Trabajadores filipinos emigrantes y sus familias manifestaron decepción por la negativa del gobierno de Gloria Macapagal Arroyo a apartarse de la política de exportación de mano de obra instituida por la dictadura de Ferdinand Marcos en los años 70.
«Los filipinos que trabajan en el extranjero deben quedarse donde están» porque la economía nacional no está en condiciones de absorberlos, advirtió la presidenta.
Arroyo reiteró su advertencia este mes en una cena en Kuala Lumpur con trabajadores filipinos emigrantes, en su mayoría empleadas domésticas, durante una visita de Estado a Malasia.
Pero ésas no eran las palabras que los emigrantes y sus familias esperaban oir de Arroyo.
«Es triste. Parece que los filipinos no tienen posibilidades de vivir en su propio país», manifestó Fe Nicodemus, presidenta de la Asociación de Familiares de Trabajadores Filipinos Emigrantes, conocida por su acrónimo filipino Kakammpi.
Los filipinos que trabajan en el exterior esperan que el gobierno abandone la política de exportación de mano de obra impuesta por Marcos como forma de aumentar las menguantes reservas de dólares.
La medida fue considerada en ese entonces un medio para mantener bajo el desempleo y obtener divisas, pero la emigración de trabajadores continuó y se transformó en el sustento del país cada vez que una crisis lo azotó, en las últimas tres décadas.
«Parece que las cosas no van a cambiar», lamentó Nicodemus, cuyo esposo trabajó en Arabia Saudita durante 15 años hasta que fue despedido en 1999.
Alfredo Ganapin, quien se desempeña como veterinario en el Ministerio de Salud saudí desde 1991, opinó que la declaración de la presidenta «sólo confirma la visión de los trabajadores emigrantes como mercancías».
Las palabras de Arroyo «demuestran una vez más que el gobierno nos considera apenas como fuente de ingreso de dólares, y no como verdaderos socios del desarrollo», dijo Malu Padilla, de la red europea de inmigrantes filipinas Babaylan.
Filipinas es el segundo exportador de mano de obra del mundo, y se estima que sus siete millones de trabajadores en el extranjero constituyen 20 por ciento de la fuerza de trabajo. Unos 840.000 filipinos emigran cada año, la mayoría de ellos a destinos de Asia y Medio Oriente.
Esta semana, el Departamento de Trabajo informó que el número de trabajadores que emigran a Japón aumentó 21 por ciento en el primer semestre de este año, frente a igual período del año anterior. Se trata del mayor aumento en la emigración filipina a un país dado.
Casi la mitad de los 76 millones de habitantes de Filipinas dependen del trabajo de sus familiares en el exterior para sobrevivir, informó el Centro de Migrantes de Asia, con sede en Hong Kong.
Las remesas del exterior suman 9.000 millones de dólares anuales, lo que convierte a la exportación de mano de obra en la principal fuente de divisas de este país.
Arroyo fue realista al pedir a los emigrantes que no vuelvan, porque Filipinas tiene un déficit presupuestal superior a 4.400 millones de dólares y las perspectivas de recuperación económica son muy reducidas, opinaron analistas.
La recesión mundial y la reducción de la demanda de exportaciones, sumadas a una inseguridad cada vez mayor, están devastando la economía.
El Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento económico pasará de cuatro por ciento el año pasado a 3,2 por ciento este año. El desempleo, de 13,9 por ciento en 2000, subió a 15 por ciento en el primer trimestre de 2001.
Los resultados preliminares del Estudio sobre el Gasto de los Ingresos Familiares, publicados en julio, revelaron que la incidencia de la pobreza aumentó de 31,8 por ciento en 1997 a 34,2 por ciento en 2000. Sin embargo, 40 por ciento de los filipinos se consideran pobres, señaló Teresita Quintos Deles, de la Comisión Nacional contra la Pobreza.
«Esta es la primera vez desde la caída de Marcos que la pobreza aumenta. Todos los estudios anteriores, realizados en 1988, 1991, 1994 y 1997, habían reflejado una disminución de la pobreza», señaló el propio estudio.
La crisis financiera de Asia, estallada en 1997, y los efectos de los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña en las zonas rurales fueron citados como los principales factores que afectaron los hogares pobres.
La crisis política derivada del juicio político y la destitución del presidente Joseph Estrada, el año pasado, también se hizo sentir en la economía.
Además, aumentó el umbral de pobreza. Una familia de seis miembros necesita ahora el equivalente a 180 dólares por mes para satisfacer sus necesidades básicas, frente a 140 dólares en 1997, pero el ingreso diario se mantiene en 4,4 dólares.
Sin embargo, muchos filipinos esperan que el gobierno ponga en pie la economía para no tener que buscar trabajo en el exterior, señaló Nicodemus.
Además de las consecuencias que la emigración tiene para las familias que quedan atrás, muchos trabajadores en el extranjero sufren abusos a manos de sus empleadores, denunciaron varios estudios.
Entre los abusos se cuentan la violencia física, la sustitución de contratos y hasta el trabajo forzado. Algunos filipinos son contratados en Manila para trabajar por determinado salario, pero a su llegada al país de destino se les obliga a firmar otro contrato en una lengua que no conocen por la mitad del pago acordado antes.
Aunque la presidenta consideró que los trabajadores emigrantes son «inversores filipinos en el extranjero», eso no es un consuelo, dijo Nicodemus.
Lo que los emigrantes necesitan, dijo, es que se protejan sus derechos mientras están en tierra extranjera. (FIN/IPS/tra- en/ms/js/mlm/lb/01
