La Corte Suprema de Justicia de India debió intervenir esta semana para obligar al gobierno a distribuir el excedente de arroz y trigo entre los famélicos de una población nacional de 1.000 millones de habitantes.
«Nuestros graneros están rebosantes porque la gente no tiene con qué comprarlos», afirmó el ministro de Agricultura, Ajit Singh.
Singh fue el primer político del partido de gobierno, a nivel federal o estadual, en describir una situación en que millones de personas mueren de hambre mientras las autoridades se quejan del excedente de granos, que llegará a 80 millones de toneladas, según estimaciones.
Luego de que periódicos y canales de televisión exhibieran imágenes de numerosas personas desnutridas o muertas por inanición, la Corte Suprema decidió el lunes obligar al gobierno a repartir granos entre los pobres.
El tribunal, que actuó a instancias de la Unión Popular de Libertades Civiles (PUCL), observó que las familias que viven por debajo de la línea de pobreza recibían apenas 25 kilogramos de granos por mes a cuatro centavos el kilo, cuando tienen derecho a 75 kilogramos al mismo precio.
Los graneros ya estaban desbordados con más de 60 millones de toneladas de trigo y arroz, pero se prevé que otra cosecha lleve el excedente a 80 millones de toneladas.
Ya sin lugar donde almacenar los granos, el gobierno comenzó a amontonar sacos en el alquitranado de los aeropuertos, protegidos apenas por una cobertura de plástico.
Se informó que varias toneladas se pudrieron por la lluvia o fueron comidas por las ratas.
Sin embargo, el gobierno aparentemente no tenía la voluntad ni los mecanismos necesarios para distribuir los granos entre los pobres, hechos que no escaparon a la Corte Suprema.
La apatía gubernamental llevó a la corte a solicitar a PUCL que identificara funcionarios en cada uno de los distritos afectados con «el espíritu y la inclinación» necesarios para impedir más muertes por inanición.
«Ocupémonos de las áreas que necesitan atención inmediata. Orissa parece ser la más necesitada», exhortó el tribunal, integrado por los jueces B.N. Kirpal y Ashok Bhan.
El estado oriental de Orissa, uno de los más pobres de India, sufre todavía las consecuencias de un devastador ciclón ocurrido en 1999 y de graves inundaciones este año, en la temporada monzónica.
Aparte de Orissa, el tribunal solicitó información sobre su situación alimentaria a los gobiernos estaduales de los sureños Andhra Pradesh y Karnataka, los occidentales Maharashtra y Rajastán, y los centrales Madhya Pradesh y Chattisgarh.
Ninguno de esos estados pudo ofrecer hasta ahora estadísticas sobre el número de residentes que cayeron por debajo de la línea de pobreza y por tanto tienen derecho a granos baratos, aunque PUCL dijo al tribunal que, en total, 200 millones de indios padecen «hambre crónica».
No existen cifras oficiales sobre el número de personas que murieron de hambre este año, pero se cree que fueron varios cientos en los estados afectados.
El comisionado de ayuda especial de Orissa afirmó que «comerciantes y prestamistas codiciosos acaparan los granos destinados a los pobres, y quienes deberían ser los beneficiarios deben comer raíces y semillas tóxicas de mango».
La denuncia no sorprendió, porque la propia Comisión de Planificación de Orissa admitió que comerciantes y contratistas privados se apropian cada año de más de 30 por ciento de los granos destinados al sistema de distribución pública.
Hace dos años, el gobierno anunció una política nacional de almacenamiento destinada a invitar a inversionistas extranjeros y a empresas de tecnología moderna a llevar eficientemente los granos desde las granjas a los consumidores.
Pero ese plan fue archivado porque la gubernamental Corporación Alimentaria de India, acusada de corrupción, junto a contratistas y comerciantes con los que trabaja, hallaron inconveniente el plan.
Ahora, tras la decisión de la Corte Suprema, el Ministerio de Alimentación y Suministros Civiles finalmente penalizó el desvío de granos del sistema de distribución pública.
Un grupo de académicos de la Facultad de Economía de Nueva Delhi escribieron en abril último una carta al primer ministro Atal Bihari Vajpayee pidiéndole que repartiera el excedente de granos entre los hambrientos, antes de que se pudriera.
El excedente es una carga para la economía, dado que no hay posibilidad de exportación y los costos de almacenamiento y manejo son muy altos, arguyeron los firmantes, entre ellos los economistas Jean Dreze, Pulin Nayak y Badal Mukherji.
Los 2.500 millones de dólares que deberían gastarse en subsidios alimentarios se destinan en realidad a «la compra, el transporte y el almacenamiento de granos que nunca llegan a los pobres», afirmaron.
«Es indignante que se utilicen tantos recursos públicos para poner alimentos fuera del alcance de los pobres», concluyeron los académicos. (FIN/IPS/tra-en/rdr/ral/mlm/dv/01
