El presidente argentino Fernando de la Rúa, que en su larga trayectoria política se ganó fama de hombre honesto, parece alcanzado por un caso de corrupción relacionado con los servicios de salud administrados por sindicatos.
Las presuntas irregularidades son investigadas por el juez Gabriel Cavallo, quien dispuso la filmación con una cámara oculta de conversaciones entre funcionarios y el representante de uno de los prestatarios de salud involucrados, cuyo contenido fue divulgado por un programa periodístico de televisión.
La causa en manos de Cavallo involucra a funcionarios del Ministerio de Salud y a dirigentes de la gobernante Unión Cívica Radical (UCR) cercanos a De la Rúa desde comienzos de su carrera política en el supuesto cobro a sindicalistas de comisiones ilegales para financiar la campaña hacia los comicios parlamentarios de octubre.
La divulgación de esta causa afecta en plena campaña la imagen de De la Rúa, quien llegó al gobierno en 1999 con un discurso que privilegiaba la honestidad y la transparencia de gestión, en contraste con su antecesor, Carlos Menem, cuyo gobierno de 10 años estuvo signado por varias denuncias de corrupción.
Sesenta por ciento de las personas encuestadas después de las elecciones presidenciales por el Centro de Estudios de Opinión dijeron haber votado a De la Rúa «por su honestidad», 36 por ciento «para que eliminara el desempleo», 31 por ciento «por su seriedad y ética» y 12 por ciento por su carisma.
En cambio, Menem está hoy en prisión preventiva, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que vendió armas en forma ilegal a Ecuador y Croacia entre 1990 y 1995.
Ahora, la justicia puso la mira en el gobierno de De la Rúa en presuntos actos de corrupción en torno del manejo de un aporte de 20 dólares, contenido en el llamado monotributo, que deben pagar hace 17 meses para su atención de salud alrededor de 850.000 pequeños empresarios y trabajadores sin relación de dependencia.
Las estadísticas señalan que el tributo fue pagado en este lapso por unas 550.000 personas en promedio, por lo cual se calcula que el monto acumulado es de 187 millones de dólares.
Los beneficios previstos como contrapartida por el pago del tributo nunca fueron divulgados por las autoridades entre los aportantes, por lo cual no fueron aprovechados debidamente.
Además, el decreto presidencial dispuso que la atención de salud de ese sector quedara a cargo sólo de ocho entidades prestatarias de salud administradas por sindicatos, todas con más de 100.000 afiliados, sin que mediara para esa distribución ningún llamado a concurso.
Los beneficiarios fueron distribuidos por la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, entre las llamadas obras sociales de los sindicatos de bancarios, de la construcción, gastronómicos, empleados de edificios, estibadores portuarios, viajantes de comercio y trabajadores de servicios de seguridad.
La octava entidad en cuestión fue la Federación de Cámaras y Centro Comerciales de la República Argentina (Fedecámaras), una entidad que nuclea a pequeños empresarios, pero que no ofrece servicios de salud.
Por esa razón, Fedecámaras, que se le adjudicó un cupo de 45.000 beneficiarios, debió contratar a la prestataria de salud administrada por el sindicato de empleados de empresas de servicio de procesamiento y distribución de agua potable.
La controversia suscitada en torno del asunto llegó a la justicia precisamente por denuncias del presidente de Fedecámaras, Rubén Manusovich, luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera esa entidad debido a varias quejas por la distribución de afiliados.
Manusovich, una vez que fue imputado por presunto caso de soborno, pidió a la justicia filmar con una cámara oculta una serie de reuniones que mantuvo con delegados sindicales, con funcionarios y con dirigentes de la UCR que aseguraron ser allegados a De la Rúa.
Manusovich aseveró que, a cambio de aumentarle la cantidad de beneficiarios, le fue pedida una suma millonaria para el titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Héctor Cano, y para Humberto Bonanatta, ex líder del bloque de concejales de la UCR cuando De la Rúa fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (1995-1999).
En los vídeos divulgados por el programa de televisión «Detrás de las Noticias» aparece Bonanatta y otros dirigentes que hablan con Manusovich, quienes señalan el supuesto conocimiento de esos sobornos por parte de De la Rúa.
En una parte, uno de los denunciados asegura que De la Rúa, a través de su sobrino político Félix Anguilessi, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, habría ordenado «que se respeten los acuerdos» de cantidad de afiliados que se había concedido a Fedecámaras.
También se ve a Manusovich, en una filmación hecha en febrero, conversando con el ex edil Roberto Clienti, quien le asegura que el dinero que le reclaman a Fedecámaras a cambio de aumentar la cantidad de beneficiarios «es para la campaña de legisladores», con vista a las elecciones de octubre.
Clienti dice, además, que su amistad con De la Rúa es de larga data.
«Estas son las cosas que yo hago, el presidente me dice andá para allá y yo lo hago. El presidente me dice hay que conseguir esta ley (…) y yo hago la venia y voy para adelante. Hace 35 años que soy su amigo y hace 35 años que confío en que sería presidente», se escucha afirmar a Clienti.
Más adelante y refiriéndose a sí mismo dice: «este tarado que está acá fue el que ayudó al presidente a salvar a sus hijos de la denuncia en la universidad».
Clienti se refiere al escándalo que estalló durante la campaña presidencial de De la Rúa, ante denuncias periodísticas de que sus hijos habían pagado para aprobar exámenes durante sus estudios universitarios.
Clienti y Bonanatta, imputados por la justicia en otros casos de presunta corrupción, tienen vínculos de amistas y familiares con el presidente De la Rúa, señalaron periodistas de «Detrás de las Noticias».
Uno de los hijos de Bonanatta es ahijado de De la Rúa, mientras que Anguilessi está casado con una sobrina del mandatario. (FIN/IPS/mv/dm/ip/01
