El gobierno de Sudáfrica perseguirá las ocupaciones ilegales de tierras realizadas por pobladores sin techo y enjuiciará a quienes las promuevan.
La decisión anunciada es consecuencia de una serie de incidentes generados a partir de la ocupación de tierras por parte de comunidades que buscan un lugar donde construir sus precarias viviendas.
El déficit habitacional es de 1,8 millones de casas y afecta a casi ocho millones de los 40 millones de habitantes de Sudáfrica, según cifras oficiales.
Las invasiones de tierras «son inaceptables y el gobierno no va a tolerar ningún acto ilegal en la distribución de tierras y viviendas precarias. Estamos decididos a emplear nuestra autoridad para impedirlo», declaró esta semana la ministra de Vivienda, Sankie Mthembi-Mahanyele.
El gobierno prepara una reforma a la Ley de Prevención de Desalojo y Ocupación Ilegal de Tierras, destinada a llenar lo que califica de vacíos legales.
El proyecto prevé penas para cualquiera que impulse u organice ocupaciones ilegales, haya recibido o no ganancias económicas. Toda invasión de tierras será considerada delito y las autoridades podrán confiscar los bienes de los promotores de las ocupaciones que se hayan beneficiado con las mismas.
Las invasiones son promovidas por organizaciones o individuos que cobran a los sin techo por parcelas que ellos mismos marcan en tierras ajenas.
Ante la primera señal de dificultades, los «agentes inmobiliarios» desaparecen junto con el dinero, dejando al gobierno y a los legítimos propietarios el problema de tratar con los ocupantes.
«El gobierno no suministró viviendas al ritmo necesario y la gente desesperada no tiene otra elección que mudarse a un terreno donde pueda instalar un precario refugio», advirtió Zakes Hlatswayo, director del Comité Nacional de Tierras (NLC).
«Creemos que las invasiones son espontáneas y es insultante negar que la gente reacciona ante problemas genuinos», agregó.
El NLC reclama al gobierno que acelere la entrega de tierras y los planes de vivienda antes de recurrir al desalojo de los ocupantes ilegales.
La ministra Mthembi-Mahanyele replicó que el gobierno prepara planes de vivienda y tiene varias iniciativas en proceso para acelerar la entrega de parcelas y la construcción de casas.
Pero las autoridades se percatan de que el problema no es tanto la falta de tierra, sino la creciente desesperación de la población pobre y sin techo.
Cuando el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) asumió el gobierno en 1994, tras la abolición del régimen racista blanco del apartheid, el país tenía un déficit de casi tres millones de viviendas.
A la fecha el actual gobierno ha entregado 1,2 millones de casas en un paquete de servicios básicos que incluyen derecho de ocupación, título de propiedad, electricidad, agua potable y saneamiento, explicó Mthembi-Mahanyele.
Se trata del plan de construcción de viviendas más grande y más rápido del mundo, según las autoridades.
La ministra también explicó el Programa de Distribución Rápida de Tierras, que suministra lugares y servicios para que las comunidades construyan sus propias viviendas sin tener que esperar la asistencia del gobierno.
Otro programa busca aumentar el uso de casas y apartamentos existentes en zonas residenciales más costosas, cerca del centro de ciudades y pueblos, que permitirá que más personas vivan cerca de sus lugares de trabajo.
No obstante, hasta que el país no reduzca su déficit habitacional, la presión sobre el gobierno continuará.
«Nos resulta moralmente imposible condenar a quienes son movidos por la desesperación y criticaremos cualquier acto violento contra ellos. El gobierno debe generar confianza entregando viviendas y tierras al ritmo en que lo exige la población», dijo Hlatswayo. (FIN/IPS/tra-en/as/mn/dc/aq/hd pr/01
