Autoridades y analistas latinoamericanos temen que las instalaciones militares de Estados Unidos en la región se conviertan en objetivo de quienes atentaron el martes contra el Pentágono en Washington y el World Trade Center en Nueva York.
Algunos comentaristas proponen que sus países se declaren neutrales ante la eventualidad de un conflicto o que revisen los acuerdos militares firmados con Estados Unidos.
En Ecuador, el presidente de la comisión internacional del congreso legislativo, Hugo Moreno, condenó los ataques de la víspera y al mismo tiempo llamó la atención sobre la vulnerabilidad de la base del puerto de Manta cedida por el gobierno a Estados Unidos para operaciones contra el narcotráfico.
«Es el momento de revisar el convenio que otorga la base a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para precautelar la seguridad del país", arguyó Moreno a radio La Luna, de Quito.
El dirigente indígena Miguel Lluco también pidió la anulación del tratado. La base de Manta «no sólo involucra a Ecuador en el conflicto colombiano, sino en una confrontación mayor, transformando al país en posible blanco de atentados», advirtió.
También hubo reacciones de temor por la seguridad de los 600.000 ecuatorianos que, según información oficial, residen en el área metropolitana de Nueva York.
El periodista ecuatoriano Galo Arellano, que trabaja a menos de un kilómetro de las destruidas torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, comentó por teléfono a un canal de televisión de este país que los ecuatorianos residentes en esa ciudad están conmocionados por los atentados.
Esto se debe especialmente a que muchos latinoamericanos se desempeñan en las zonas afectadas en tareas de servicio.
«No se tiene el dato de cuántos latinos han muerto, pero esta tragedia enlutará a muchas familias ecuatorianas, colombianas y peruanas», dijo Arellano.
«La prensa y la televisión latinas especulan que son alrededor de un millón los ecuatorianos que trabajan en esa ciudad, muchos de ellos en las torres (del World Trade Center) o en zonas cercanas», agregó.
Familiares y amigos de los latinoamericanos que trabajaban en las torres gemelas y en edificios aledaños comenzaron a reunirse poco después de los atentados para calcular cuántos se hallaban en el área destruida por el impacto de los dos aviones secuestrados.
Estos datos servirán para ubicar a quienes lograron salvarse y para guiar a las brigadas de rescate.
En Puerto Rico, Kevin Green, el comandante de la base naval Roosevelt Roads, sede de la Flota Atlántica de la Armada estadounidense, informó el martes que todas las instalaciones militares de la isla reforzaron sus dispositivos de seguridad.
Roosevelt Roads, ubicada en la localidad de Ceiba, al sureste de Puerto Rico, es la base naval más grande de Estados Unidos fuera de su territorio continental, e importante puerto de submarinos. De allí partieron fuerzas para intervenir en el Golfo Pérsico y en los Balcanes.
«Ciertamente, hemos incrementado las medidas de seguridad en Puerto Rico y en todo lugar que tenga instalaciones militares de Estados Unidos», dijo Green a la prensa local. También fue aumentada la seguridad en el Fuerte Buchanan de Guaynabo, al oeste de San Juan.
Por instrucciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por su siglas en inglés), todos los aeropuertos bajo jurisdicción del gobierno de Puerto Rico fueron clausurados hasta nuevo aviso.
«Hemos tomado, y seguiremos tomando todas las medidas de seguridad máxima», vigilando «las áreas donde están establecidas las comunicaciones del país y otras áreas que reconocemos como sensitivas», dijo el jefe de la policía, Pierre Vivoni.
En Panamá, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Arosemena, afirmó que este es el mejor momento para que el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso declare la neutralidad del territorio panameño.
«No basta con que las aguas del Canal de Panamá y su área adyacente sean neutrales». Es necesario declarar la neutralidad de «todo el territorio nacional, a fin de disminuir las posibilidades de que cualquier lugar pueda ser objeto de un ataque terrorista o militar", afirmó Arosemena.
«Ni siquiera la primera potencia económica y militar es capaz de hacer frente» a una ofensiva terrorista, y «no se puede pensar que Panamá podría evitarlos», señaló el diputado.
El diario Panamá América se pronunció en un artículo editorial a mantener a ese país al margen de «conflictos ajenos».
«Mantener excelentes relaciones con todas las naciones, difundir por doquier que el Canal es panameño, es parte de lo poco que podemos hacer. Y pese a ello, si Estados Unidos estuviera en estado de guerra, lo más probable es que ocupe el Canal, sin pedir permiso», advirtió el diario.
La presidenta Moscoso ordenó reforzar la seguridad en el canal de Panamá, pero negó que Estados Unidos haya pedido autorización para enviar soldados a la zona.
Moscoso afirmó que «nadie» ha invocado el Tratado de Neutralidad, firmado por Estados Unidos y Panamá, para solicitar la intervención de tropas estadounidenses en la seguridad del canal.
Estados Unidos entregó el canal a Panamá en 1999 y completó la retirada de sus tropas. La sede del Comando Sur del ejército estadounidense fue trasladada de Panamá a Miami.
México, por su parte tomó medidas especiales en puntos estratégicos, según informó el Secretario de Gobernación, Santiago Creel.
El funcionario explicó que su país cerró los cuatro puentes que los unen a Estados Unidos, en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y dispuso una guardia extraordinaria en el resto de la zona limítrofe.
En Argentina, todos los edificios de las comunidades judías y musulmanas, además de la embajada de los Estados Unidos, fueron evacuados el martes tras conocerse los atentados en territorio estadounidense.
El gobierno argentino «alertó a las policías provinciales y a las fuerzas federales para reforzar la seguridad en todo el país, en entidades judías, musulmanas y norteamericanas», comunicó el secretario de seguridad Enrique Mathov.
La policía argentina montó una custodia especial en los pasos fronterizos, puertos, costas marítimas y fluviales, y en las centrales nucleares de Atucha y Ezeiza.
El presidente Fernando de la Rúa dijo que en su país no hay riesgo de ataques, pero ordenó "medidas de seguridad para prevenir".
En Chile, la fuerza aérea restringió los vuelos sobre un perímetro de 25 kilómetros de Santiago, para evitar eventuales atentados contra intereses norteamericanos, y la policía aumentó la guardia en las representaciones diplomáticas de Estados Unidos, Israel y Palestina.
En Venezuela, el gobierno dispuso seguridades especiales en las refinerías y en todas las instalaciones petroleras venezolanas en Estados Unidos.
En Bogotá surgieron temores por la repercusión que pueden tener los atentados en la economía colombiana y especialmente en tratados multilaterales.
Patricia de Galofre, de la firma comercial Martín Ibarra Asociados, explicó que una consecuencia negativa podría ser la postergación de la aprobación del Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA).
«Estados Unidos, que ya arrastraba una situación recesiva, puede restringir sus importaciones y naturalmente a Colombia le toca algo», advirtió De Galofre.
Casi 50 por ciento de las exportaciones de Colombia están destinadas a Estados Unidos, y el comercio bilateral fue de 6.500 millones de dólares en 2000.
Las que más se pueden resentir son las exportaciones no tradicionales, como las flores, pero según los expertos, la caída de esas ventas se podría compensar con un aumento de las exportaciones de petróleo y de otras materias primas de importancia estratégica.
En Perú existe preocupación similar. El presidente del Comité de la Industria Textil, David Lemor, advirtió que los atentados en Nueva York y Washington podrían determinar el retraso de las negociaciones para prorrogar y ampliar el ATPA.
La preocupación de Brasil se concentra en los brasileños que pudiesen haber resultado heridos a causa del ataque.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Lafer, pidió a su embajada en Washington y al consulado en Nueva York, que preste apoyo a sus compatriotas que pudiesen estar heridos.
Durante todo el martes decenas de personas se comunicaron con la cancillería en procura de noticias sobre familiares en Estados Unidos, donde residen hay 800.000 brasileños, de los cuales 300.000 estarían en Nueva York. (FIN/IPS/kl/ff/ip/01
