuso el despliegue de unos 65.000 soldados para auxiliar a la policía, en las regiones en las cuales se han producido más incidentes violentos. (FIN/IPS/tra-eng/ti/ccb/mp/ip/01
